Este viernes, desde las 9:00 a. m., el caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se abrió al país. Por primera vez, una versión de esta investigación, sobre reclutamiento y otros usos ilícitos de menores de edad en el conflicto armado, fue transmitida públicamente.
Julián Gallo Cubillos, más conocido como Carlos Antonio Lozada, excomandante de las Farc y hoy senador por el partido de la antigua guerrilla, compareció por tres horas por los hechos que se investigan y que han sido objeto de polémica en las últimas semanas.
Lozada pidió esta semana a la JEP hacer públicas sus versiones, y esa petición se extendió a todas las del caso 07, solicitud que el magistrado relator del caso, Iván González Amado, aceptó. Por esta razón, las versiones que ya presentaron los exjefes de las Farc —entre ellos Rodrigo Londoño, Pastor Alape, el mismo Lozada, entre otros— también se conocerán pronto.
La versión voluntaria de este viernes fue la continuación de la que el compareciente inició el 3 de septiembre, y continuará en una fecha por establecer..
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La audiencia fue presidida por el magistrado Iván González, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, y acompañada por la magistrada Caterina Heyck Puyana. Junto con el compareciente Lozada estuvieron los abogados Camilo Fagua y Estefanía Herrera Sánchez, del equipo de defensa jurídica de Farc. Asimismo, por la Procuraduría estuvieron el procurador delegado Fernando Pardo Flórez y en representación de las víctimas, las abogadas Mariana Pachón y Érika Gómez Ardila.
El magistrado González le aclaró a Lozada que esta audiencia no es de reconocimiento de verdad y que se le reserva el derecho a no autoincriminarse, ni a declarar contra personas cercanas por vínculos de consanguinidad o afinidad. Sin embargo, sus declaraciones pueden ser tomadas como confesión, lo que se evaluará como reconocimiento de verdad en el momento procesal que corresponda.
La abogada Gómez, en nombre de las víctimas, dijo que esperan no solo reconocimiento de responsabilidad, sino aportes a la verdad, porque hay familias que todavía no saben de muchos de sus seres queridos que fueron reclutados de manera forzosa, y que hoy están dados por desaparecidos.
Dijo que ante el cambio de las audiencias, de reservadas a públicas, muchas víctimas temen por hacer preguntas puntuales por sus familiares, sobre todo aquellas que están en zonas del país que todavía son controladas por grupos armados. Por eso solicitó que se garantice la privacidad del buen nombre y la reserva de identidad de las víctimas, para evitar revictimizaciones.
Después de esto, el magistrado González le pidió a Lozada ser preciso en sus respuestas, dado que la diligencia se extenderá hasta las 12:00 p. m.
El magistrado empezó a preguntarle: en la sesión anterior dijo que los comandantes de frente reportaban al bloque el número de incorporaciones "y las particularidades que tenían esas personas". ¿Se reportaba la edad de los incorporados?
"Había distintos tipos de informes que se recogían regularmente", dijo Lozada. Cada tres meses enviaban informes en los que en la parte de personal debían reportar novedades de ingresos, deserciones, discriminados por género. "Había otros informes más detallados, donde se solicitaban, por ejemplo, las hojas de vida", señaló.
En los primeros informes no se reportaba la edad, pero en los segundos, con hojas de vida, sí se especificaba. Según Lozada, el carácter irregular de la guerrilla hacía difícil que estos informes se hicieran con la frecuencia debida: "Por lo general eran los comandantes superiores quienes concentraban esa información, puesto que los estados mayores no permanecían todo el tiempo juntos".
Dijo que él, como miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, no manejó temas de "personal", sino que era responsable del "trabajo urbano", que conoció las fichas de los integrantes del Bloque Urbano Antonio Nariño.
El magistrado le dijo que se tiene información de que el Bloque Oriental fue uno de los que más incorporó menores a sus filas. Por eso preguntó si se tomaron medidas para regular esa incorporación, a lo que Lozada respondió que conoció circulares de 'Jorge Briceño', alias Mono Jojoy, de controlar la política de ingresos, "pero no información específica de en qué unidades y áreas se presentó, pero es claro que se presentó".
Carlos Antonio Lozada en la JEP, por el caso 07 de la JEP.
JEP
Lozada dijo que conoció algunas sanciones por violar las normas de reclutamiento, y que estas podían ir desde un llamado de atención hasta la asignación de trabajos y tareas. Asimismo, dijo que esta violación a las normas de reclutamiento se consideraba falta grave, pero no delito, dentro de la guerrilla de las Farc.
"El concepto de crecimiento por parte de las Farc, en relación con los objetivos del plan estratégico, estaba referido al crecimiento en términos numéricos y a la expansión territorial", contó Gallo Cubillos, en respuesta a la pregunta del magistrado sobre las políticas de crecimiento de las filas de las Farc. Luego, González le preguntó si conoció de que las Farc citara a reuniones obligatorias a la población civil.
"Permanentemente", dijo. Además, esto estaba contenido dentro de los planes, que se debían dar reuniones periódicas con la población civil, pero que "lo obligatorio no era lo establecido". Según Lozada, se trataba de acordar las condiciones de convivencia en la región donde las Farc hacían presencia. Esto implicaba "asumir las tareas del Estado", señaló Lozada.
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Dijo que cerca del 70 por ciento de los miembros de la guerrilla eran nativos de la región, por lo que se trataba de una guerrilla nacional con expresiones locales, para tener un mayor nivel de relacionamiento con la población civil. Dijo que esto no significaba que no se hubieran presentado abusos por parte de la guerrilla en ese relacionamiento con los civiles.
Según Lozada, a las reuniones no se convocaba a los menores de edad, sino a las cabezas de familia.
"¿Este tipo de reuniones en algún momento se planteó como estrategia de reclutamiento de menores de edad?", le preguntó el magistrado. Lozada dijo que en estas se dirigía un trabajo hacia la juventud para "evitar que cayeran en un fenómeno que se da en algunas zonas donde se da la existencia de cultivos de uso ilícito, y es que de alguna manera va llegando al campo colombiano el consumo de sustancias psicoactivas". Dijo que se daban actividades de deporte y cultura para relacionarse con los jóvenes y que les daban cursos cuando "decidían" entrar a la milicia.
Lozada reconoció que hubo casos en los que las comunidades rechazaron la presencia de las Farc, y puso como ejemplo el caso de Cauca, donde había resistencia de las comunidades indígenas. También señaló que hubo abusos de comandantes y "ajusticiamiento de personas sindicadas de entregar información", lo que también fue rechazado por las comunidades donde esos "abusos y atropellos" ocurrieron, "pero no era algo generalizado", dijo.
"Seguramente hubo casos de reclutamiento forzado, nosotros no tenemos esa duda", dijo Lozada, pero negó que fueran generalizados, porque, según él, "desertar era muy fácil". También dijo que el fusilamiento era una de las posibles sanciones por cometer el delito de deserción, pero no era la única forma de castigar. Explicó que, por ejemplo, desertar con armas era más grave que desertar sin ellas, pero que toda esta información era "analizada en el consejo de guerra".
La deserción tampoco se valoraba igual en regiones tranquilas respecto a otras donde la situación de la confrontación podía "poner en riesgo la vida del colectivo".
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Según Lozada, era claro que la guerrilla no pagaba y que la incorporación no se hacía por motivos económicos, porque dentro de las filas "no circulaba el dinero".
Le preguntó el magistrado a Lozada si sabe si en alguna unidad se prometió a los menores velar por la manutención de su familia si ingresaba a la guerrilla. "Eso era una irregularidad", dijo el compareciente, pues en los documentos de las Farc no había nada que autorizara a supeditar el ingreso a la guerrilla a una ayuda económica.
"Seguramente se presentaron centenares o miles de irregularidades", aseguró Lozada, que tendrán que asumirse en este proceso, "pero no puede hablarse de una política sistemática de engaño". "Un Ejército de gente obligada y engañada no hubiese podido permanecer medio siglo en una guerra contra el Estado", dijo Lozada.
El magistrado le preguntó a Lozada qué tanto se respetaba dentro de las Farc lo que estaba establecido en los documentos, a lo que este respondió que estaban en tensión permanente "como en cualquier organización social".
¿Cómo se vivía la jerarquización de la guerrilla al interior de la guerrilla?, preguntó el magistrado González. Lozada respondió que eran una estructura muy jerarquizada y centralizada, con un principio de "mando único, esencial en la vida militar".
Ante esto, le preguntó si conoció casos de comandantes que por la violencia u otros mecanismos impidieran hacer las denuncias pertinentes sobre las relaciones diarias en las Farc. Lozada respondió que "siempre había violaciones de las normas, de los estatutos", pero que era posible que en una Asamblea surgieran quejas y señalamientos. "Uno informa y lo cogen al trote", respondían ante el cuestionamiento que surgía de por qué no habían denunciado antes.
El magistrado González preguntó si las guerrilleras tenían mecanismos para denunciar acciones contra su libertad sexual, dentro de las Farc. Lozada aseguró que se podía convocar a una "audiencia".
Según él, así como en la sociedad colombiana, dentro de las Farc hubo un "avance en la conquista de derechos de las mujeres", que a lo largo de la historia se presentó acoso, pero que en la medida que fueron aumentando las mujeres en la guerrilla, estas fueron asumiendo "ese empoderamiento", de manera paralela a como se va dando en el resto de la sociedad.
Hasta los 80, el rol de la mujer en la guerrilla "era ser esposa", dijo Lozada, pero desde entonces "las muchachas comienzan a exigir otro tipo de roles". De esposas pasaron a enfermeras, pero después exigieron roles más activos en el combate, dijo el excomandante guerrillero.
"Situaciones de acoso, presiones de comandantes por obtener favores sexuales, todas esas situaciones se presentaban", aseguró, pero que en la medida en que se enteraran en los comandos centrales, debían tomar medidas al respecto.
El magistrado indicó que saben que en la zona de distensión en El Caguán se incrementó el reclutamiento de menores de 15 años, y por eso preguntó si en las Farc se tomó alguna medida para evitarlo.
Lozada dijo que conoció documentos de 'Marulanda' y de 'Briceño' llamando la atención, pero no sabía de medidas concretar que se hubieran tomado al respecto. Aseguró que estaba establecido no ingresar a gente cuya procedencia no se conociera, porque temían ser infiltrados. Dijo que el crecimiento de ese momento "no podía llevar a que se relajaran las normas de reclutamiento".
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El magistrado dijo que las Farc establecieron oficialmente una oficina de reclutamiento en la zona de distensión, según les dijo Pablo Catatumbo este jueves, pero Lozada dijo que no recuerda que esa oficina hubiese existido. Dijo que sí recuerda una oficina de quejas y reclamos de las Farc.
"Es posible que haya existido, porque llegó mucha gente a pedir ingreso", agregó.
El magistrado González dijo que Lozada, en la sesión pasada, negó usar las escuelas para hacer actividades con menores de edad, pero las víctimas preguntan por algunos centros escolares específicos en zonas de Meta. "Yo no conocí", dijo Lozada. "Nunca tuvimos incidencia sobre el trabajo en esas regiones", aseguró. Aclaró que fue en Bogotá donde no hicieron trabajo en escuelas, sino que se concentraron en las universidades como la Distrital, la Pedagógica, la Nacional o los barrios, "pero no de colegios de secundaria".
¿Podría decir cómo era la composición de la guerrilla en cuanto a menores de edad y cómo se desempeñó ese número a lo largo de la vida que estuvo en la guerrilla?
A esta pregunta del magistrado, Lozada dijo que si se toma la barrera de los 18 años, cuando él llegó eran la mayoría adultos, y desde los 80 empiezan a llegar más jóvenes, pero es desde los 90 que se incorporan personas más jóvenes. "En la medida en que el conflicto se fue prolongando, la edad promedio se fue reduciendo", señaló.
"Yo diría que el promedio de edad en general en la guerrilla no debería estar por encima de los 25", aseguró Lozada. "Había mucha juventud entre los 15, 17, 20 o 21 años", señaló, y dijo que incluso en la actualidad la composición es joven.
Lozada dijo que en algunas zonas se sabía que había más gente joven, por lo que el magistrado le preguntó si en esas unidades se indagó si se estaban respetando las normas de reclutamiento de las Farc. A esto dijo Lozada que le correspondía al estado mayor hacer esas revisiones, que a comandantes como él no les correspondía.
"No estaba estipulado el reclutamiento de menores de 15 años", dijo Lozada en su versión voluntaria.
El magistrado le preguntó a Lozada si en la Escuela Isaías Duarte tuvo menores de edad. "Yo asumí el mando de la Escuela en el 2011, más o menos. Asumo la responsabilidad luego de que muere en el bombardeo el comandante del bloque", es decir, el 'Mono Jojoy', hasta el 2014. Dijo que pasaron más o menos 350 o 400 personas para cursos de comandantes, recogidos de los estados mayores de los bloques o comandos, es decir que no eran menores de edad.
El magistrado González preguntó si en la tarea de relacionamiento político tuvo relacionamiento con comunidades indígenas para reclutar, pero Lozada dijo que en su área de influencia no tuvo ese tipo de relacionamiento.
¿Sabe si se impusieron sanciones ejemplarizantes a comandantes por reclutar a menores de 15 años?, preguntó el magistrado, y Lozada respondió que no conoce de ningún caso en que se hubiera dado esto.
El magistrado le preguntó a Lozada si existían registros de las sanciones impuestas dentro de las Farc, pero Lozada dijo que desde el 2008, por el crecimiento de operaciones militares, 'Manuel Marulanda' ordenó borrar toda la información de operativos, balances y demás, que pudiera caer en manos del Estado.
Sobre todo señaló que los mecanismos electrónicos se volvieron más inseguros para la comunicación de la guerrilla, y el magistrado les consultó si no buscaron encriptar u ocultar la información para tenerla a disposición del mando de las Farc, pero, según Lozada, varias veces las Fuerzas Militares lograron desencriptarlos y por eso dejaron de guardarla.
Después de un receso, la magistrada Caterina Heyck preguntó cómo sabían que una persona de 15 años tomaba conciencia "de la imposibilidad del retorno", es decir, de la deserción, y si había diferencias entre los milicianos y los guerrilleros.
Julián Gallo, Carlos Antonio Lozada, dijo que "efectivamente la conciencia se adquiere progresivamente". Contó que él ingresó con 17 años, cuando ya llevaba dos años de "militancia política revolucionaria". "La única posibilidad de permanencia es que se logre interiorizar y hacer una reflexión muy profunda desde el punto de vista humano, ético, político, de que ese esfuerzo vale la pena", dijo Lozada. Aseguró que existía la obligación de dedicar al menos una hora del día al estudio y la formación.
La magistrada luego le preguntó cómo hacían, qué campañas o estrategias usaban para mantener a los guerrilleros, si no era el miedo a un consejo de guerra el que los mantenía, y el compareciente dijo que era a través del compromiso. Aun así, dijo que el Estado lograba que muchos guerrilleros desertaran.
Lozada dijo que en las ciudades no incorporaron menores de 15 ni de 18 años, porque los riesgos hacen "que la disciplina sea excesivamente rigurosa". Se buscaba "que fuera gente que tuviera mucha mayor madurez desde el punto de vista psicológico y político".
La magistrada le pidió a Lozada que haga llegar a la JEP, si tiene, información de casos que involucren a la Fuerza Pública, y este reseñó un caso de "infiltración" de una menor de edad que fue reclutada por un oficial de la Policía, con quien tenía una relación afectiva. Luego fue buscada por el Ejército, dijo, que le dio la "misión" de "dar de baja a un alto mando de las Farc", mientras estaba todavía en el colegio.
Luego, el magistrado González retomó, y le dijo que solo desde 96 dijo Lozada que se había establecido la regla de incorporación de hasta 15 años, pero que también afirmó que no se estaba cumpliendo, sino desde el año 2000. Lozada dijo que el fundamento de esa afirmación fueron las circulares que mencionó, en el marco de la zona de despeje, que fueron las que conoció.
El magistrado preguntó si las Farc en algún momento iniciaron alguna investigación para establecer si había menores de 15 años en las filas. "Yo no conocí", respondió Lozada. Dijo que hasta el ataque a Casa Verde se dio que el secretariado permaneciera en la misma área, pero que luego el secretariado "se disloca", con lo que se gana en control territorial, pero se pierde en control centralizado.
Dijo que no conoció ninguna decisión del secretariado de iniciar una investigación nacional por estos hechos.
Otros comandantes han dicho que los menores de 15 años en los campamentos no eran guerrilleros ni eran tratados como tales, y Lozada aseguró que sí conoció de esto. Que cuando había procesos de paz se daba la posibilidad de que hijos de guerrilleros y familiares estuvieran en los campamentos, y más cuando mejoraban las posibilidades de infraestructura para llegar a las regiones.
Lozada dijo que a la guerrilla también llegaron menores que se quedaron sin familia en medio de la violencia, o que fueron desplazados. El magistrado le preguntó por qué las Farc no dejaban a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a esos menores, a lo que Lozada respondió que cualquier funcionario del Estado era visto como parte del Estado y podían ser vistos como agentes de inteligencia. "Esa es la dinámica y la irracionalidad de la guerra", aseguró, pero dijo que en diálogos de paz era más sencillo pensar en esa posibilidad.
"Nos avergüenza lo que se dio, esa situación de los niños no nos hace sentir ni contentos ni orgullosos", resaltó Lozada.
Lozada negó que las guardias personales de los objetivos estratégicos de las Farc, es decir, los comandantes, tuvieran menores de edad. Dijo que se trataba de tener "unidades que tuvieran la capacidad de responder por uno". También dijo que en ningún momento dejaron menores de edad cuidando lugares estratégicos para evitar que fueran atacados, "esa habría sido la medida más inoficiosa", dijo, porque, según él, las fuerzas del Estado no medían eso como límite para atacar a las Farc.
¿Hubo normas especiales de protección para los menores de edad vinculados a las Farc?, le preguntó el magistrado a Lozada. Este respondió que estaba establecido prohibir la presencia de civiles en los campamentos y que, en el caso de los menores, estos no podían ir a tareas militares mientras no recibieran una preparación. Dijo que en sus campamentos, los menores no podían salir sino hasta después de un año, a menos que se presentaran situaciones como un combate de encuentro.
La diligencia fue suspendida a las 12:00 m., pero el magistrado señaló que fijará la fecha y hora para la continuación, pues todavía faltan las intervenciones y preguntas del Ministerio Público y de los representantes de las víctimas.
Al caso 07 de la JEP ya fueron vinculados 37 antiguos comandantes de las Farc, que comenzaron a rendir versiones individuales el 18 de agosto. Este caso investiga hechos ocurridos entre el 1.° de enero de 1971 y el 1.° de diciembre de 2016, no solo de reclutamiento forzado, sino también de prácticas de violencia sexual.
Según los reportes de la Fiscalía a la JEP, en este caso se investiga la vinculación ilícita de más de 8.000 personas a las Farc, cuando eran menores de edad.
Asimismo, el caso 07 tiene otro capítulo en el que investiga usos ilícitos de menores de edad por parte de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado, por ejemplo, como guías o como informantes.
JUSTICIA Y ELTIEMPO.COM
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