La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio al trámite de medidas cautelares que buscan proteger y preservar el estero de San Antonio en Buenaventura, donde las comunidades del puerto denunciaron que habrían sido arrojados cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.
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La decisión responde a la solicitud que elevaron 16 organizaciones, entre ellas la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos y la organización Madres por la Vida.
Este martes, en medio de la suscripción del Pacto por la Búsqueda en Buenaventura, y de la jornada que se llevó a cabo este 11 y 12 de abril en el puerto, la JEP anunció que se activaron todas las funciones constitucionales que tiene el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
En ese sentido, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas podrán participar en el estudio de la medida en el marco de sus competencias.
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Entre las disposiciones adoptadas por la Sección se ordenó convocar una audiencia reservada con los peticionarios, donde todos puedan ser escuchados. Se solicitó, además, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería municipal que faciliten la organización y participación de las víctimas.
Entre las ocho decisiones que adoptó la JEP, en el marco de estudio de las medidas cautelares del estero de San Antonio, se decidió vincular a esta actuación a la Alcaldía de Buenaventura, al Instituto Nacional de Vías (Invías) y al Consorcio San Antonio, quienes tendrán 15 días hábiles para que se pronuncien.
Como contó EL TIEMPO, en el estero se adelantan obras de dragado por más de 14.000 millones de pesos, que podrían ser suspendidas en el marco de las medidas cautelares, toda vez que, como han advertido las víctimas, podrían dificultar la búsqueda y reconocimiento de los desaparecidos.
La vicepresidenta de la JEP, la directora de la Unidad de Búsqueda y el presidente de la Comisión de la Verdad firmaron el pacto por la búsqueda de desaparecidos en Buenaventura.
UBPD
Además, la JEP les dio 10 un plazo de días a las partes para que informen sobre al menos dos hechos.
Por un lado, si las obras de dragado en el estero de San Antonio ya se han iniciado o se encuentran en curso o si, por el contrario, están suspendidas, indicando su causa y fecha prevista para su reanudación.
Y en segundo lugar, qué medidas se han adoptado, o se contempla adoptar, para responder a la preocupación de las personas y organizaciones sociales solicitantes de las medidas cautelares, así como otras organizaciones ciudadanas, sociales o de derechos humanos.
Con la decisión también fueron vinculadas la Fiscalía, Medicina Legal, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo para que suministren la información de la que tengan conocimiento sobre hechos de desaparición forzada sucedidos en Buenaventura atribuibles a los actores del conflicto.
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Cabe recordar que el Bloque Calima de las Auc y varias bandas criminales tuvieron como practica depositar los cadáveres en el estero.
Asimismo, las entidades deberán entregan los datos que tengan en su poder sobre la posible existencia de cuerpos o estructuras óseas de las víctimas en el estero o sus alrededores.
La Sección también compulsó copia de la solicitud de protección personal elevada por la organización Madres por la Vida, una de las asociaciones de víctimas peticionarias, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que en un término de 10 días informe todas las gestiones realizadas.
Tras conocerse el inicio del estudio de las medidas cautelares sobre el estero, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidad, Luz Marina monzón, calificó el hecho como "una decisión trascendental para las víctimas que buscan a sus seres queridos desaparecidos y que temen que los cuerpos de sus seres queridos puedan encontrarse en el estero de San Antonio".
Según aseguró, "la decisión es que tiene competencia para pronunciarse sobre las medidas cautelares de protección que se les están pidiendo sobre el estero, pero además esa decisión les permite a las víctimas emprender un diálogo con la JEP para poder explicar mucho más ampliamente cuál la situación de riesgo y cuál es el contexto sobre el cual se debe pronunciar la JEP para proteger los cuerpos que pudieran corresponder a personas desaparecidas".
Monzón también mencionó las actividades que seguirán en terreno desde la UBPD. Entre estas, avanzar en una prueba piloto a fin de determinar cuál es la mejor metodología para abordar todo el estero, "pero a la vez vamos a determinar el plan de búsqueda en el marco de este contexto complejo, particular: fosas acuáticas (como se ha denominado). La Unidad de Búsqueda deberá desarrollar su tarea humanitaria y extrajudicial", dijo.
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