Proyecto busca que en JEP puedan revocarse medidas de aseguramiento

Proyecto busca que en JEP puedan revocarse medidas de aseguramiento

Congresistas proponen que quienes vayan a JEP puedan pedir que levanten las medidas en su contra.

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EL TIEMPO

Por: Justicia
28 de agosto 2019 , 07:48 a.m.

Un proyecto de ley de la bancada uribista es la apuesta con la que buscan que quienes vayan a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,  puedan pedir que les revoquen medidas de aseguramiento preventivas que se hubieran dictado en su contra en la justicia ordinaria o penal militar.

La iniciativa, presentada por la senadora María Fernanda Cabal y el representante Álvaro Prada, busca adicionar dos artículos a la Ley 1922 de 2018, conocida como Código de Procedimiento de la JEP.

Para obtener esa revocatoria de medida se tendría que presentar, dice el proyecto, la manifestación expresa de acogimiento y la suscripción del acta de compromiso y se deberán aportar pruebas que permitan inferir que han desaparecido los fines que sustentaron la imposición de la medida de aseguramiento, bien sea de la justicia ordinaria o la militar.

Las medidas de aseguramiento preventivas existen en la justicia no transicional como medidas para garantizar la comparecencia de alguien a un proceso judicial, para evitar que interfiera en las investigaciones o para evitar que esa persona siga incurriendo en las mismas faltas durante el caso en su contra.

Actualmente, lo que permite la JEP son libertades transitorias, condicionada y anticipadas para quienes llevan al menos de 5 años presos, o la sustitución de la privación de la libertad intramural por la privación de libertad en Unidad Militar o Policial, para quienes llevan menos de ese periodo.

El proyecto de ley fija además un término de 10 días para que la JEP resuelva una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento impuesta antes de estar en ese tribunal transicional.

Así, el proyecto introduce dos nuevos casos en los que se producirá la libertad inmediata de una persona en la JEP: cuando se revoque la medida de aseguramiento impuesta con anterioridad al sometimiento de la JEP y/o impuestas por la JEP; y cuando exista incumplimiento del término para resolver solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada.

El sometimiento a esta jurisdicción especial constituye un hecho sobreviviente que hace desaparecer la necesidad de estar privados de la libertad

Otras causales de libertad que ya contemplaba el Código de Procedimiento de la JEP son cuando se haya cumplido la sanción ordinaria o la alternativa, hayan transcurrido 180 días contados a partir de la imposición de la medida de aseguramiento en la etapa de juicio y no se haya proferido sentencia; y cuando se haya demostrado que han desaparecido las causas o situaciones que motivaron la imposición de la medida de aseguramiento.

Los congresistas sostienen que una ley que permita la libertad, por revocatoria de medida de aseguramiento, “busca generar confianza con quienes acuden a esta jurisdicción, y que ante los beneficios que se han dado a quienes han cumplido 5 años de privación efectiva de la libertad, no se determine que quien no los tenga, y en especial aquellos que no son condenados, deban pagar una prisión preventiva superior a la que establece la justicia ordinaria”.

De acuerdo con los legisladores, en esta justicia especial no se tuvo en cuenta la posibilidad de una revocatoria, frente al hecho de que quienes tenían una medida de aseguramiento anterior a la JEP podrían terminar estando privados de la libertad por períodos superiores a los que son permitidos en los procesos ordinarios.

“Quien ha decidido comparecer a esta jurisdicción se compromete a acudir al proceso, a aportar verdad, a no repetir, y a la reparación de las víctimas, elimina la finalidad de la imposición de una medida, e incluso de una privación de la libertad, mientras espera la sentencia propia del sistema”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley.

El escrito agrega que las medidas de aseguramiento cumplen, entre otras cosas, con la finalidad de que alguien comparezca a un proceso, pero que “el sometimiento a esta jurisdicción especial constituye un hecho sobreviviente que hace desaparecer la necesidad de estar privados de la libertad”.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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