El primero de marzo de 1991, 2200 integrantes del Ejército Popular de Liberación (Epl) se desmovilizaron tras una negociación con el gobierno que llevó a la inmediata creación del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. 16 días después mataron a los dos primeros de sus integrantes en Nuevo Antioquia, corregimiento de Turbo. Y para julio ya eran 18 los muertos.
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20 masacres, 34 homicidios de sus líderes políticos y 13 de líderes sindicales, 160 homicidios selectivos, 157 desplazamientos, siete desapariciones forzadas, atentados, secuestros y daños a bienes y proyectos productivos dejaron fuera del mapa político a este movimiento, que da cuenta de 461 víctimas directas y 1949 indirectas.
Es indigno el hecho que estén sepultadas los nombres, las historias de esas víctimas. Queremos resucitarlas desde la memoria, que ocupen el lugar que merecen en el imaginario colectivo de la sociedad
Así quedó consignado en el informe ‘Renacer la Esperanza’ que entregó este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz los voceros del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad y la firma Javier Villegas Posada Abogados que los representa.
Su intención es que se abra un subcaso en el macrocaso 04 que tiene la justicia especial sobre los hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién desde el 1 de enero de 1986 y antes al 1 de diciembre de 2016.
Además, solicitan que se reconozca como un exterminio la violencia que sufrieron sus integrantes, tanto por las antiguas Farc, el paramilitarismo, el estado presuntamente y por parte de una disidencia del EPL que nació poco después de la negociación, integrada por antiguos mandos medios, como Dairo Úsuga, alias Otoniel. La clave es que estos crímenes dejen de estar en el olvido.
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“Me interesa es que se reconozca a Esperanza como víctima colectiva, es el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas porque, para nosotros, es indigno el hecho que estén sepultadas las memorias, los nombres, las historias de esas víctimas. Queremos resucitarlas desde la memoria, que ocupen el lugar que merecen en el imaginario colectivo de la sociedad”, aseguró a EL TIEMPO Mario Agudelo, vocero de los ‘esperanzados’ como también se conocen, quien fue diputado de Antioquia y alcalde de Apartadó.
La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz Marcela Giraldo recibió de Mario Agudelo, vocero de Esperanza, Paz y Libertad, el informe ‘Renacer de una Esperanza’.
Jurisdicción Especial para la Paz
Agudelo fue víctima de un atentado con granadas el 27 de abril de 1996 y, casi un año después, el 15 de abril de 1997, su hijo, Mario de Jesús Agudelo Velásquez –entonces candidato a la Asamblea de Antioquia- murió luego de que abriera un libro que le acababan de regalar: era una bomba.
En diálogo con este diario, Agudelo no solo habla de que se solicitará la personería jurídica, sino que pide que en el Museo de Memoria “haya un pabellón donde quede para siempre el registro del extermino”.
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El informe entregado a la JEP da cuenta de la persecución liderada por Francisco Caraballo, quien no se desmovilizó, junto a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, para el saldo trágico de 18 masacres. No fue solo la de ‘La Chinita’ en 1994, un barrio de San José de Apartadó en donde estaban asentadas fuertes bases políticas y sindicales de los ‘esperanzados’ en 1994. También fue la masacre de 1 personas en la finca Los Kunas del corregimiento de Carepa, la de 24 trabajadores de Sintrainagro, conocida como masacre de Bajo del Oso en 1995.
"Las demoras en el cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno fue un factor que repercutió en algunos de los mandos medios del antiguo Epl que, meses después, decidieron reactivar el frente Bernardo Franco y unirse a la Coordinadora Guerrillera. Miembros de esa disidencia emprendieron la agresión armada en contra de los desmovilizados, mientras en el norte de Urabá se reactivaron los grupos de autodefensas quienes emprendieron un ataque contra el EPL”, asegura el informe.
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La falta de garantías electorales y la impunidad que acompañó a la mayoría de esos asesinatos fueron factores que matizaron la violencia política desatada en los 90.
“La falta de garantías electorales y la impunidad que acompañó a la mayoría de esos asesinatos fueron factores que matizaron seriamente la violencia política desatada durante los primeros años de la década del noventa en contra de miembros de Esperanza, Paz y Libertad. De acuerdo con algunas fuentes periodísticas el exterminio de (sus) miembros se calcula en más de 700 miembros asesinados en distintas regiones del país tiempo después de culminado el proceso de paz”, agrega el informe.
En pocas palabras, dice Agudelo, “nos borraron”. El documento añade que había una “consigna de desterrar a Esperanza, Paz y Libertad de su participación y de su liderazgo en el sindicato bananero de Sintrainagro y de la actividad política en el Urabá”.
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Esperanza, Paz y Libertad
Mario Agudelo. Esperanza, Paz y Libertad
700 miembros de Esperanza, Paz y Libertad asesinados poco tiempo después de su reinserción dan cuenta de la falta de garantías en su proceso de incorporación a la vida civil y política
En la justicia ordinaria nada ha pasado, solo en el procedimiento de Justicia y Paz, por el propio desarrollo de versiones y audiencias, la temida exjefe guerrillera alias Karina, alias Garganta y alias Samir fueron imputados por crímenes en los que hay 814 víctimas reconocidas, caso que sigue en etapa de juzgamiento”.
Agudelo le dijo a EL TIEMPO que espera que Otoniel, detenido exjefe del ‘clan del Golfo’, hable de este caso en las versiones que ha entregado tanto a la JEP como a la Comisión de la verdad. “Ojalá él pueda versionar con el ánimo de que en el caso nuestro reconozca la victimización de Esperanza Paz y Libertad”, dijo.
El abogado Javier Villegas Posada, representante del Comité de Impulso para el Reconocimiento del Extinto Movimiento Político Esperanza, Paz y Libertad, aseguró tras la entrega el del informe que el exterminio de esta colectividad en el Urabá Antioqueño por el accionar de la guerrilla de las Farc y otros actores armados “fue acompañado por la complacencia de las autoridades militares y policiales y la ineficiencia del estado colombiano para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz celebrados con el Ejército Popular de Liberación (Epl) en el gobierno de Cesar Gaviria".
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“700 miembros de Esperanza, Paz y Libertad asesinados poco tiempo después de su reinserción dan cuenta de la falta de garantías en su proceso de incorporación a la vida civil y política” agregó.
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