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JEP Colombia

En vilo el proyecto de sala especial para militares en la JEP

ONU lanza duras críticas por sala especial para militares en la JEP
Esa iniciativa, hoy estudiada por la Corte, fue promovida por el Centro Democrático.

ONU lanza duras críticas por sala especial para militares en la JEP Esa iniciativa, hoy estudiada por la Corte, fue promovida por el Centro Democrático.

Foto:EFE

Su discusión está agendada para este martes en comisión del Senado.

Juan David López
En su segundo intento, el proyecto de acto legislativo que busca crear una sala especial para juzgar a los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría volver a hundirse en primer debate.
Aparece en el punto 21 del orden del día de este martes en la Comisión Primera del Senado, por lo que es posible que ni siquiera se alcance a discutir. Pero más que esto, la propuesta proveniente del uribismo no ha encontrado, hasta el momento, suficiente apoyo.
Hoy, hay dos ponencias. Una positiva, firmada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, coautora y ponente coordinadora, y otra por los ponentes que piden archivar la iniciativa: Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Germán Varón, Angélica Lozano, Gustavo Petro y Alexander López, de partidos defensores del Acuerdo de Paz del cual surgió la JEP.
Llama la atención que el texto que defiende el proyecto no está firmado por los dos ponentes que hacen parte de la coalición de gobierno: el conservador Juan Carlos García y Carlos Guevara, del partido MIRA.
El proyecto, que busca “garantizar a los miembros de la Fuerza Pública un procedimiento diferenciado dentro de la estructura orgánica de la JEP”, modificaría el Acto Legislativo 01 de 2017, por el cual se crea la JEP. Para esto, propone crear cuatro nuevas secciones en el Tribunal para la Paz, una nueva “Sala de Determinación de Competencia” y otra Unidad de Investigación y Acusación que conozca solamente de los hechos cometidos por militares en el conflicto.
Según la ponencia de Valencia, “el Gobierno Santos no logró establecer el procedimiento diferenciado que requieren las Fuerzas Armadas”. Asegura que en todos los países las Fuerzas Armadas gozan de un fuero penal militar “que garantiza el procedimiento diferenciado”.
Asimismo, critica la escogencia de los actuales magistrados de la JEP –51 en tres salas y cinco secciones–, pero propone una fórmula polémica: que los nuevos magistrados sean designados por el Presidente de la República y refrendados por el Congreso. Incluso, le otorga al Jefe de Estado la facultad de reducir el tamaño esas salas si el número de magistrados resultara “excesivo”.

Busca garantizar a los miembros de la Fuerza Pública un procedimiento diferenciado dentro de la estructura orgánica de la
JEP

Mientras que para Valencia este proyecto no modifica “en lo absoluto” el Acuerdo Final con las Farc, la ponencia negativa dice que estas disposiciones “afectan de manera estructural aspectos fundamentales que garantizan la sostenibilidad del proceso de paz, los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública”.
Para estos congresistas de partidos de oposición o independientes, la creación de nuevas instancias “supondría de facto la creación de una nueva justicia transicional paralela a la vigente y desconocería el carácter integral y la competencia inescindible (indivisible) a cargo de la Jurisdicción”. Incluso, afirman que colapsaría el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual también hacen parte la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico

Uno de los argumentos centrales de la ponencia negativa es que la Corte Constitucional dijo en su sentencia que la aplicación de justicia a los militares “se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico” y que este “es consecuencia del carácter inescindible de la JEP”. Incluso, ese alto tribunal dijo que esto “permite que todas las víctimas de todos los hechos del conflicto armado encuentren garantizados sus derechos”.
“El tratamiento diferenciado evita que la justicia transicional se convierta en una herramienta de venganza política y, al contrario, promueve el cierre integral del conflicto armado y propicia la reconciliación basada en el fortalecimiento del Estado de Derecho frente a todos los responsables, pero también basada en el ofrecimiento de tratamientos especiales y seguridad jurídica para todos ellos”, dijo la Corte.
Los ponentes también aseguran que la designación de los magistrados por el Presidente “afecta de manera directa el presupuesto de independencia e imparcialidad de estas nuevas instancias al interior de la JEP”. Incluso, dicen, rompe con el principio de separación de poderes.
El proyecto abre la posibilidad de que militares retirados sean magistrados, lo que “desconoce los estándares internacionales que refuerzan la idea de que las graves violaciones a Derechos Humanos deben ser investigadas por instancias de carácter civil, con el ánimo de garantizar su autonomía material, estructural y funcional”, dicen. Y agregan que esos estándares prohíben la existencia de tribunales militares en procesos de justicia transicional como el colombiano.
Los ponentes advierten que aprobar este proyecto congelaría los procesos en curso en tanto se tendrían que cambiar de salas y eso podría ser percibido por instancias como la Corte Penal Internacional “como una estrategia orientada a evitar el avance de los procesos judiciales”. Además, que causaría inseguridad jurídica para militares y policías.
En la actualidad, los miembros de la Fuerza Pública se someten ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, mientras que los de las Farc lo hacen ante la Sala de Reconocimiento de Verdad. Hasta el 22 de agosto pasado, los militares y policías comparecientes ante la JEP ascendían a 2.211 personas.
JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
Juan David López
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