La voz de Leyner Palacios ha sonado fuerte en el pacífico colombiano. Sobrevivió a la masacre de Bojayá, en la que perdió a 28 familiares y cuatro amigos, y ha sido vocero de su comunidad, secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) y, desde septiembre del año pasado, ingresó a la Comisión de la Verdad.
Por su labor, Palacios ha sido amenazado en repetidas ocasiones.
Una de estas, en enero de 2020, cuando lo llamaron y le indicaron que tenía que abandonar de inmediato el departamento del Chocó, situación que generó, incluso, un pronunciamiento del presidente Iván Duque, quien le ordenó al ministro del Interior reunirse con el hoy comisionado de la verdad para revisar medidas de seguridad.
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Para hacerle frente a los riesgos que ha corrido Palacios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares a él y a su núcleo familiar, tras considerar que la situación reunía prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
La decisión, conocida este jueves, indica que "se identificaron una serie de indicios de falta de efectividad del esquema de protección, así como la continuidad de eventos de riesgo en contra el beneficiario".
Al momento de realizar la valoración, la CIDH consideró el rol que ejerce actualmente Leyner Palacios en el contexto del país.
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Leyner Palacios es comisionado de la verdad desde 2020.
Yomaira Garndett/ Especial para EL TIEMPO
Así las cosas, el organismo internacional le hizo a Colombia cuatro solicitudes fundamentales.
Primero, que adopte las medidas necesarias, con el correspondiente enfoque étnico y de género, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Leyner Palacios y su núcleo familiar.
Segundo, que adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que Palacios pueda seguir realizando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de eventos de riesgo en su contra.
Además, que concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes.
Y, por último, que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la resolución y así evitar su repetición.
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Eso sí, la Comisión Interamericana aclaro que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado "no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables".
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