'Objetar la JEP no va contra la paz': Jaime Lombana

'Objetar la JEP no va contra la paz': Jaime Lombana

'Con la C-080, que es con la que la Corte examina la ley estatutaria, dio un golpe de Estado', dice.

Jaime Lombana, abogado

El abogado Jaime Lombana asegura que se estáncreando grandes lagunas de punibilidad, frente a los autores de crímenes de guerra no sistemáticos.

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Fernando Ariza / Archivo EL TIEMPO

Por: María Isabel Rueda
25 de febrero 2019 , 01:07 a.m.

El Fiscal le escribió al Presidente una carta en la que consigna sus preocupaciones por el texto final de la ley estatutaria de la JEP y le pide objetar cuatro artículos. Han salido a decir que si lo hace, pone en riesgo la paz. ¿Está de acuerdo?

No. El artículo 200 de la Constitución Nacional obliga al Presidente de la República a que en casos precisamente de inconveniencia social, política o económica, debe objetar o bien una ley o partes de ella.

La primera preocupación del Fiscal tiene que ver con el delito continuado… Si en ellos hay actividad humana después del primero de diciembre del 2016, ¿deben pasar a la JEP?

Como penalista, como dogmático, cuestiono profundamente que digan que los delitos de ejecución permanente en que se realicen acciones después del primero de diciembre de 2016 siguen siendo competencia de la JEP. ¿Cómo puede ser posible que personas como Yesid Reyes digan que si una persona tiene un cultivo de coca, y después de la firma de la paz se siguieron realizando acciones positivas, inequívocas, como cultivar, abonar, traficar, embalar, meter dentro de empaques camuflados para exportar droga, eso todo es el mismo delito?

¿Y qué se pretenderá con este tipo de interpretaciones?

Toda esa argumentación sofista y engañosa busca la no extradición de responsables de actos criminales como narcotráfico y secuestro, realizados con posterioridad al acuerdo de paz.

El Fiscal revela en su carta que la Corte Constitucional decidió que será de la JEP, y no de la jurisdicción ordinaria, la competencia de los delitos de ejecución permanente incluso cuando se han realizado acciones después del primero de diciembre de 2016…

Insisto: si una persona colaboró en unos cultivos o en una desaparición forzada o en unos secuestros, eso no significa que la ejecución permanente no pueda dividirse en acciones humanas.

Si una persona colaboró en unos cultivos o en una desaparición forzada o en unos secuestros, eso no significa que la ejecución permanente no pueda dividirse en acciones humanas

El echar la tierra, el tapar, el tratar de ocultar dónde se enterraron las personas, si eso fue realizado con anterioridad, perfecto, eso es de la JEP, pero si hay actos posteriores, son acciones identificables por la administración de justicia, y si fueron hechas con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo, pues son competencia de la jurisdicción ordinaria.

Afirma el Fiscal que la entrada en vigencia de la ley estatutaria lleva implícito un incentivo perverso para que los desmovilizados vinculados al narcotráfico continúen en esta actividad…

Claro, porque les disminuye la pena a través de una mala interpretación de la naturaleza de los delitos de ejecución permanente, de dos a cinco años, cuando la pena ordinaria es de seis a doce años. Yo también creo que esto viene de otra interpretación perversa, que fue la de calificar el narcotráfico de la guerrilla como delito conexo al político. Ahí arranca el problema de la desnaturalización de los delitos de ejecución permanente.

En la carta señala el Fiscal que solo la reincidencia en la rebelión implica perder los beneficios de la JEP. No así la reincidencia en delitos como el secuestro, el narcotráfico y el homicidio. ¿Encuentra esta preocupación justificada?

Pues sí, porque tal y como queda la ley, el reincidente en materia de secuestro, narcotráfico u homicidio que no se levante en armas queda dentro de la JEP, no vuelve a la jurisdicción ordinaria.

Hasta el asesor Yesid Reyes sostiene que el deber de no repetición se limita a la obligación de los reinsertados a no volver a levantarse en armas contra el Estado…

Yo creo que Yesid Reyes sigue obrando más como ministro de Santos que como abogado independiente. Lo cierto es que de acuerdo a como quedó la ley, siempre y cuando no exista levantamiento en armas, se conservan los beneficios de la JEP. Lo más grave de todo es que les mantiene la garantía de no extradición a quienes secuestren, asesinen o trafiquen con posterioridad.

En el tercer punto de su carta al Presidente, el Fiscal revela su preocupación de que la Corte Constitucional haya dejado maniatada la actividad investigativa de la Fiscalía mientras la JEP asume los delitos que son de su competencia. ¿Eso es cierto?

Yo parto de la base de que la Corte Constitucional, con la sentencia C-080 del 2018, primero entró en contradicciones con la sentencia anterior, es decir con la C-0674 del 2017, que es una sentencia mucho más ponderada. En mi sentir, con la C-080, que es con la que la Corte examina la ley estatutaria, dio un golpe de Estado, es decir, reemplazó al Congreso de la República porque hizo no interpretaciones, sino variaciones de la propia ley.

Por ejemplo, si la ley contemplaba que la JEP debería investigar crímenes de guerra sistemáticos y no sistemáticos, con la interpretación que da la Corte Constitucional en la C-080, los no sistemáticos ya no entran, contrariando también el Estatuto de Roma, el cual establece que la Corte Penal Internacional tendrá competencia subsidiariamente cuando las jurisdicciones nacionales no investiguen crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidios no sistemáticos, pero que sean de una trascendencia significativa.

La conclusión del Fiscal es que se estaría configurando un claro incumplimiento en el deber del Estado de ejercer la persecución penal de graves crímenes…

Pues, los fiscales no pueden indagar, no pueden capturar, no pueden pedir medidas de aseguramiento de ninguno de esos delitos, de personas vinculadas a la JEP. Si se derogan las facultades constitucionales de la Fiscalía como titular de la acción penal…

Pero el doctor Yesid Reyes dice que eso es falso… Que hasta tres meses antes de que la jurisdicción anuncie su interés en algún proceso, la Fiscalía puede seguir adelantando investigaciones pero con unas limitaciones que, según él, son obvias porque no puede llamar a juicio, dictar orden de captura, escuchar en indagatoria u ordenar la detención de una persona que esté sometida a la JEP…

Me parece que el doctor Yesid Reyes está tergiversando el texto de la ley y de la propia sentencia, porque sí está prohibiéndole a la Fiscalía realizar sus funciones, que son precisamente otorgadas por la Constitución como titular de la acción penal para delitos que no están dentro de la JEP, es decir, que se han cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del acuerdo.

Hasta el señor Vivanco, de Human Rights Watch, dice que constituye un gran error que se contribuya a frenar los procesos penales (aunque no las investigaciones) en la Fiscalía colombiana, por casos vinculados al conflicto armado…

Comparto plenamente la posición el doctor Vivanco. Y todo esto también, vale la pena subrayarlo, se deriva del engaño que se le hizo al país cuando ganó el ‘no’. También a punta de mentiras, de manipulaciones de prensa y de desinformaciones, pues los efectos terminaron siendo como si hubiera ganado el ‘sí’, cuando lo que expresó el pueblo claramente es que no compartía ese acuerdo ni la manera como se había negociado.

En el cuarto punto de su carta, la preocupación del Fiscal es que al contrario de lo que decía el proyecto de ley estatutaria, la Sentencia C-080 de la Corte establece que podrá eximirse de toda responsabilidad penal a los autores de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cuando sus autores no sean considerados máximos responsables…

Tiene razón, no solo el Fiscal, sino quienes le recomiendan acertadamente al Presidente objetar esos apartes concretos de la ley. Porque entra en contradicción inclusive con jurisprudencias de la Corte Interamericana, como es la sentencia del caso de Mozote, en El Salvador, que es importantísima; el texto de la ley contradice los propios pronunciamientos de la jurisdicción penal internacional, acuerdos que ha suscrito Colombia y hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiana.

La JEP solo asume su competencia sobre los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra si son sistemáticos y han sido cometidos por máximos responsables

¿Entonces, cómo queda? La JEP solo asume su competencia sobre los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra si son sistemáticos y han sido cometidos por máximos responsables.

¿Por ejemplo, la bomba en el club El Nogal podría considerarse un crimen de guerra no sistemático, porque no volaron más clubes?

Incluso podrían calificarlo como no sistemático por no provenir de la jerarquía piramidal de las Farc sino de un grupo específico y, por ende, lo excluirían y no lo investigarían y quedaría por ejemplo con impunidad absoluta. El perpetrador, autor material de la bomba de El Nogal, tiene que responder penalmente…

¿Y qué llamarán ‘máximos responsables’? Existe una cartelera de terroristas por los que se está ofreciendo una recompensa. ¿El que no esté ahí no es ‘máximo responsable’?

A la paz la queremos todos los colombianos. Pero se están generando grandes lagunas de punibilidad frente a los autores de crímenes de guerra no sistemáticos, y frente a los no máximos responsables autores de delitos de lesa humanidad, de genocidio, como lo es el perpetrador; es decir, el autor material que pone la bomba y contra él se puede suspender la acción penal.

Eso no es lo que dice la Corte Penal Internacional ni el caso Mozote. Deben responder, de acuerdo con el tratado de paz, frente a una jurisdicción especial, donde obtienen unos beneficios, pero deben responder. Como quedó la norma, quedan excluidos.

Pero incluso si el Presidente objeta unos artículos, y el reglamento se demora un poco más en salir, la JEP seguiría funcionando…

La doctora Linares, presidenta de la JEP, tiene toda la razón en el sentido de que si se objeta o no se objeta, la JEP sigue funcionando, nadie está cercenando la funcionalidad de la JEP. Ella cuenta con elementos jurisprudenciales, tiene la Constitución, tiene el Código de Procedimiento Penal, tiene herramientas jurídicas totalmente válidas y democráticas para adelantar sus funciones, importantísimas. No es cierto que porque se realice una objeción se esté poniendo un palo en la rueda a la JEP. Y mucho menos a la paz.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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