El Ministerio de Justicia reconoció en las últimas horas que la carta enviada a los Estados Unidos, en la que se pidió el envío de las pruebas que sustentaran la solicitud de extradición del exjefe de las Farc Jesús Santrich, preso por cargos de narcotráfico, no llegó al Departamento de Justicia de ese país.
La ministra de Justicia, Gloría María Borrero, reconoció que efectivamente, por un problema de la empresa de servicio de mensajería 4-72, la carta enviada en diciembre del año pasado,no llegó y hasta ayer estaba en Panamá.
La carta llegó al Ministerio de Justicia el 3 de diciembre y fue entregada por el correo de esa cartera a Estados Unidos terminando en Panamá.
Copia de la carta que tenía que llegar al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La JEP señaló en su momento que el trámite lo surtió con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia: "Este último remitió a la Embajada de Estados Unidos la respectiva carta rogatoria, el 10 de diciembre de 2018".
La ministra Borrero sostuvo que ya se notificó oficialmente a la JEP lo sucedido y que están pendientes de una decisión de esa jurisdicción sobre la ampliación del plazo para que puede cumplirse el trámite formal. Igualmente dijo que están pendientes de las explicaciones que de la empresa transportadora sobre lo sucedido.
Sin embargo, al no tener respuesta, la JEP siguió con el trámite y tras la notificación a las partes empezaron a correr cinco días hábiles para que la defensa de Santrich y el mismo investigado presenten sus alegatos en el caso, para luego pasar a la redacción de una ponencia sobre la viabilidad de su envío a Estados Unidos
Carta en la que que el Ministerio de Justicia notificaba que no habían llegado evidencias de Estados Unidos
Ahora la JEP tendrá que establecer si, ante esta situación registrada con la carta, se concede un nuevo plazo para que se pueda realizar correctamente el trámite ante el Gobierno de los Estados Unidos, o si sigue adelante en el estudio de la petición de extradición.
Aunque esa jurisdicción no ha hecho ningún pronunciamiento oficial, el tema está siendo analizado para definir el camino a seguir. Los magistrados buscan tener toda la información posible del caso, para tomar una decisión de fondo, y garantizar los derechos fundamentales al procesado.
REDACCIÓN PAZ
