Los cuatro reparos del Fiscal a la ley estatutaria de la JEP

Ve inconvenientes respecto a la política criminal. Directivas de JEP piden que se sancione la ley.

Corrupción Cartagena

El fiscal Néstor Humberto Martínez, confirma que entre los capturados hay 9 policías.

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María Isabel Ortiz / EL TIEMPO

Por: Paz y Justicia
19 de febrero 2019 , 08:06 a.m.

Este lunes, el fiscal general Néstor Humberto Martínez envió una carta al presidente Iván Duque expresando cuatro preocupaciones de la Fiscalía sobre la ley estatutaria de la JEP, que el presidente debe sancionar u objetar antes del 11 de marzo.

Se trata de preocupaciones que a juicio de la Fiscalía afectarían los fines de la justicia y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Dice que varias disposiciones son inconvenientes respecto a la política criminal que debe tener el Estado.

El fiscal Martínez dijo que son cuatro cosas que fueron debatidas en el Congreso "pero lamentablemente el texto que ha llegado al Presidente modifica el consenso al que se llegó en el congreso y puede tener graves impactos en la política criminal", esto a pesar de que fueron avalados previamente por la Corte Constitucional (C-080 de 2018) en un control automático y previo por el rango de ley estatutaria.

El primer reparo de Martínez es que los reinsertados que sigan en narcotráfico pueden conservar beneficios de la JEP y la Fiscalía no los podrá investigar.

En este caso, dijo el Fiscal, la JEP solo es competente para conocer delitos antes del 1 de diciembre del 2016, pero en el texto de la ley quedó que la JEP puede conocer sobre delitos de ejecución permanente que hubieren comenzado antes del 1 de diciembre del 2016.

"Esto significa algo muy delicado. No es conflicto de competencias, es que si queda en cabeza de la JEP la perpetuación del narcotráfico, los reinsertados quedan con beneficios. Eso es contrario a la razón y altamente inconveniente", dijo Martínez.

Los que vuelvan a cometer delitos no pueden tener los beneficios de la JEP, reiteró el Fiscal.

“No es el prurito de competir por una competencia, que le quede a la JEP o a la Fiscalía, es que si la JEP queda conociendo el narcotráfico, si se perpetúan en narcotráfico, continúan con un beneficio legal. Eso es altamente inconveniente en un momento en el que estamos viendo gravemente afectada la política contra el narcotráfico. Sería un incentivo perverso que reincidentes continúen con ese beneficio, mientras que un campesino por fuera podría tener penas más altas”, explicó Martínez.

El segundo reparo tiene que ver con una supuesta concurrencia con beneficios de la justicia transicional que tendría los reincidentes. En caso de que vuelvan a cometer delitos, “la sociedad no entendería que tengan privilegios de penas, no tengan tratamiento penitenciario ni extradición”.

"Nosotros consideramos que el principio de no repetición es absoluto. No es solo dejar las armas", dijo Martínez.

En el texto, alega el fiscal, se dispuso que quienes incurran en nuevos delitos dolosos (homicidio, narcotráfico, secuestro...) perderán todos los beneficios.

"Desafortunadamente este principio fue declarado parcialmente inexequible y se suprimió la expresión 'todos los beneficios', con lo cual quienes incidan en esos delitos continuarán con beneficios y se le da a la JEP la facultad de revisar esos beneficios de acuerdo con su libre albedrío", dijo Martínez.

La norma, reconoció el mismo fiscal, de todas formas habla de que la JEP tendrá que revisar esos beneficios con criterios de proporcionalidad respecto al incumplimiento. A juicio de la Fiscalía quienes comentan homicidios, extorsión o narcotráfico deberían tener otro tratamiento y no mezclarse con el régimen transicional. 

"De entrar en vigencia la norma, convivirán los privilegios y beneficios de la JEP con el secuestro, extorsión y narcotráfico, que deberían evidentemente tener otro tratamiento", dijo el Fiscal.

En lo que va corrido de la firma de la reincorporación, dice Martínez, "llevamos 361 investigaciones, 31 por tráfico de estupefacientes y armas, 24 homicidios, 10 casos delitos sexuales, 10 casos de secuestro. Y si entra en vigor la norma esto sería de conocimiento de la JEP".

En tercer lugar, el Fiscal recordó que en el debate parlamentario del trámite de esta ley estatutaria de la JEP se dijo que en el caso de las investigaciones en curso la Fiscalía no podía realizar diligencias judiciales. En ese momento, dijo Martínez, la Fiscalía se opuso y dijo que no podían
avanzar las investigaciones si no podían hacer diligencias.

Este tercer reparo tiene que ver con la competencia para investigar los delitos relacionados con el conflicto. El fiscal dice que aún hoy en día las Fiscalía seguirá investigándolos hasta que la JEP no emita resolución de conclusiones, que es un auto después de escuchar las versiones voluntarias de los comparecientes sobre los macrocaso que abra. Sin embargo, agrega esa resolución de conclusiones “no han pasado todavía y aún tomarán tiempo”.

Para el fiscal había quedado claro que los delitos del conflicto siguen siendo investigados por la Fiscalía y no por la JEP. "Para el caso de investigaciones en curso, existía la preocupación de la Farc de que la Fiscalía los siguiera citando a exguerrilleros a diligencias".

Agrega que en el articulo 79 literal J, que la Fiscalía podía seguir avanzando en investigaciones y diligencias pero lo que no podía era pedir ordenes de captura.

"Este artículo fue declarado constitucional pero sujeto a una condición. Que la Fiscalía puede continuar las investigaciones pero no podrá ordenar citación a diligencias. ¿Cómo vamos a continuar con las investigaciones si no podemos citar a interrogatorios, diligencias ante jueces de garantías? La investigación quedaría prácticamente eunuca (sic)", recalcó el Fiscal, quien dijo que esto es un gran riesgo y altamente inconveniente.

En cuarto lugar, Martínez argumentó que Colombia suscribió varios tratados internacionales sobre derechos humanos, "y por esa supremacía y los deberes que tiene Colombia para perseguir los graves crímenes de guerra, no es posible que se otorgue amnistía alguna a los responsables de esos graves crímenes", dijo el Fiscal.

Para la Fiscalía, la Justicia transicional no puede dar lugar a que queden impunes los crímenes de guerra y un artículo dice que en ningún caso podía suspenderse la acción penal cuando se trate de crímenes de guerra, artículo que fue condicionado a que esos crímenes de lesa humanidad podían ser atribuidos a los máximos responsables.

"¡Los autores materiales podrían verse favorecidos con la renuncia de la acción penal, eso es inaceptable a la luz de los derechos humanos!", expresó Martínez, quien dijo que no se podía renunciar a perseguir a los autores materiales con el pretexto de solo juzgar a los máximos responsables.

La JEP responde y pide que se sancione la ley

La JEP, por su lado, señaló en un comunicado que “es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley”, teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de 11.688 personas que se han sometido a esa justicia.

La justicia especial afirmó que la Corte envió “de manera inequívoca y perentoria” esa ley para su sanción.

227 organizaciones de víctimas hicieron una petición a Duque en el mismo sentido. Temen que los procesos queden en el limbo, mientras que los victimarios gozan de libertad.

PAZ Y JUSTICIA@PazyJusticiaET

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