Con polémica sobre civiles en el conflicto, JEP se acerca a dos años

Con polémica sobre civiles en el conflicto, JEP se acerca a dos años

Observatorio dice que concepto sería inconstitucional. Las víctimas esperan más verdad de Farc.

JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró en funcionamiento en marzo del 2018. Ahora, está en funcionamiento pleno.

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Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO.

Por: Juan David López Morales
03 de marzo 2020 , 09:16 p. m.

Un punto de la decisión con la cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió la puerta al excongresista y confeso ‘parapolítico’ David Char Navas, y en el cual se cuestionaría un fallo de la Corte Constitucional, hace parte de las preocupaciones que expone el primer informe del Observatorio de la JEP (ObservaJEP) de la Universidad de La Sabana, la Universidad del Rosario y el Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer.

Estas preocupaciones se suman a las polémicas más recientes que han rodeado a la JEP, pero plantean interrogantes para que sean discutidos por la opinión pública sobre esta justicia, que se acerca a los dos años de su apertura, la cual fue el 15 de marzo de 2018.

El primero surge de un fragmento de la decisión de la Sala de Apelación de la JEP sobre Char, en la cual habría abierto la puerta para que su competencia sobre terceros civiles o agentes del Estado distintos a la Fuerza Pública se active de manera forzosa, y no voluntaria, como lo estableció la Corte Constitucional.

“No se puede excluir en absoluto que, en una situación extrema, ante la evidencia de la comisión de serias violaciones a los derechos humanos, en ausencia de una alternativa que no conduzca indefectiblemente a mantener una situación de impunidad y de abierta responsabilidad internacional del Estado colombiano, deba, de todas formas, activarse la competencia prevalente de la JEP frente a individuos que inclusive no han manifestado su deseo de comparecer ante la jurisdicción especial”, conceptuó la sala en ese caso.

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Esto, en concepto del Observatorio, podría llevar a que en casos excepcionales se llegue a aplicar una obligación para los terceros quienes, según lo que dijo la Corte Constitucional, solo podrían ser juzgados por la JEP si acudían a ella voluntariamente.

Las codirectoras de ObservaJEP Juana Acosta-López, de la Universidad de La Sabana, y María Camila Correa, de la Universidad del Rosario, explican que esta postura, desde el punto de vista del observatorio, “es inviable, pues implicaría una contradicción con las normas constitucionales” y la jurisprudencia de la Corte.

Como explica Julián González, coordinador de incidencia de la Comisión Colombiana de Juristas, que tiene otro observatorio de la JEP, la responsabilidad internacional es de los Estados, y no de los individuos. Por eso agrega que el llamamiento forzoso no tiene sentido, como sí lo puede tener la compulsa de copias, pero en este caso la labor investigativa sigue en la Fiscalía.

Acosta-López y Correa, entonces, aseguran que hace falta un mayor desarrollo sobre este punto “con el fin de que se aclare en qué calidad acudirían los terceros civiles, para contribución o aporte a la verdad, por ejemplo”, y cuáles serían las reglas para esos casos que, en todo caso, solo pueden ser excepcionales.

Además, como recuerdan las codirectoras de ObservaJEP, recientemente la Corte Constitucional amplió el abanico de delitos del conflicto por los que los terceros pueden acogerse, pero no cambió las reglas de competencia de la JEP frente a estos.

“¿Una interpretación de tal naturaleza desconoce el principio del juez natural, que fue invocado por la Corte Constitucional para limitar el alcance del sometimiento de terceros y agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública?”, cuestiona el documento académico.

¿Inhabilidades a la vista?

Otro de los puntos analizados por el observatorio fue el de los movimientos internos en las salas. Cuando se inició la JEP, debido al desequilibrio de funciones entre salas, se adoptó una figura de movilidad en la cual algunos magistrados entraron a apoyar a otras salas.

Aunque esto permitió descongestionar las labores iniciales, despierta una preocupación, pues podrían darse conflictos de intereses porque un magistrado conozca etapas distintas de un proceso. Por eso, ObservaJEP pide que la JEP “haga públicos y transparentes” sus criterios sobre esta movilidad para futuras situaciones.

El informe igualmente habla de la decisión de la JEP de cerrar la puerta a los paramilitares que ya tuvieron su oportunidad en Justicia y Paz. Y advierte que permitir que vayan como terceros implicaría hacer nuevos análisis de fondo como fijar el límite entre el actuar de una persona que ha tenido el rol de tercero y de combatiente en un grupo armado: “¿Estos límites son temporales o pueden concurrir los dos roles? En tal caso, ¿cómo juzgar acciones que se pudieron cometer concurrentemente como acciones separadas?”.

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En cuanto a las condiciones para que los excombatientes permanezcan en la JEP y la verificación de su compromiso, dice el informe que se han establecido niveles de sanciones, desde la pérdida de beneficios hasta la expulsión, y resalta que se ha unificado el criterio con el que estos casos se estudian. No obstante, cuestiona si estos criterios se mantendrán en el futuro y si los principios dados por la Corte son suficientes para establecer la gravedad del incumplimiento.

Además, el informe dice que es necesario decantar qué sucederá cuando un compareciente no sea considerado máximo responsable de un delito. Podría aplicarse la renuncia a la persecución penal condicionada o disminuir la sanción, pero considera necesario armonizar para evitar que haya inseguridad jurídica.

Asimismo, plantea que es necesario que la JEP aclare cuál será el trámite a seguir cuando alguien que fue condenado en justicia ordinaria no acepte responsabilidad en la JEP, pues considera que no es claro si esto implicaría abrir una etapa de investigación y juzgamiento sobre hechos que ya habían sido juzgados, lo que la misma JEP ha dicho que no podría hacerse.

En otro aparte cuestiona el informe algunos vacíos y preguntas frente a la garantía de no extradición. Dice que no está claro cuál es el estándar probatorio que debe usar la JEP para determinar la fecha en la que se cometió la presunta conducta para no extraditar a un desmovilizado.

Los aciertos: expertos destacan avances en macro casos

Para el coordinador de incidencia de la Comisión Colombiana de Juristas, que también creó un observatorio sobre la JEP, “es claro que estamos muy cerca de una conclusión de los casos 01 (secuestro) y 03 (‘falsos positivos’)”, y ha habido un gran esfuerzo estatal en la acreditación de víctimas.

También resalta que, aunque puede necesitar ajustes, la JEP está adelantando una construcción de verdad dialógica, que va más allá de lo que un juez contemple, y de ella participan víctimas y victimarios. “Ha habido un ejercicio vigoroso en ese sentido”, dice.

La codirectora del ObservaJEP Juana Inés Acosta resalta cinco avances que presentó la semana pasada ante la Procuraduría: primero, que la construcción de los siete macrocasos supera la investigación hecho a hecho y apunta a “desentrañar las estructuras criminales complejas”.

En segundo lugar, la articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y con la Comisión de la Verdad, así como, en tercer lugar, que cada vez son más claras las condiciones que se le imponen a los comparecientes para verificar su cumplimiento de compromisos y que las víctimas tienen más participación en el seguimiento a esto.

El cuarto acierto que ella resalta es que el principio de justicia restaurativa –que distingue a la JEP de la justicia ordinaria– está en un proceso de “materialización progresiva”, por ejemplo, en las audiencias. Y, por último, que existe una preocupación por implementar enfoques diferenciales, como el de género, y territoriales.

Finalmente, pese a las polémicas, las cifras revelan que en dos años se ha hecho un despliegue caso por caso y que, por otro lado, han sido más los excombatientes de las Farc que no han recibido libertad condicionada que los miembros de la Fuerza Pública.

Víctimas esperan más verdad de Farc

Más allá de la polémica por la versión de los excombatientes de las Farc en el caso de secuestro, otras víctimas comparten las preocupaciones expresadas en los últimos días por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

Judith Maldonado es abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, y hace parte del equipo que representa a 453 víctimas ante la JEP. Señala que las críticas de las víctimas sí apuntan a lo que han dicho los ex-Farc en sus versiones, pero también al procedimiento en el caso.

(Lea también: Víctimas de secuestro rechazan la versión de las Farc a la JEP)

Cuestionan que al trasladar a las víctimas las versiones de los exguerrilleros, estas han recibido hasta 1.000 folios, encontrándose en muchos casos con que sus hechos o los de sus familiares no son mencionados. Esto, debido a que muchas acreditaciones de víctimas fueron incluso posteriores a que los ex-Farc dieran sus versiones individuales y colectivas. Además, afrontan la dificultad de tener poco tiempo para revisar el material.

También consideran que, aunque han enviado sus comentarios, su participación no ha sido tan directa como la que han tenido las víctimas acreditadas en el caso de ‘falsos positivos’, que han podido estar, en simultánea, en salas alternas a la de las audiencias. Las víctimas también consideran que en los pocos casos en los que las mencionan “la frustración es altísima” porque sienten que el lenguaje no es sincero ni fiel a la realidad. Por ejemplo, que los ex-Farc llamen “contribuciones” a las extorsiones bajo amenaza es algo con lo que no están de acuerdo.

La versión del antiguo Comando Conjunto Central de las Farc continuará el 27 de marzo. Aunque estaba programada para ayer, parte del equipo de abogados se quedó sin contrato y por eso pidió a la JEP que se pospusiera, a lo que esta justicia accedió.

El caso ‘Mata Hari’

Otra polémica tiene que ver con que en la amnistía a Marilú Rodríguez Baquero, la ‘Mata Hari’, por el atentado de las Farc a la Escuela de Guerra en 2006, se hable de este como un ‘acto válido’ del conflicto.

El abogado Julián González explica que “aún la guerra tiene reglas” y por eso el Derecho Internacional Humanitario estableció qué es un acto de guerra y quiénes son objetivos legítimos en esta.

En cambio, la congresista Juanita Goebertus dice que el fallo sobre Rodríguez Baquero "desconoce que el Acuerdo y la ley prohíben amnistías por crímenes de guerra" y que un carro bomba "afecta a civiles" y una escuela militar "no constituye un objetivo militar lícito bajo el DIH". 

Tras la decisión de la JEP, en el caso se escucharon fuertes pronunciamientos de distintos sectores, e incluso algunos como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pidió la eliminación de esa jurisdicción transicional.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de Justicia
Twitter: @LopezJuanDa

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