De boca de siete excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc, Colombia dio este viernes un nuevo paso para cerrar las heridas de la barbarie de los secuestros cometidos por ese grupo. Por primera vez, formalmente y ante la justicia, los exintegrantes del antiguo secretariado reconocieron que existió una política (secuestraron de forma sistemática), y, además, que en medio del cautiverio ocurrieron maltratos contra las víctimas, que ellos mismos calificaron como “injustificables”.
Fuera del valor simbólico de ese reconocimiento, quedó allanado el camino para las primeras sanciones contra los máximos responsables de estos hechos: siete exjefes guerrilleros que fueron identificados en el auto de determinación de hechos y conductas del Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz, emitido el pasado 26 de enero. De hecho, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, le dijo a EL TIEMPO que las primeras condenas podrían conocerse a final de este año o a comienzos del siguiente.
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Los procesados son el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, los hoy congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo, y los líderes del proceso de reincorporación Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra. En una declaración conjunta firmada por los excomandantes, aseguraron que su reconocimiento “incluye la aceptación de los hechos y conductas descritos en el auto”. Esto incluye los crímenes de guerra o lesa humanidad de homicidio, tortura y tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Uno de los puntos clave después de la dejación de armas era aportar verdad y reconocer todos estos delitos atroces
Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el hecho de que los exmiembros del secretariado hayan aceptado que cometieron estos crímenes es una muestra de su cumplimiento del acuerdo de paz. “Uno de los puntos clave después de la dejación de armas era aportar verdad y reconocer todos estos delitos atroces”, dijo el experto.
Vale recordar que, además de desenmarañar el funcionamiento de la política del secuestro y su dimensión –la JEP encontró que hubo más de 21.396 víctimas–, el auto, de 322 páginas, relató el sufrimiento de los cautivos: casos de tortura psicológica a través de falsos fusilamientos, cobros por rescate de cadáveres, hacinamiento, golpizas durante interrogatorios, abusos sexuales, plagio de adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, entre otros hechos.
De hecho, las profesoras Juana Acosta y Camila Correa, del Observatorio de la JEP, destacaron “el reconocimiento de las denominadas ‘transgresiones’ graves al derecho internacional humanitario, la política de secuestro, de los malos tratos y de la violencia sexual.
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Además, los exjefes de la antigua guerrilla se comprometieron a localizar los cuerpos de 100 personas “que fueron secuestradas, ejecutadas y enterradas en algún lugar sin identificar”, según informó ayer la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Entre tanto, algunas víctimas de secuestro consideran que el proceso debe conducir a toda la verdad de los crímenes cometidos en el conflicto y a saber qué pasó con las personas secuestradas de las que nunca se volvió a saber
Una de las críticas que permanece es que algunos de los señalados como máximos responsables ocupen curules en el Congreso (las cuales fueron uno de los compromisos suscritos en el acuerdo de paz).
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Según el ordenamiento jurídico del país, la JEP preserva la facultad para determinar en cada caso si la sanción impuesta es o no compatible con la participación política de los excombatientes de las Farc. Sin embargo, aún falta camino para que la discusión llegue a la mesa de los magistrados del Tribunal para la Paz, y antes deberá surtirse el trámite de determinar las sanciones que les serán impuestas a los exguerrilleros.
En entrevista con EL TIEMPO, el magistrado Eduardo Cifuentes explicó que el paso a seguir es la valoración de la Sala de Reconocimiento y, si considera que hubo un reconocimiento pleno, la expedición de la correspondiente resolución de conclusiones, en la que deberá hacer la propuesta de sanciones propias. “Una vez hecho esto, luego de haber escuchado a las víctimas, la resolución se envía para la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, para que ella la analice y si la encuentra conforme, dicte la primera sentencia de esta jurisdicción”, dijo el presidente de la JEP.
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En principio, si se comprueba que los exguerrilleros aportaron verdad plena y reconocieron su responsabilidad, serían acreedores a una sanción propia, que es restaurativa y reparadora y tiene una duración de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.
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