Una nueva tensión se desató entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el exfiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez.
Esta vez, por cuenta de una revelación hecha por El Espectador, según la cual 24.000 audios del expediente del excomandante de las Farc ‘Jesús Santrich’, que estaban en manos de la DEA y la Fiscalía, le fueron negados a la JEP para su investigación sobre el guerrillero, quien hoy es prófugo de la justicia y forma parte del grupo armado ‘Segunda Marquetalia’.
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Luego de que la jurisdicción citó a una rueda de prensa extraordinaria este martes, para aclarar su actuación en el caso, el exjefe del ente acusador publicó un comunicado en el cual asegura que fue la JEP “la que falló en su deber de colaboración con la justicia global y nacional”.
Por un lado, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, dijo que la Sección de Revisión “hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión. Esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria”.
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Cifuentes puso de relieve que, por una orden de la Corte Constitucional, la Fiscalía debía remitirle a la JEP el expediente completo del trámite de extradición de Seuxis Pausias Hernández Solarte (alias Jesús Santrich), incluyendo la documentación y el respaldo probatorio (audios y videos) que estuvieran en su poder, no obstante, afirmó el magistrado, aunque algunos de esos videos fueron exhibidos en medios de comunicación, a la jurisdicción no le fueron allegados.
Frente a eso, Néstor Humberto Martínez señaló que, el 26 de julio de 2018, la Fiscalía remitió a la JEP la totalidad del expediente de extradición. Sobre la documentación y el respaldo probatorio que se pidieron además del expediente, aseguró que, “con ánimo de colaboración, el 25 de septiembre de 2018 la Fiscalía procedió a compartir con la JEP pruebas del Ente Acusador que obraban en una investigación contra el ciudadano Marlon Marín (no de alias Santrich), en la medida en que en las mismas había referencias al señor ‘Santrich’ que le permitirían a la JEP establecer la fecha del delito”.
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En cuanto al tema de los 24.000 audios, cuya mayoría le habría sido negada a la JEP, Martínez dijo que la Fiscalía compartió 12 interceptaciones que formaban parte de investigaciones contra Marlon Marín, que contribuían a “validar la declaración jurada en apoyo de la solicitud de extradición contra ‘Santrich’ ”, que había sido formalizada por EE. UU. mediante una nota diplomática del 7 de junio de 2018.
Dijo el exfiscal que en el 2018, al tiempo del trámite de la extradición, “los supuestos 24.000 audios de los que se viene hablando públicamente no formaban parte de un supuesto expediente contra alias Santrich, como lo valida la JEP, sin ningún tipo de corroboración. Es de conocimiento público que la Fiscalía abrió un expediente por narcotráfico contra ‘Santrich’ en el año 2019. Por obvias razones, ese expediente no podía existir en el 2018”.
Las aclaraciones que hizo sobre el tema Eduardo Cifuentes, presidente de la jurisdicción, fueron las siguientes:
1. En desarrollo del trámite de la solicitud de garantía de no extradición elevada por el entonces compareciente de las Farc Seuxis Paucias Hernández Solarte, la Sección de Revisión hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión. Esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria.
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2. El Fiscal General de la Nación de la época allegó, de manera informal, una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández. Esa información no contaba con informe de analista de línea, órdenes de interceptación de comunicaciones, cadena de custodia, ni actas de legalización de control posterior o control previo.
3. Mediante auto SRT-AE-047/2018, de 12 de septiembre de 2018, se ordenó requerir al Fiscal General de la Nación para que de manera inmediata diera cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en el numeral segundo del auto 401 de 27 de junio de 2018, remitiendo el expediente completo del trámite de extradición de Hernández Solarte, incluyendo la documentación y el respaldo probatorio (audios y videos) que estuvieran en su poder.
4. Distintos medios de comunicación exhibieron videos -sin audio- que, se entiende, fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación, en tanto tienen el rótulo de esa entidad. Esos videos NO fueron allegados a la Sección de Revisión, bajo el argumento de que los expedientes de extradición no contienen pruebas, sino que estas las tiene el país requirente. Así, no se atendió el requerimiento efectuado por la JEP para el aporte de los “audios y videos que [tuvieran] en su poder”.
5. El Espectador reveló que hubo 24.000 audios en la investigación contra Hernández Solarte, pero la Fiscalía solo le entregó 12 audios a la JEP.
6. Asimismo, la Sección de Revisión requirió a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para que allegara “copia de la solicitud de asistencia judicial elevada por los Estados Unidos de América dentro de la investigación adelantada contra el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte”, junto con los soportes o documentos “mediante los cuales brindó autorización a dichas autoridades extranjeras para la práctica de diligencias en territorio nacional, incluidas las proferidas por los jueces de la República”.
7. La Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación allegó las órdenes de interceptación de comunicaciones, algunos de los registros de audio, las actas de control previo y posterior ante los jueces de garantías y los formatos de cadena de custodia correspondientes a una investigación distinta a la que había en contra de Hernández Solarte.
8. En cuanto a la participación de autoridades extranjeras en el asunto, la Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación respondió que “(…) para el caso colombiano dichas personas serían particulares que sostuvieron reuniones con otros particulares entre ellos el solicitado en extradición Seuxis Paucias Hernández Solarte, en un contexto criminal que los habilitaba legalmente para realizar la grabación y/o filmación de las reuniones en las cuales participaban, circunstancia que no implicaba autorización judicial (…)”.
9. La Sección de Revisión de la JEP optó por solicitar asistencia judicial al Gobierno de los Estados Unidos para la obtención del registro videográfico de las reuniones en las que habría participado Hernández Solarte. La respuesta fue negativa.
10. Es importante recordar que al resolver la solicitud de garantía de no extradición de Hernández Solarte en el mes de mayo de 2019, la Sección de Revisión de la JEP concluyó que, pese a las solicitudes realizadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y a la Fiscalía General de la Nación, no existió, o por lo menos no se adjuntó, prueba de la asistencia judicial para la actuación de agentes encubiertos en territorio colombiano.
11. Posteriormente, la Sección de Apelación expulsó a Hernández Solarte de la JEP, al comprobarse su rearme manifiesto y su traición al proceso de paz. Vale reiterar que esa decisión se mantiene inalterada.
EL TIEMPO conoció un comunicado del exfiscal Néstor Humberto Martínez, en el cual asegura lo siguiente:
1. La Constitución dispone que la JEP debe pronunciarse exclusivamente sobre la fecha del delito fuente de una solicitud de extradición, como garantía a los desmovilizados de que no se dará curso a este trámite de cooperación judicial internacional si el ilícito ocurrió con anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.
2. Por auto del 19 de abril de 2018, la JEP solicitó a la Fiscalía remitirle todos los documentos relacionados con el trámite de extradición del señor Hernández.
3. El 26 de abril de 2018 la Fiscalía le informó a la JEP que, según lo previsto en el artículo 511 de la ley 906 de 2004 no había iniciado el proceso de extradición, porque aún no mediaba el pedido formal del Estado Requirente.
4. El 16 de mayo de 2018 la JEP inició un procedimiento de control judicial de la captura de alias “Santrich”, extralimitando sus funciones. Por ello la Fiscalía acudió ante la Corte Constitucional y mediante auto 401 del 27 de junio de 2018 se dispuso que la JEP no podía usurpar competencias de la Fiscalía en estas materias y precisó que la responsabilidad de la JEP se limitaba a evaluar “la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización”.
5. En la misma decisión la Corte Constitucional estableció que la Fiscalía remitiera a la JEP “el expediente relacionado con la solicitud de extradición del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte”.
6. Mediante comunicación DAI 20181700057811 del 26 de julio de 2018, la Fiscalía remitió a la JEP la totalidad del expediente de extradición.
7. No obstante, excediendo la orden de la Corte Constitucional, mediante auto del 12 de septiembre de 2018 la JEP pidió, además del expediente de extradición, “la documentación y el respaldo probatorio (audios y videos) que estén en su poder”.
8. A pesar de lo anterior, con ánimo de colaboración, el 25 de septiembre de 2018 la Fiscalía procedió a compartir con la JEP pruebas del Ente Acusador que obraban en una investigación contra el ciudadano Marlon MARÍN (no de alias “Santrich”), en la medida en que en las mismas había referencias al señor Santrich que le permitirían a la JEP establecer la fecha del delito.
9. Como es de público conocimiento, el video que tanto se ha echado de menos por la JEP, fue aportado a la Fiscalía de Colombia, en desarrollo de cooperación judicial, con posterioridad a mi renuncia, en mayo de 2019, luego mal podía aportarse a la JEP en el 2018.
10. Mediante comunicación del 1º. de octubre de 2018, la Fiscalía compartió doce (12) interceptaciones que formaban parte de investigaciones contra Marlon MARÍN en los radicados 201700020 y 201700088, que contribuían a “validar la declaración jurada en apoyo de la solicitud de extradición contra Santrich”, que había sido formalizada por Estados Unidos mediante nota diplomática del 7 de junio de 2018.
11. Las pruebas aportadas por la Fiscalía, junto con los documentos entregados por Estados Unidos, demostraban inequívocamente que se trataba de hechos ocurridos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, a pesar de lo cual la JEP optó en mayo de 2019 por dejar en libertad a alias “Santrich”. La apelación de esta decisión, promovida por el Procurador, nunca fue resuelta por la JEP.
12. En apenas unas pocas semanas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó mediante auto del 10 de julio de 2019 que los hechos tuvieron lugar con posterioridad al 1º. de diciembre de 2016.
13. En el 2018, al tiempo del trámite de la extradición, los supuestos 24.000 audios de que se viene hablando públicamente, no formaban parte de un supuesto expediente contra alias “Santrich”, como lo valida la JEP, sin ningún tipo de corroboración. Es de conocimiento público que la Fiscalía abrió un expediente por narcotráfico contra Santrich en el año 2019. Por obvias razones, ese expediente no podía existir en el 2018.
14. En síntesis, desde el primer momento la JEP mostró su hostilidad al procedimiento de extradición en cuestión, intentando incluso desconocer competencias de la Fiscalía, y a pesar de tener en su poder evidencias de que el delito se había cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz.
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