Dabeiba y la verdad que se desentierra en otros cementerios del país

Dabeiba y la verdad que se desentierra en otros cementerios del país

La JEP adelanta inspecciones en otros cinco camposantos de al menos 14 que tiene en la mira.

Cementerio de San Onofre

En las inspecciones a los cementerios, como el de San Onofre (en la imagen), los funcionarios de la UIA toman información topográfica, fotográfica y antropológica.

Foto:

UIA de la JEP.

Por: Juan David López Morales
19 de diciembre 2019 , 06:43 a.m.

La inspección del cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, que permitió registrar 448 enterramientos a simple vista, desde bóvedas plenamente identificadas hasta inhumaciones en tierra sin identificar, fue la sexta hecha este año por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de al menos 21 que tiene proyectadas en camposantos e inhumaciones ilegales.

La búsqueda de hasta 75 posibles víctimas de ‘falsos positivos’ en el municipio antioqueño pone en evidencia que los cementerios son claves para desentrañar parte de la verdad sobre los desaparecidos en el país.

Este año, en la construcción del Plan Nacional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), las víctimas y sus organizaciones han pedido de forma insistente abordar estos espacios. Así lo confirma la directora de esa entidad, Luz Marina Monzón: “Los cementerios son unos de los lugares donde la Unidad deberá enfocar su búsqueda”.

También lo dice Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad y vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice): “Es urgente determinar una estrategia de intervención de los cementerios para evitar que sean alterados, como parece que pasó en Dabeiba. Se requiere una ruta de intervención que permita cruzar la información con los datos de víctimas de desaparición y ‘falsos positivos’”.

El Movice fue la organización que solicitó a la JEP medidas cautelares sobre 17 sitios del país –entre los cuales hay al menos 14 cementerios y varias zonas con fosas comunes– donde estarían restos de personas desaparecidas. Entre esos están los seis camposantos de Dabeiba.

Gracias a esa solicitud y a las audiencias públicas de la JEP, ya se inspeccionaron dos cementerios en San Onofre, Sucre: el central y el del corregimiento de Rincón del Mar.
Esas diligencias pusieron de manifiesto el riesgo para esos cuerpos del que hablan las víctimas.
Por ejemplo, en San Onofre, hallaron incluso huesos expuestos con evidencias físicas de haber sido quemados.

Estas primeras inspecciones llevaron a la UIA a diseñar un sistema de información para determinar el riesgo sobre los cementerios, con base en tres variables: social, administrativa y ambiental. Esto llevó a determinar que el de San Onofre tiene un riesgo 4, sobre 5 (alto), y el de Rincón del Mar, de 5 (muy alto).

El Sistema de Información para el Registro de Inhumaciones de Cuerpos No Identificados en Colombia (SIRIC) recoge información propia en terreno. Cada funcionario del Grupo Técnico Forense de la UIA –son 9 personas, entre topógrafos, antropólogos, médicos forenses, odontólogos forenses, fotógrafos, abogados y psicólogos– puede acceder a los datos “como si estuviera en el cementerio”. El detalle permite observar fotos y descripciones de cada una de las bóvedas de cada cementerio.

Un funcionario de la UIA contó que la inspección en San Onofre ha sido la más compleja y que otras siguen en curso, como la del Universal, de Medellín, donde se investiga si hay desaparecidos de la comuna 13. En este caso, la JEP determinó que las autoridades no cuentan con información suficiente sobre su situación y que “no existe certeza sobre el número de cuerpos no identificados”.

Según la alcaldía, entre 2002 y 2012 ingresaron 906 cuerpos sin identificar, pero la misma entidad reconoció que “no se sabe el lugar preciso donde reposan ni el estado en que se encuentran”.

Otra audiencia fue sobre la zona de Hidroituango. En este caso, se dictaron medidas de protección sobre cuerpos que reposan en un laboratorio de la Universidad de Antioquia y que eran del cementerio de Orobajo, en Sabanalarga, y este miércoles la JEP llamó a 10 excombatientes de Farc a dar versiones que ayuden a establecer posibles ubicaciones de cuerpos.

Otros dos camposantos inspeccionados son los de La Victoria y Norcasia, Caldas. Dabeiba fue el sexto. Y para 2020 están proyectados los registros del resto, comenzando por dos cementerios más en Caldas y uno en Antioquia.

Cementerio de Dabeiba

Este es el cementerio católico Las Mercedes, donde la JEP y la UIA adelantan exhumaciones para establecer si hay 'falsos positivos' y desaparecidos.

Foto:

JEP.

Para Monzón, el abordaje de los cementerios pasa por desafíos como las fallas en su administración o que los cuerpos no identificados suelen ser cambiados de lugar. Incluso, como algunos funcionan por pago, cuando se agota el tiempo en la primera bóveda los cuerpos suelen ser llevados a fosas y los cambios no se registran.

Estas prácticas, además, van contra las disposiciones del decreto 303 del 2015, que establece que los cuerpos no identificados no pueden ser inhumados en osarios o fosas comunes, y que se debe llevar una documentación rigurosa sobre su ubicación. Por esto, la JEP puede tomar acciones contra autoridades administrativas por el descuido evidenciado.

Este año, la UBPD ha tenido acercamientos a cementerios en Nariño, Cesar y Cundinamarca, en respuesta a solicitudes que le han llegado. También ha llegado a zonas de enterramiento ilegal en departamentos como Chocó, Valle y el Meta.

Monzón confirma que el Plan Nacional de Búsqueda, que está en borrador y debe estar listo en febrero, tendrá una línea de acción sobre cementerios y otra sobre fosas ilegales. También señala que se contemplará el trabajo hecho en otras intervenciones en marcha, como la del Plan Cementerios, que ha permitido recuperar 645 cuerpos desde 2015 en zonas de conflicto, según Medicina Legal.

Solo en Florencia, han sido individualizados 245 cuerpos, de los cuales 199 ya tienen abordaje forense y 5 han sido identificados. En contraste, en Bojayá han sido individualizados 83 e identificados 72.

Claudia Adriana García, directora de Medicina Legal, explica que estas diferencias en identificación se deben a que en casos como el de Florencia son casos dispersos y para identificar a alguien hace falta un perfil familiar con el cual se pueda cotejar. En cambio, en Bojayá se trataba de un universo cerrado de familias que aportaron sus muestras.

De acuerdo con García, el país se puede enfrentar a la búsqueda de unos 200.000 cuerpos en cementerios y zonas ilegales. No todos serían víctimas de desaparición forzada, pues las cifras más grandes sobre este flagelo hablan de alrededor de 180.000 casos.

Una mirada territorial da cuenta de la magnitud de este fenómeno. Por ejemplo, en Norte de Santander, la fundación Progresar tiene registro de 4.500 denuncias de desaparición. Según su director, Wilfredo Cañizares, solo en el cementerio de Cúcuta hay más de 300 cuerpos sin identificar. La directora de Medicina Legal incluso estima que serían hasta 900.

Progresar además tiene registros sobre municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata, en el Catatumbo, y en Venezuela, cerca de la frontera, donde habría desaparecidos colombianos en al menos 6 cementerios y en 12 zonas de enterramiento ilegal.

Cañizares explica que una de las razones por las que llegan cuerpos sin identificar a los cementerios es porque las mismas comunidades los reportan cuando encuentran sus cadáveres, pero al ser asesinados son despojados de cualquier documento que permita establecer su identidad.

Otro caso es Antioquia, el departamento con más hechos de desaparición registrados en el país, 20.286, según el Observatorio del Centro de Memoria Histórica (CMH).

Allí, son de interés el cementerio de Puerto Berrío, por los cuerpos rescatados del río Magdalena; los del oriente antioqueño, donde más casos de ‘falsos positivos’ se han registrado –a 2008, ya habían documentado cerca de 700 desde la Corporación Jurídica Libertad–, así como varios del valle de Aburrá, entre los que están el Universal y el del municipio de Bello. También en el occidente, donde queda Dabeiba y otros municipios como Frontino y algunos de los que están en la zona de Hidroituango, explica Adriana Arboleda.

Según la base de datos del CMH, Dabeiba es el sexto municipio con más casos de desaparición registrados: 579. Estos no son los mismos por los que se indaga en el cementerio, pues según el testimonio del militar que habló ante la JEP, los ‘falsos positivos’ que enterraron allí eran personas provenientes de Medellín.

Y aunque este municipio no es el inicio de ese proceso, tampoco será el final. Entre las 21 inspecciones proyectadas por la JEP, en el contexto de las medidas cautelares, quedan pendientes procedimientos en La Dorada, Riosucio, Samaná (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y los cementerios de Cimitarra (Santander) y Aguachica (Cesar), además de las fincas El Palmar y La Alemania, en San Onofre (Sucre).

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Twitter: @LopezJuanDa
Redactor de Justicia
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