Adolfo Rodríguez, un hombre delgado y de nariz pronunciada, fue asesinado el miércoles en el municipio de Fortul, Arauca. Había pertenecido a las filas de las extintas Farc y, después de acogerse al acuerdo de paz y entregar las armas, le dedicaba sus días a un proyecto de piscicultura. Tenía 48 años.
El homicidio de Rodríguez fue uno de los cometidos en esta, la peor semana en términos de asesinatos de excombatientes de las Farc.
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Solo en 72 horas, entre el 19 y el 21 de abril, acabaron con la vida de cinco de ellos. Esto, a pesar de que, en promedio, cada cinco días es asesinado un ex-Farc y que la tendencia se había mantenido e incluso había llegado a bajar. A eso se le suman dos casos (el 14 y el 15 de abril), para un total de siete en lo corrido de abril, registrados en apenas ocho días.
El día 20 de abril secuestraron y posteriormente fue asesinado Adolfo Rodríguez, quien desarrollaba su #reincorporación y proyecto productivo de piscicultura junto a la comunidad de Fortul #Arauca. Con este son 268 asesinatos, el tercero que informamos hoy. Nos duele en el alma😓 pic.twitter.com/xhTA1IWoWJ
— COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) April 22, 2021
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde la firma del acuerdo de paz –en noviembre de 2016– hasta el 21 de abril de este año, se han registrado 289 homicidios selectivos de exmiembros de la otrora guerrilla. De ese número, 264 eran comparecientes ante la JEP.
Para Camilo Fagua, miembro de la comisión de Derechos Humanos del partido Comunes –la organización política surgida de las antiguas Farc–, la situación de violencia contra los exguerrilleros es de tal magnitud que esta semana representantes de su movimiento le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en la que se analice el caso de los firmantes de la paz.
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“Acudimos a esa instancia internacional ante la falta de dirigencia del Estado colombiano para garantizar la vida y seguridad física de los excombatientes de las Farc”, señaló Fagua.
Frente a las acciones para frenar la ola de violencia contra esta población, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, le dijo a EL TIEMPO que todas las entidades competentes en el Estado están trabajando e implementando medidas al respecto. “El objetivo es que haya cero casos. El año pasado tuvimos una disminución de más del 10 por ciento frente a la cifra de 2019, y en este primer trimestre hemos tenido menos homicidios de los registrados en el mismo periodo del 2020”, resaltó el alto funcionario.
En lo corrido de 2021, según la UIA, se han registrado 24 asesinatos contra ex-Farc.
Infografía EL TIEMPO
No obstante esta tendencia a la baja, la situación genera preocupación, pues los 7 asesinatos de este mes –al que aún le resta una semana– representan más del doble de los homicidios registrados en el mismo periodo de 2020, cuando tres ex-Farc fueron asesinados.
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Expertos señalan que este comportamiento podría ser atípico y no marcar una tendencia hacia el incremento de los casos.
Sin embargo, preocupa que mientras en 2020 asesinaban, en promedio, a 1.3 excombatientes por semana, los 24 asesinatos en lo corrido de 2021 arrojan un aumento en el ritmo: a 1.5 crímenes por semana.
Para Leonardo González, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una de las causas de los crímenes contra excombatientes son las “conflictividades territoriales que se dan en las regiones, que paradójicamente corresponden a las zonas con mayor presencia de la Fuerza Pública, lo que indica que la respuesta debe ser, más que militar, de presencia integral del Estado”.
Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, los cinco departamentos con más asesinatos de reincorporados son Cauca (con 47 de los 289 casos), Nariño (37), Antioquia (35), Caquetá (29) y Meta (28).
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En estos territorios operan varios de los grupos que han sido identificados como los presuntos responsables de los homicidios: las disidencias de las Farc (31 casos), el Eln (12) y el ‘clan del Golfo’ (11). Sin embargo, en 212 de los 289 casos aún no se ha logrado establecer el autor.
Otra de las causas que explicarían los crímenes, señala González, es “la estigmatización que se ha dado desde algunos sectores que justifican el accionar violento de los grupos ilegales que hacen ejercicios de control social y territorial”.
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Al respecto, el consejero presidencial Emilio Archila señaló que “no existe negligencia ni complicidad de parte de ninguna entidad del Estado con los homicidios contra excombatientes”.
Rodrigo Londoño, jefe del partido político Comunes.
Carlos Ortega / EL TIEMPO
De otro lado, el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, le dijo a EL TIEMPO que es indispensable que el Gobierno “implemente, en su espíritu y letra, lo acordado en La Habana (Cuba)”, y subrayó que se deben poner en funcionamiento “las instancias creadas para mejorar la seguridad” de los excombatientes y líderes sociales.
“El asesinato de los firmantes del acuerdo va encaminado a generar un clima de violencia, de frustración y desesperanza entre los colombianos. Pero nuestro compromiso está en firme y va por encima de esto”, dijo Londoño.
Otra de las preocupaciones que dejan estos crímenes, como señaló esta semana el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, es que se están convirtiendo en una barrera para el acceso a la justicia.
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“Con la muerte de la persona, se extingue, asimismo, el mundo como esta lo percibía. Toda contribución actual o posible a la verdad y a la reconciliación es personalísima e irremplazable”, dijo Cifuentes el lunes en un evento en el que junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos citaron al Defensor del Pueblo y le pidieron adelantar acciones para prevenir no solo el asesinato de excombatientes, sino de líderes sociales y defensores.
Según la proyección revelada por la UIA en diciembre pasado, si la tendencia se mantiene, para finales de 2024 habrán asesinado a 1.600 excombatientes. Ahora el reto es garantizar que los crímenes paren, y como lo ha planteado el ejecutivo, se logre llegar a los responsables de los mismos.
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se refirió a las acciones que se están adelantando para contrarrestar la ola de violencia contra excombatientes.
Archila es abogado y desde el comienzo de este gobierno está al frente de la consejería para la Estabilización.
Mauricio León. EL TIEMPO
¿Qué acciones está tomando el Gobierno para proteger a los excombatientes?
No hay ninguna entidad del Estado que deba tener acciones respecto a la seguridad que no esté participando, y no hay ninguna acción que no esté siendo implementada. El objetivo del Gobierno es que haya cero casos. No hay ni uno solo de estos homicidios que se justifique.
¿Por qué, no obstante las acciones que está ejecutando el Gobierno, siguen estos asesinatos?
El objetivo es que sean cero. Sin embargo, hay que aclarar que el proceso de reincorporación de las Farc es el que menos ha tenido ataques y asesinatos de todos los procesos de desarme en Colombia.
El año pasado tuvimos una disminución de más del 10 por ciento frente a la cifra de 2019. Y en este primer trimestre hemos tenido menos homicidios de los registrados en el mismo periodo del 2020. Sumado a esto, las personas que mediante acciones de reacción inmediata salvamos superan a las protegidas durante toda la historia de procesos de desarme.
Frente a lo que está sucediendo, hay que dejar esto claro: no existe ninguna negligencia de entidades del Estado, así que los comparativos con lo ocurrido con la Unión Patriótica son absolutamente infundados. Lo que sí está pasando, a partir de análisis de la Fiscalía, es que más del 75 por ciento de estos homicidios han ocurrido en zonas donde hay narcotráfico, a manos de disidencias, Eln y el ‘clan del Golfo’.
¿Cambió la estrategia del Gobierno luego de que la JEP decretó medidas cautelares?
Frente a la participación que ha tenido la JEP, quiero decir que en este tema todos los que se sumen a hacer análisis, contribuciones e ideas están bienvenidos. La JEP analizó 60 medidas que estamos tomando, por más de ocho meses, y le dio orden a la Consejería de formalizar, a manera de un plan estratégico, lo que ya veníamos haciendo.
Esta semana murieron cinco excombatientes en tres días. ¿Qué medidas especiales tomarán respecto a esto?
Las hay todo el tiempo. Nosotros tenemos un trabajo absolutamente dinámico. De todas las entidades que participan en esta prevención, los directores técnicos se reúnen una vez cada dos semanas, analizan y adecúan las medidas dependiendo de las conclusiones que saquen frente al incremento o disminución de estos asesinatos.
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Además, las cabezas nos reunimos una vez por mes para hacer también este tipo de análisis, y la burbuja de inteligencia del Ministerio de Defensa hace seguimiento diario para adecuar las acciones de acuerdo con la situación.
En Twitter: @julianrios_m
Periodista de Justicia
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