Hasta Dabeiba, Antioquia, llegaron el pasado lunes 9 de diciembre magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), personal técnico forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y un equipo de apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) para verificar en terreno las versiones de un militar, quien dijo que allí habría hasta 75 víctimas de ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’) inhumadas en fosas y cometidas por miembros del Ejército.
Según el uniformado, un batallón de contraguerrillas de la Brigada Móvil XI presentó ese número de bajas como resultados operacionales entre 2005 y 2007. El hombre dijo conocer el sitio donde fueron inhumadas: el cementerio católico Las Mercedes. También manifestó su intención de ayudar a ubicarlas, identificarlas y recuperarlas “como parte de su compromiso de contribuir a la verdad” en la JEP.
Debido a la gravedad de estas afirmaciones, antes de llegar a la zona la JEP ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de esa jurisdicción adelantar las inspecciones del terreno, que arrojaron la identificación de 201 lugares de posibles inhumaciones. Entre estos, 90 tenían algún tipo de inscripción y cinco más, pese a no estar señalizados con cruces o lápidas, “poseen rasgos típicos de lugares de inhumación”, como hundimientos en la tierra en forma rectangular de cerca de 15 centímetros de profundidad.
En las inspecciones previas a la exhumación que comenzó esta semana, y continúa, también se recogieron testimonios. Uno de estos señaló una fosa con al menos ocho personas enterradas. La UIA contrastó con información de la Fiscalía y halló que, efectivamente, hay un radicado en Dabeiba que se refiere a ocho cuerpos no identificados.
Según informó este sábado la JEP, hasta ahora han sido exhumados siete cadáveres con estructuras óseas completas, además de “numerosas estructuras y fragmentos óseos”. Sobre estos últimos, está por determinarse a cuántas personas corresponden. Además, las exhumaciones continúan.
Las posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales estarían entre los 15 y 56 años y entre ellas habría incluso personas en condición de discapacidad.
“Todas las personas eran traídas de lugares más lejanos de Dabeiba”, dijo el militar a la JEP. Según el auto que ordenó la diligencia, el militar “precisó que las víctimas procedían de la ciudad de Medellín, Antioquia, y que fueron inhumadas en fosas comunes, de forma individual o en plásticos”. “Inclusive, ustedes tienen que investigar a los jueces penales militares”, aseguró el compareciente.
También dijo que él no estuvo en ese batallón durante todo el tiempo en que habrían ocurrido esas ejecuciones extrajudiciales, porque en algunos meses se retiró para hacer cursos o para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, sí habló de haber colaborado y cumplido órdenes y se ratificó ante la magistratura en que fueron “75 resultados”.
Según un comunicado entregado este sábado por la JEP, “estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria”.
Este es el cementerio católico Las Mercedes, donde la JEP y la UIA adelantan exhumaciones para establecer si hay 'falsos positivos' y desaparecidos.
JEP.
Estas indagaciones se adelantan en el marco del caso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones presentadas ilegítimamente como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, en el que ha recibido 160 versiones por parte de uniformados que están sometidos a esa justicia y cerca de 400 victimas han sido acreditadas.
Además de las declaraciones del militar en su aporte de verdad a la JEP, en septiembre pasado el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió a la JEP ampliar la solicitud de medidas cautelares presentadas el año pasado sobre 16 lugares del país donde habría cuerpos de personas desaparecidas. El Movice pidió incluir a Dabeiba en la lista, en la que ya figuran la zona de influencia de Hidroituango, la comuna 13 de Medellín y los municipios de Betulia y Puerto Berrío, todos en Antioquia.
El Movice también denunció amenazas contra sus integrantes, por lo que la JEP pidió a la UIA estudiar el riesgo de estos y tomar “medidas de emergencia”.
Una orden similar dictó la JEP para el caso de Dabeiba, sobre una persona que podría ser testigo de los ‘falsos positivos’ denunciados por el militar.
Se trata de una persona que conoció de los procesos de necropsia realizados en el hospital del municipio y sus posteriores inhumaciones. El pasado 8 de noviembre sufrió un atentado contra su vida cuando un hombre con el rostro cubierto por un casco le disparó e impacto cinco veces.
Estos hechos se conocieron después de que el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, a cargo del caso, comisionó a los magistrados auxiliares Juan Carlos Losada y Hugo Escobar Fernández de Castro para practicar pruebas en terreno, entre las cuales entrevistaron a la persona.
Parte de esa entrevista se realizó en el cementerio de Dabeiba, donde su testimonio permitió ubicar otro punto de inhumación donde se hallaron restos de personas que, al parecer, vestían camuflados e insignias del Ejército.
Por los riesgos en la vida de esa persona, la JEP ordenó a la UIA activar de forma urgente sus competencias de protección de testigos.
En estas diligencias, todavía no han sido vinculadas víctimas al proceso porque se requiere la identificación de los restos que se hallen, a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal.
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