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JEP Colombia

Claves para definir la ruta para 1.384 ex-Farc que están en 11 zonas

En el campo que queda en la mitad del ETCR las banderas de Colombia y del partido político Farc, surgido tras el acuerdo de paz, ondean juntas.

En el campo que queda en la mitad del ETCR las banderas de Colombia y del partido político Farc, surgido tras el acuerdo de paz, ondean juntas.

Foto:María Isabel Ortiz / EL TIEMPO

Existencia legal de sitios termina el 15 de agosto. Futuro de quienes están allí será concertado.

El futuro de 1.384 exguerrilleros de las Farc, ubicados en 11 zonas de reincorporación en las que no podrán continuar por varias razones –de seguridad, por dificultad para llevar infraestructura básica o porque no se pueden comprar los lotes–será definido luego de visitas a terreno en las que se buscarán alternativas concertadas con ellos. Los alcaldes y las propias comunidades serán claves para la reubicación de los exguerrilleros.
Ellos y sus familias están hoy en esos 11 denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), de los 24 que existen. Los otros 13, a diferencia de estos, sí cuentan con el aval del Gobierno para su transformación de zonas temporales a permanentes.
Este 15 de agosto marca el cierre de una etapa importante dentro del proceso de paz con las Farc, pues ese día los ETCR, que fueron contemplados en el acuerdo de La Habana para que los excombatientes hicieran su paso a la vida civil, llegan a su fin como figura jurídica. Esos sitios, inicialmente denominados zonas veredales, fueron 27 y en ellos, a comienzos de febrero de 2017, se concentraron los miembros de la hoy extinta guerrilla para entregar las armas.
La vigencia de los espacios, según el acuerdo, era de dos años, periodo que ya venció, pero que el presidente Iván Duque decidió extender hasta mediados de agosto de este año, junto con el abastecimiento necesario de parte del Estado.
De los más de 7.000 guerrilleros y 3.000 milicianos de las Farc que ingresaron a esas zonas para desarmarse, hoy permanecen 3.366 excombatientes, y con sus familias suman unas 6.500 personas. En todo caso, quienes salieron de allí siguen atados a sus obligaciones de reincorporación.
Solo en los 13 espacios que se convertirán en zonas permanentes y que cuentan con el visto bueno del Gobierno para ello, hoy residen 1.982 exguerrilleros.

El 15 de agosto no es una fecha apocalíptica, sino de transición.
Es cierto que ya se definieron 11 espacios, pero también, que hay flexibilidad de diálogo.

Sin embargo, esa transformación a permanentes dependerá en últimas de las autoridades locales, que tendrán que definir la forma en la que se integran dentro de su plan de ordenamiento territorial. Pueden ser nuevos corregimientos, ampliación de estos o nuevas zonas rurales, según sean definidos por cada uno de los alcaldes y consejos municipales.
El caso de los otros 11 espacios es distinto. En estos, el Gobierno encontró “barreras” que impedirían su mantenimiento. Sin embargo, esta situación será verificada, según le dijo a EL TIEMPO el director de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), Andrés Stapper.
“Hay rutas y mecanismos de revisión. Para el Gobierno lo ideal sería no trasladar ninguna zona”, señala Stapper, para quien de todas formas, según un estudio que realizó la ARN, la recomendación es no continuar con esos 11 espacios.
Una de las barreras es que están en reservas forestales, resguardos indígenas o consejos afro, con lo cual se imposibilita mantener casas o proyectos productivos. Otra talanquera es la seguridad, como en Filipinas, Arauca.

‘Agosto no es el apocalipsis’

Algunos de los espacios se van a convertir en el sitio de vivienda definitivo; en aquellos casos en que no, el Gobierno ya tiene previstos los terrenos a los cuales les sugeriríamos que se desplacen los exguerrilleros. Obviamente, vamos a mantener los pagos de arrendamiento en cuanto no tengamos los definitivos”, sostiene Emilio Archila, el consejero presidencial para el posconflicto.
En el estudio sobre los espacios se contemplaron cinco variables: el acceso a la tierra, la seguridad multidimensional (no solo física de los excombatientes, sino la del mismo terreno), la provisión de bienes y servicios, avance de productos productivos y la capacidad municipal para atender las necesidades básicas del sitio. Por eso es clave el apoyo de los alcaldes.
Para superar las “barreras” que tienen 11 sitios frente a esas variables, el Gobierno, el partido Farc y la ONU realizarán visitas a estas zonas del país, en principio, hasta el 6 de julio. Pero sobre todo, esas visitas serán para llevar un mensaje de tranquilidad a los excombatientes que residen allí con sus familias, y que tienen pequeños proyectos en su paso a la legalidad; para aclarar el malentendido de que en agosto esas zonas serán “demolidas” o desalojadas.
“El 15 de agosto no es una fecha apocalíptica, sino de transición. Las visitas son de explicación. Es cierto que ya se definieron 11 espacios, pero también que hay flexibilidad de diálogo”, dice Alessandro Preti, encargado de la reincorporación de la Misión de la ONU, que verifica el cumplimiento de este punto del acuerdo de paz.
Luego de esas visitas, se espera que salga una hoja de ruta para la transición que dure alrededor de un año, de acuerdo con la ARN, en la cual el Gobierno garantice los traslados y, si es el caso, el abastecimiento. También se deberá concretar la adquisición de nuevos predios para las reubicaciones a las que haya lugar. Estos saldrían de los que tiene la Sociedad de Activos Especiales, pero no deberán tener pleitos jurídicos pendientes.
Los nuevos sitios también tendrán que garantizar vías de acceso, entre otras, para la salida de los productos de los excombatientes.
Las visitas iniciaron este miércoles, en Charras, uno de los espacios de Guaviare. Por parte del Gobierno, las encabeza Stapper, y por parte de la Farc, Pastor Alape, para quien la postura gubernamental sobre la reubicación de los 1.384 exguerrilleros de los 11 espacios presenta “incoherencias”.
Para el exjefe guerrillero no es cierto, por ejemplo, que en la zona de reincorporación de Remedios existan problemas por eventuales deslizamientos del terreno que impidan su continuidad. O que en la zona de Ituango haya riesgos de inundaciones porque el punto quede cerca de una fuente hídrica.
Para Raúl Rosende, jefe verificador de la Misión de la ONU, la conclusión luego de más de dos años de estos espacios es que “han servido para llevar la institucionalidad donde históricamente no ha habido” y aunque el Estado no llegó del todo, “sí hay avances importantes”.
De hecho, añade Rosende, las mismas comunidades se han beneficiado de la seguridad, de puestos de salud o la escolaridad que permitieron los ETCR, y un riesgo de no continuar con ellos es que actores ilegales borren lo alcanzado.

Los pagos a exguerrilleros irán hasta el 16 de julio

Al igual que en el caso de los espacios en donde exguerrilleros de las Farc vienen reincorporándose a la vida civil, la ayuda económica a la que tienen derecho por el acuerdo de paz se acerca a su final. Esos pagos, que corresponden a una asignación mensual equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo, es decir unos 745.000 pesos, van hasta el 16 de julio.
Los exguerrilleros vienen recibiendo esa renta básica desde el 2017, luego de abandonar las armas. En total los reciben cerca del 92 por ciento de los que se acreditaron dentro del proceso de paz, unos 11.000.
Sin embargo, según el acuerdo de La Habana suscrito en 2016, el dinero se entregaría solo durante los dos primeros años. Y esa fecha caduca este mes de julio, cuando se hará el último pago, confirmó Andrés Stapper, director de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN).
Junto con ese monto, los exguerrilleros recibieron un pago único de dos millones de pesos al inicio de su reincorporación. Además, quienes desarrollaran un proyecto colectivo tenían derecho a otra ayuda por 8 millones de pesos para impulsar su emprendimiento. En todo caso, el mismo acuerdo de paz contempló la posibilidad de extender esa renta básica más allá de los dos primeros años.
El acuerdo planteó que quienes continúen con una ruta educativa o un proyecto productivo podrían recibir no menos de esa asignación del 90 por ciento de un salario mínimo que venían recibiendo. En este caso, de acuerdo con Stapper, se prevé que la extensión de los pagos será ese mismo 90 por ciento, y “se quiere que sea para ese 92 por ciento de excombatientes o un porcentaje mayor”.
Para ese objetivo, agrega el director de Reincorporación, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque asegura legal y financieramente esos recursos por los próximos cuatro años. Esto sería algo similar a lo que viene haciendo el Estado con los desmovilizados de otros grupos armados que iniciaron una ruta de reincorporación y si quieren seguir manteniendo ese tipo de apoyos económicos mensuales, deben continuar cumpliendo con algunas obligaciones, como lo es su formación.
JUAN CAMILO PEDRAZA
REDACCIÓN PAZ
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