Justicia transicional, entre mayores avances de implementación de paz

Justicia transicional, entre mayores avances de implementación de paz

El componente de reparación a las víctimas es el más rezagado de este punto, según Instituto Kroc.

Magistrados de la JEP

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es parte del punto quinto del acuerdo.

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Mauricio Dueñas. EFE - Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
16 de junio 2020 , 12:32 p.m.

Entre el 2018 y el 2019, el cumplimiento de las disposiciones del punto cinco del Acuerdo de Paz -cuya implementación ya terminó- aumentó del 11 al 21 por ciento. Este punto sobre víctimas en el acuerdo es uno de los más importantes por su significado en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición, como lo señala el sistema de justicia transicional diseñado en La Habana.

(Lea también: La implementación del acuerdo de paz se hizo más lenta en el 2019)

Los puntos en implementación intermedia pasaron en ese año de 9 a 12 por ciento, mientras que los de implementación mínima pasaron de 39 a 38 por ciento y los puntos sin iniciar se disminuyeron, al pasar de 41 a 29 por ciento, como señala el más reciente informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz realizado por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, presentado este martes.

Este punto, en la matriz de seguimiento diseñada por el Instituto, tiene 90 disposiciones. Mientras que la nueva institucionalidad es la que más ha avanzado, lo que más está rezagado es la labor de la institucionalidad previa, creada en la Ley de Víctimas, y la articulación entre ambas.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) hace parte de este punto y está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

De acuerdo con el informe, estas entidades “tienen la voluntad, autonomía e independencia suficientes para cumplir con sus respectivos mandatos”. Sin embargo, señala que en 2019 enfrentó dificultades en su implementación, como la demora en la entrada en vigor de la Ley Estatutaria de la JEP a causa de las objeciones presidenciales.

“Por otro lado, se evidenciaron pocos avances en la articulación el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) y la política integral de reparación”, asegura el informe, componentes que son de responsabilidad de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Al desagregar las disposiciones de este punto, se tiene que respecto al componente verdad, un 32 por ciento de disposiciones no se han iniciado, un 29 por ciento está en estado mínimo, un 7 por ciento en estado intermedio y el 32 por ciento restante ya está completo.

En justicia, está completo el 24 por ciento, otro 21 por ciento está en estado intermedio, al igual que el 21 por ciento que está en estado mínimo, mientras que el otro 34 por ciento está sin iniciarse. En materia de reparación, solo el 6 por ciento está completo y otro 6 por ciento está intermedio, mientras que el 72 por ciento está en estado mínimo y el 17 por ciento no se ha implementado.

Respecto a las garantías de no repetición, el informe señala que no hay disposiciones completadas ni en estado intermedio, que el 83 por ciento está en estado mínimo y del otro 17 por ciento no se ha iniciado su implementación.

Según el informe, entre 2018 y 2019 el SIVJRNR avanzó en la creación de espacios de interlocución con enfoque diferencial que “facilitaron un diálogo constante con las comunidades étnicas y permitieron que el enfoque étnico se aplicara en los procedimientos adelantados ante la JEP”. Además, asegura que la entrega de informes al Sistema muestra la confianza que las víctimas tienen en este.

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En el mismo sentido se abrieron los canales de interlocución para llevar a cabo el enfoque de género, que permitió la presentación de diversos informes sobre las mujeres y la población LGBT en el conflicto y sobre hechos de violencia sexual de los cuales fueron víctimas. En general, según el Instituto Kroc, la participación de las víctimas ante el Sistema Integral ha sido un avance significativo en este punto.

No obstante, “uno de los obstáculos más grandes para el Sistema ha sido la coordinación con el SNARIV, específicamente entre las entidades que componen ambos sistemas a nivel territorial”. Esto implica un trabajo articulado entre el componente judicial y el administrativo que no se está dando, según el análisis del Instituto Kroc.

Esto se refleja en que, en departamentos como Caquetá y Antioquia, las víctimas hayan tenido que repetir sus historias ante las distintas entidades, “lo cual implicó un desgaste que se podría haber evitado si dichas entidades se hubiesen articulado mejor”. Esto, según víctimas y funcionarios, se repite y profundiza en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá y otras regiones del país.

La falta de articulación entre la institucionalidad previa y la creada en el Acuerdo de Paz es tal que los jueces de restitución de tierras profieren órdenes al Centro Nacional de Memoria Histórica y no tienen en cuenta el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Aunque la Ley de Víctimas es anterior al acuerdo con las Farc, la Corte Constitucional ha señalado la importancia de que esta se articule con la implementación. “A pesar de lo anterior, durante el periodo de estudio no se registraron acciones claras y concretas para el cumplimiento de esta obligación”, concluye el informe de implementación.

Otro rezago en este punto está en la reparación colectiva. A noviembre del 2019 se habían completado los Planes Integrales de Reparación Colectiva para 15 sujetos colectivos, frente a los 736 que están registrados. El informe remarca que esta política “no ha contado con la sostenibilidad financiera necesaria”.

La recomendación del Instituto Kroc es trabajar en la articulación. “La JEP y la UARIV pueden articularse para que las actividades reparadoras presentadas por los y las excombatientes incluyan acciones previamente concertadas con los sujetos de reparación colectiva”, aconseja el informe.

JUSTICIA
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justicia@eltiempo.com  

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