'Gobierno Duque se ha esforzado pero hay incumplimientos del acuerdo'

'Gobierno Duque se ha esforzado pero hay incumplimientos del acuerdo'

Consuelo Corredor, de comisión que verifica lo pactado, habla de retos de la paz en su tercer año.

Consuelo Correrdor

Consuelo Corredor, coordina el equipo de Cinep que hace parte de la secretaría técnica que acompaña a los 'notables' Felipe González y Pepe Mújica en su seguimiento al acuerdo de paz.

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Cinep

Por: Juan Camilo Pedraza
12 de diciembre 2018 , 07:41 p.m.

Consuelo Corredor tiene a su cargo el equipo del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que, junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), hace la secretaría técnica de la verificación internacional de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, que está a cargo del expresidente del gobierno español Felipe González y del expresidente de Uruguay Pepe Mujica.

Este jueves, con Cerac, el Instituto Kroc, de Estados Unidos, y la ONU –que también hacen la verificación oficial de los compromisos del acuerdo-, el Cinep encabeza el foro 'Perspectivas del acuerdo de paz a dos años de su firma', en la Cámara de Comercio de la avenida Calle 26.

Con varios expertos analizarán el futuro inmediato de lo pactado con las Farc. Particularmente, en su tercer año de implementación, que inicia bajo el gobierno de Iván Duque. En diálogo con EL TIEMPO, Corredor afirma que los mayores desafíos están en tierras, participación política y justicia transicional.

A pesar de los cambios positivos que ha traído para el país lo acordado con la exguerrilla, alerta de riesgos en materia de seguridad jurídica de excombatientes que podría llevar al aumento de las disidencias, en el mejor de los casos. Antes que nada, hace un llamado tanto a funcionarios locales como nacionales a que conozcan debidamente los compromisos que tienen respecto a lo acordado en La Habana, pues según dice, todavía hay quienes no lo tienen claro, o por lo menos parecen no tenerlo.

"El acuerdo inicia su tercer año de implementación con un avance normativo importante, pero aún inconcluso. En eso hay que insistir, porque el legislativo tiene una obligación sumamente importante", enfatiza Corredor.

¿Cómo ha recibido la gente en los territorios los cambios que les ha llegado con el acuerdo de paz?

La mirada urbana es muy distinta a la rural. En la urbana, por lo general, uno puede apreciar escepticismo, desinterés y por supuesto muchos sectores que se oponen al acuerdo. En lo rural, en buena parte de los municipios que estaban azotados por el conflicto armado es muy estimulante escuchar a las comunidades, la enorme participación que ha habido en los procesos de construcción del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS) por parte de las organizaciones de víctimas, porque sí tienen una esperanza.

En estos territorios, el hecho de que la gente pueda salir a la calle sin temor, de noche, y que pueda participar en elecciones sin temor, realmente es una ganancia enorme.

Hago una invitación a que conozcan el acuerdo porque es lamentable que uno se encuentra con autoridades y funcionarios públicos que no tienen ni idea de lo que dice y lo que dijo la Corte.

¿Y cuáles son las perspectivas para ellos en el punto uno del acuerdo, en el de tierras?

En este punto sobre las claves territoriales para la implementación, que se discutiran en un panel en el foro, es el gran reto para la implementación del acuerdo final. Hay que sacar adelante la modificación de la ley tierras, la creación del catastro multipropósito y las jurisdicción agraria. Eso es fundamental, la nuez del acuerdo final.


¿Y en este tema que tan claves son los denominados PDETS?


Son varios puntos claves porque si bien uno tiene que reconocer los compromisos allí establecidos son de muy largo plazo, de todas maneras sí hay compromisos de corto y mediano plazo que van a ir sentando las bases para el desarrollo de una reforma rural integral. En ese sentido, esos planes de desarrollo tienen un lugar muy importante porque de lo que se trata es de promover el desarrollo local y que esa participación que ha habido en su construcción realmente sean recogidos para los Planes de Acción para la Transformación Regional. Estos, que ya escalan, como su nombre lo indica, a nivel regional, tienen que estar consignados en el Plan de Desarrollo que tendría que estar listo a comienzos del próximo año.  

Eso está previsto en el Conpes 3932 de 2018 y la Corte Constitucional así lo decidió cuando avaló el acto legislativo que estableció que durante los próximos cuatro años el Gobierno debería contemplar un plan de inversión plurianual en el plan de desarrollo.

¿Y cómo va la marcha de esos PDETS en la práctica?

Ahí hay una preocupación muy grande porque de los 16 PDETS que debería haber y ninguno se ha implementado. Tienen que estar articulados con el Plan de Desarrollo. En cuando a los Planes de Acción Regional, dos se habían aprobado en el pasado Gobierno y seis en este. Por supuesto eran procesos que venían en marcha y se han concluido.

En materia de los planes para la reforma rural integral ninguno se ha aprobado. Estos se deben referir a todos los requerimientos que hay en servicios sociales, de infraestructura y temas productivos, por eso consideramos esto como uno de los mayores retos a corto plazo, poder concluir los planes de acción para la transformación regional que faltan y a su vez la construcción de planes de la reforma rural integral para que se puedan incluir en el plan de desarrollo.

Tanto el gobierno Santos como el gobierno actual han hecho una serie de esfuerzos en materia legislativa, sin embargo las circunscripciones transitorias de paz otra vez se hundieron

¿Cuáles son las perspectivas en participación política, que parece uno de los que más ha avanzado?

Sin duda se han dado muchos avances, por ejemplo el hecho de que las Farc sean un partido y no una guerrilla. Con todas las dificultades que ha habido en materia de reincorporación, es un logro a la vista que Farc tenga asiento en el Congreso.

Tanto el gobierno Santos como el gobierno actual han hecho una serie de esfuerzos en materia legislativa, sin embargo las circunscripciones transitorias de paz otra vez se hundieron y eso es un claro incumplimiento. Además, es una deuda que se mantiene con las víctimas. La reforma política también está en discusión, pero quizás la preocupación en esta materia es la continuidad de la violencia sobre los líderes sociales, defensores de derechos humanos y de los excombatientes de las Farc a pesar de distintos esfuerzos. Estos días conocimos la misma preocupación del relator de Naciones Unidas porque es una verdad de a pulso.

Hemos visto que se da una problemática adicional: el deterioro relativo a las condiciones generales de seguridad de algunos territorios priorizados en el posconflicto. Hablamos de Nariño, Cauca, Nordeste antioqueño, el Catatumbo.

¿Esto último a qué se debe, por qué no se ha podido frenar?

Esto tiene dos caras porque hay que reconocer que la reducción de homicidios ha sido sumamente importante desde la firma del acuerdo en 2016. Pero como hay una recomposición de actores armados, de los territorios dejados por Farc y que no han sido copados oportunamente por el Estado, esto se ha traducido en una violencia selectiva en contra de líderes, defensores y excombatientes. Es un asunto que viene desde el gobierno Santos, pero cada vez es una situación más compleja. Van más de 200 asesinados y tiene que enfrentarse de una manera más efectiva porque a todas luces los resultados no son los esperados.

La JEP ya lleva más de 10 meses en marcha, la Comisión de la Verdad inició labores públicas hace días y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos es quizás la que menos avanza. ¿Qué le espera al sistema de justicia transicional esta nuevo año?

Hay que decir que es enorme el esfuerzo que han hecho las entidades para entrar en funcionamiento. Como bien lo dices, la JEP está en pleno funcionamiento y ya avanza en sus funciones judiciales, ya han comparecido exguerrilleros de las Farc, agentes del Estado y civiles y eso es de la mayor importancia.

La Comisión de la Verdad, tras el periodo de alistamiento, entró el 29 de noviembre en operación públicamente. Y lo mismo se puede decir de la Unidad de Búsqueda, pero hay que decir que de estas tres entidades esta ha sido la que más dificultades ha tenido por diversas razones de orden administrativo y financiero. Sin embargo, parcialmente las ha resuelto y podemos decir que las tres entidades están en pleno funcionamiento.

¿Y, en lo inmediato, cuáles son las preocupaciones para la justicia transicional?

Que los recursos que requerían para 2019 las tres entidades fueron disminuidos de manera significativa, pero quizás los temas que más preocupan son los proyectos de ley en el Congreso que buscan una modificación a la JEP. De hecho, en estos días el fiscal de la Corte Penal Internacional advirtió que esas modificaciones podrían tener unas repercusiones en la competencia que le corresponde a ese organismo.

El otro tema que preocupa también es el que aún hay varios excombatientes privados de la libertad y en ese sentido ¿cómo vamos a hablar de una reincorporación exitosa sino tienen garantías de seguridad y jurídicas, que no es exclusivamente el caso de los excombatientes privados de libertad?. El asunto de Santrich que está sin resolver es una clara muestra de inseguridad jurídica. El otro tema es el precario funcionamiento del sistema autónomo asesoría y defensa para las víctimas y comparecientes de la JEP. Ellos tienen que tener todas las garantías en ese sistema para comparecer.

Finalmente, habría que decir que hay una deuda con relación a lo que está establecido en el acuerdo, que es sobre la modificación a la ley de víctimas y eso realmente no ha avanzado. Ese es uno de los retos que estamos planteando en el sentido para que propuestas de varias reuniones y procesos participativos por parte de las víctimas se tengan en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo y el compromiso de la modificación de la ley 1448 de las víctimas, que está prevista en el acuerdo y aún no se ha realizado. También falta el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el procedimiento de la JEP.

¿Qué riesgos para el acuerdo trae la inseguridad jurídica y puntualmente el caso de Santrich, si es extraditado?

Creo que eso le correspondería decirlo al partido Farc, pero desde el punto de vista de la inseguridad jurídica no solo de Santrich, sino de excombatientes privados de libertad realmente tiene repercusiones en excombatientes a distintos niveles, no solo de excomandantes, sino también a nivel medio y raso. Si no saben qué va a pasar con ellos, los riesgos que hay es que vayan a aumentar las disidencias y en un caso extremo que vuelva a ver un rearme, que ojalá eso nunca suceda. Se necesita una señal de confianza de un camino jurídicamente despejado para quienes dejaron las armas. Para nadie es un misterio que una guerrilla cuando deja las armas para tener una seguridad jurídica y participar en política, de otra manera nunca se podría llegar a una negociación.

El gran reto para de aquí en adelante es resolver los problemas de reincorporación, desde los problemas físicos, en los espacios territoriales, hasta la seguridad jurídica. E igualmente importantes son los proyectos productivos que permitan una reincorporación económica a los excombatientes.

La JEP está en pleno funcionamiento y ya avanzan en sus funciones judiciales, ya han comparecido exguerrilleros de las Farc, agentes del Estado y civiles y eso es de la mayor importancia.

El 2019 es un año electoral a nivel regional. ¿Cuál es el llamado a esos candidatos locales sobre los temas del acuerdo de paz?

Lo primero, de la manera más cordial, es una invitación a que conozcan el acuerdo porque es lamentable que uno se encuentre con autoridades y funcionarios públicos que no tienen ni idea de lo que dice lo pactado y lo que dijo la Corte. Tendría que haber un proceso pedagógico muy fuerte con los candidatos para que puedan pronunciarse sobre sus compromisos con el acuerdo.

La trasformación del campo depende en buena medida de la actitud de estos mandatarios en promover el desarrollo local, para promover la participación con equidad. Uno sí esperaría que en los debates electorales que haya una exigencia para que estos temas entren y que la ciudadanía pueda conocer sus compromisos. Lo contemplado en el acuerdo es en beneficio para todo el país.

Lo segundo es el llamado a respetar las demandas de la gente, tanto en los PDETS como en los planes de acción regional, como las propuestas de organizaciones de víctimas, de mujeres y pueblos étnicos. En materia de defensa y prevenir los asesinatos de derechos humanos siempre se ha insistido en un problema de autoridades del nivel central, Ejército y Policía, sino también de las locales y de hecho las autoridades locales tienen una serie de obligaciones en materia de alerta temprana, para trabajar este tema con la Defensoría del Pueblo.

¿Cuál es su conclusión sobre los funcionarios encargados de la institucionalidad de la paz en el gobierno Duque y qué actitud deberían tener para este cuatrenio?

Hay unos puntos interesantes, como el hecho de que el Gobierno haya prolongado más la misión de verificación de Naciones Unidas o la interlocución en la CSIVI, que es la instancia de diálogo entre Gobierno y Farc. Sin embargo, no hay una decisión todavía sobre la continuidad de esta, que debe ir en principio hasta abril.

Pienso que un deber de cualquier Gobierno, y específicamente de este, es que los funcionarios y los responsables de la implementación de los acuerdos los conozcan y respeten los procesos que ya se han adelantado, porque tenemos que construir sobre lo construido. No podemos desconocer el trabajo que se ha realizado, no solo en la negociación, sino de estos dos años.

De igual manera, comprometerse. De hecho el plan marco de implementación, que luego se volcó en el Conpes 3932, claramente establece cuáles son las entidades responsables de los compromisos gruesos del acuerdo. Pienso que debería haber una rendición de cuentas de los funcionarios públicos, locales y nacionales, pues es un mandato constitucional y creo que la entidad llamada a monitorear eso es la Procuraduría.

JUAN CAMILO PEDRAZA 
Redacción Paz y Justicia@JCamiloPedrazaM

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