Si la tendencia continúa como va, se espera que para diciembre de 2024 hayan ocurrido 1.600 homicidios contra excombatientes de las Farc. Así lo proyecta un informe que entregó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en medio de la audiencia sobre las medidas cautelares para la protección de los miembros de la otrora guerrilla, en proceso de reincorporación.
El documento también señala la relación de estos crímenes con una situación de la que poco se ha hablado: los desplazamientos forzados a excombatientes de la desaparecida guerrilla.
(Le puede interesar: ‘La paz con las Farc no está en peligro’, dice Juan Manuel Santos)
En julio de este año, 93 personas que adelantaban su reincorporación en el espacio territorial de Ituango, Antioquia, tuvieron que ser trasladadas al municipio de Mutatá. Esto “debido a las complicaciones del orden público que según la Defensoría ha causado múltiples muertes de excombatientes”, dice el informe de la UIA.
La guerra ya es historia, pero necesitamos que nos den garantías de seguridad para reincorporarnos
De acuerdo con el reincorporado Manuel Benítez, “el 90 por ciento de esas personas eran de Ituango, tenían a sus familias allá y un arraigo; por eso fue un desplazamiento forzado. Los grupos armados mataron a 12 firmantes de la paz de ese espacio territorial”.
(Lea además: La dura carta que Piedad Córdoba les envió a 'Santrich' y Márquez)
Apenas un mes antes, 20 exguerrilleros que vivían en El Diamante, zona rural de Uribe, Meta, también tuvieron que abandonar el lugar, tras recibir amenazas de grupos armados.
“Salimos con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU, pero tuvimos que dejar las 170 cabezas de ganado de un proyecto productivo al que estamos vinculados 152 excombatientes, la maquinaria y la infraestructura”, le contó a EL TIEMPO una de las líderes de El Diamante.
Voceros de la Farc denunciaron demoras en la atención del Estado frente a estas situaciones, y dijeron que “no existe una ruta establecida para los exguerrilleros desplazados”.
Sin embargo, el tema tiene versiones encontradas con el Gobierno. Según el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, “es absolutamente impreciso que haya habido desplazamientos. Los movimientos que se han dado, en particular el de Ituango, fue un movimiento concertado, con la protección del Ejército”.
(Vea además: Video de Santrich agradeciendo a los que lo defienden por caso de coca)
El consejero aseguró que, al llegar a Mutatá, el Gobierno recibió a los ex-Farc en lotes a disposición de ellos, les proveyó viviendas temporales, educación a los niños y aseguró que se adelantan estudios de suelo para viviendas definitivas.
“Comprendo que haya sensaciones de algunos que están ubicados en corredores donde opera el narcotráfico. En esos casos hemos hecho la solicitud de que trabajemos articuladamente para que podamos fortalecer los mecanismos de seguridad”, agregó Archila.
No obstante, para Manuel Benítez son muchas las regiones en las que los ex-Farc viven bajo riesgo y no se han tomado medidas: “En las zonas de Mandé, La Blanquita, Carrisal y Algeciras también se han presentado estos hechos. El 95 por ciento de los firmantes del acuerdo seguimos comprometidos, la guerra ya es historia, pero necesitamos que nos den garantías de seguridad para reincorporarnos”.
JUSTICIA@JusticiaET
