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El clamor de Buenaventura para recuperar a sus desaparecidos
Estero San Antonio en Buenaventura

La JEP inició un estudio de medidas cautelares en el estero de San Antonio, en Buenaventura.

Foto:

Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

El clamor de Buenaventura para recuperar a sus desaparecidos

Hasta los lugares comunes están marcados por la violencia. Acá, en esta ciudad-puerto de 6.000 kilómetros cuadrados a orillas del Pacífico, aseguran con frecuencia que “uno no puede decir que está viviendo sino sobreviviendo”.

Acá, en Buenaventura, los pobladores repiten que todos saben que “hay lugares a los que usted entra sin saber si sale”, que “uno sale de su casa pero no sabe si regresa”. Y hay registros de por lo menos 841 personas que nunca regresaron. Que fueron desaparecidas por cuenta de la guerra.

Pedro Gabriel es una de ellas. La última vez que lo vieron fue el 23 de marzo del 2000, tenía 18 años. Salió a comprar el mercado y no volvió. “No se sabe si fue que los paramilitares, la guerrilla o alguna banda lo cogió, si estaba en el lugar incorrecto, si lo confundieron o lo agarraron por no ser de acá y se lo llevaron para el estero”, dice Luz Dary Santiesteban –50 años, voz grave–.

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Además de ser la hermana de Pedro, es una de las fundadoras de la Asociación Madres por la Vida, que agrupa a 87 familias víctimas del conflicto, entre las cuales hay 58 casos de desaparición forzada.

Para los bonaverenses, la esperanza de encontrar a sus parientes tomó un nuevo respiro la semana pasada, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) estuvieron en el puerto y firmaron un pacto, junto con otras instituciones, para acelerar el hallazgo de los desaparecidos. Incluso, la JEP comenzó el estudio de medidas cautelares sobre el estero San Antonio, una pronunciada entrada del mar en la tierra donde varios grupos armados han asegurado haber arrojado los cadáveres de sus víctimas.

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El lugar había sonado hace casi una década, cuando el Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que abriría la licitación para una obra de dragado de profundización.

Sin embargo, solo hasta finales de 2019 la entidad adjudicó los contratos, por 14.307 millones de pesos, para dragar 624.000 metros cúbicos y mejorar la navegabilidad del estero. Esa obra podría ser suspendida si el tribunal transicional concluye que su ejecución impide, como aseguran las víctimas, la búsqueda y reconocimiento de los desaparecidos.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas firmó en Buenaventura un pacto por la búsqueda de los desaparecidos.

Foto:

UBPD

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Una red de autopistas de agua entre el mar y el monte. Así describe los esteros monseñor Rubén Darío Jaramillo, el obispo de Buenaventura. Aunque en esta ciudad del Valle del Cauca hay decenas, el de San Antonio es el más conocido.

Tanto, que el sacerdote lo compara con una terminal gigante: “Llegan lanchas de todo tipo: están los pescadores, los barcos de cabotaje que transportan mercancía y pobladores del Chocó y el Cauca, y por esa autopista también se mueven los grupos ilegales. Sacan droga, ingresan armas y cometen delitos”.

En los barrios de bajamar, que conlindan con los esteros, los bonaverenses se han convertido en testigos silenciosos de una barbarie difícil de denunciar. A pesar de los billonarios movimientos comerciales del puerto de Buenaventura –el principal de Colombia, por donde se moviliza el 45 por ciento de la carga internacional–, el 41 por ciento de sus 313.508 habitantes viven en pobreza multidimensional. Y es sobre todo en esos barrios de casas de madera y con escaso acceso a servicios públicos donde los armados han implantado su ley y asentado sus sitios de tortura.

Según ha documentado la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el estero de San Antonio y sus alrededores grupos criminales como el Bloque Calima de las Auc, ‘La Empresa’ y ‘Los Urabeños’ implantaron sistemáticamente prácticas de desaparición. En barrios como el Alfonso López, la Inmaculada, Pampalinda y el Lleras se instauraron casas de pique, donde desmembraban los cuerpos de las víctimas, cuyos restos luego eran “dispuestos en acuafosas en los esteros, en cementerios clandestinos o arrojados al mar en bolsas plásticas”, muchas veces rellenadas de piedras o cemento para que los cuerpos se hundieran en el agua.

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No se denuncia porque la gente tiene miedo, pero todos saben que hay lugares de los que la gente no sale, donde los matan y los desaparecen sin que nadie vuelva a saber de eso

Pese a que la mayoría de esos hechos se registraron entre el 2000 y el 2015, y las autoridades aseguran que no han vuelto a suceder, los pobladores dicen lo contrario: “Acá todo el mundo sabe dónde quedan esas casas de pique y qué hacen con la gente ahí dentro, pero eso no se puede hablar”, contó una mujer que pidió no mencionar su nombre.

Monseñor Jaramillo también asegura que la barbarie sigue vigente. “Las autoridades parece que esperan que cuando pican a una persona, le gente les lleve una fotografía para probarlo. Eso no se dice, no se denuncia porque la gente tiene miedo, pero todos saben que hay lugares de los que la gente no sale, donde los matan y los desaparecen sin que nadie vuelva a saber de eso”, cuenta el obispo.

En Buenaventura hay más de 800 desaparecidos, los cuerpos de varios de ellos estarían en el estero San Antonio.

Foto:

UBPD

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“¿Será que si me como este pescado me estoy comiendo a mi hermano?”, se pregunta Luz Dary Santiesteban. Esa duda, dice, le aparece de tanto en tanto a quienes conviven con la incertidumbre de la desaparición, quienes saben que los restos de sus familiares pueden estar en ese mismo pedazo de mar que le provee el sustento a buena parte de Buenaventura.

“¿Sí ve el daño psicológico que eso le causa a uno? Yo digo que la desaparición es el peor de todos esos hechos victimizantes, porque el interrogante está ahí: no se sabe si están vivos o muertos, uno no puede hacer el duelo. Acá muchas personas viven del mar. Vaya uno a saber si esas jaibas, gualajos, camarones, si esos animales que pescamos no comieron de nuestros familiares y ahora nosotros nos los estamos comiendo”, dice esta mujer negra que llegó desplazada del Chocó a finales de los 90.

Marisol Congollo, quien también hace parte de Madres por la Vida, cuenta que parte de la labor de la asociación se centra en hacerles acompañamiento a las víctimas. No son, dice, “ni abogadas ni psicólogas”, pero están pendientes de instruir a las personas para que pongan una denuncia, para que soliciten una muestra de ADN, para salir a buscar por los barrios y hasta los basureros a quienes desaparecen. En últimas, para caminar juntas y darse fuerza entre todas.

Acá muchas personas viven del mar. Vaya uno a saber si esas jaibas, gualajos, camarones, si esos animales que pescamos no comieron de nuestros familiares y ahora nosotros nos los estamos comiendo

Pero eso también tiene su precio. Marisol pertenece, además, a la Mesa de Víctimas y al Comité del Paro Cívico de Buenaventura, y sabe que para quienes ejercen el liderazgo social el riesgo va en aumento.

“Acá la violencia no es de muchachos que quieren jugar a los pistoleros. Ya estamos tomando conciencia de que cuando matan a un líder la comunidad no se tiene que dispersar por miedo. Nos tendrán que matar a todos para que paremos”, dice.

La última vez que Marisol supo algo de su esposo fue el 2 de septiembre de 2010. A pesar de que denunció su desaparición, asegura que lo único que ha hecho la Fiscalía es llamarla cada dos años a preguntarle si hay novedades, “pero no a decir en qué han avanzado con la investigación”.

La historia de ese ser querido del que se perdió el rastro está grabada en la ‘colcha de la memoria’, una suma de retazos de tela que Madres por la Vida empezó a formar con las historias de los familiares que han sido víctimas del conflicto. Calculan que tiene 12 metros de largo por cinco de ancho. Y seguirá creciendo si no se detiene la violencia en el puerto.

(Más notas: Obra en estero de Buenaventura podría ser detenida para buscar cuerpos)

Fabiola Rodríguez, una negra de cabello crespo y dientes pequeños, tiene en esa colcha la historia del hijo que le mataron frente a ella, en el andén de la casa, en 2007. Después de eso, se juntó con otras mujeres y fundaron Madres por la Vida. Ella está en la búsqueda de dos primos y un sobrino, que también fueron desaparecidos.

“Es importante que ese pacto por la búsqueda que se firmó con el sistema transicional se cumpla. Sobre esa obra del dragado del estero, nosotras no estamos en contra de que se haga, pero sí queremos que primero puedan hacer las labores para encontrar a nuestros seres queridos”, dice Fabiola.

Aunque el trámite para empezar las acciones de búsqueda apenas está por comenzar, su compañera Luz Dary Santiesteban asegura desde ya: “Si eso se pone en marcha, ya esta negra puede morir tranquila, porque a mis familiares y los de cada una de las mujeres que acompañamos se les va a poder dar el homenaje que se merecen, va a haber la oportunidad de hacer un duelo, visitarlos en ese lugar sagrado y llevarles esa flor que no tenemos a quien dejarle”.

JULIÁN RÍOS MONROY
En Twitter: @julianrios_m
justicia@eltiempo.com

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