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Ordenan a Estado diseñar plan de seguridad para excombatientes de las Farc
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Van 283 asesinatos de ex-Farc hasta el 25 de agosto de 2021.

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Joaquín Sarmiento. AFP

Ordenan a Estado diseñar plan de seguridad para excombatientes de las Farc

Van 283 asesinatos de ex-Farc hasta el 25 de agosto de 2021.

La JEP hizo esta petición. Pide poner lupa sobre quienes están en Nuevas Áreas de Reincorporación.

El asesinato de al menos 283 exguerrilleros de las Farc desde la firma del acuerdo de paz que llevó al desmonte de ese grupo, en noviembre de 2016, sigue encendiendo alarmas. 

Tras una audiencia de ocho horas, en las que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a más de una decena de instituciones del orden local, regional y nacional, el alto tribunal ordenó diseñar un plan de seguridad integral para los excombatientes.

(En contexto: JEP llamó al Estado a rendir cuentas por los 283 homicidios de ex-Farc)

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó cinco nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca para proteger a los ex-Farc que adelantan su proceso de reincorporación en el suroccidente del país, y con ello, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes que sufrieron en el marco del conflicto.

Al cierre de la diligencia judicial,  la Sección ordenó a las instituciones convocar una mesa técnica con dos objetivos centrales.

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Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc y líder del Partido Comunes, alertó a la JEP sobre los riesgos para los excombatientes.

Foto:

JEP

Primero, presentar una estrategia para garantizar la seguridad de los excombatientes que están en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), es decir, aquellos lugares —distintos a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde se aglomeran los ex-Farc.

Y segundo, diseñar una estrategia de reubicación de los excombatientes, y sus familias, que hayan salido de los antiguos ETCR, garantizándoles la protección de su vida, la libertad, salud, la vivienda y el acceso a los proyectos productivos.

La mesa técnica estará conformada por el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, con la participación del Ministerio de Defensa –Comando Conjunto Estratégico de Transición-, el Ministerio del Interior, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), la ARN, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las gobernaciones de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, la UNP y la Procuraduría Delegada ante la JEP, un delegado del Partido Comunes de cada departamento y el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU.

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No solo vulneran sus derechos y los de sus familias, sino que también se priva a los colombianos de un irremplazable fragmento de verdad y una fuente de reparación

Al Ministerio de Defensa, la JEP le ordenó proteger los lugares en los cuales se ejecutan proyectos productivos de los excombatientes en Nariño,  Cauca y Valle del Cauca, así como garantizar la integralidad de la población que ha salido de los ETCR, mientras son reubicados.

Por su parte, ordenó a las tres gobernaciones que, con la participación de los Consejos Territoriales de Paz, implemente una estrategia para la no estigmatización de los excombatientes.

Además, el tribunal le ordenó al director de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) que en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y demás entidades competentes presente un plan de acceso a la propiedad para el reasentamiento de la población de excombatientes y el desarrollo de sus proyectos productivos.​

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La audiencia

Para la magistratura es determinante conocer qué hay detrás de los crímenes, cuáles son las razones de la victimización, si hay patrones, cómo se conducen las operaciones de inteligencia para evitar la estigmatización, y si hay seguridad para quienes están en las Nuevas Áreas de Reincorporación.

Esos temas marcaron algunas de las preguntas que la Sección formuló a las entidades convocadas, con el fin de avanzar en el estudio de las medidas cautelares colectivas y así adoptar decisiones de cara a la  seguridad y para poner fin a los asesinatos.

Durante la diligencia judicial, que se llevó a cabo este martes en Popayán, los magistrados señalaron a los convocados que cuando se silencia a los comparecientes forzosos ante la JEP, no solo vulneran sus derechos y los de sus familias, sino que también se priva a los colombianos de un irremplazable fragmento de verdad y una fuente de reparación.

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"No habrá paz estable y reconciliación genuina sin un esfuerzo común de todas las instituciones que estamos aquí, para cumplir de buena fe lo acordado en los mandatos legales y constitucionales que tenemos", manifestó la magistrada Reinere Jaramillo, relatora de las medidas cautelares.

La diligencia fue ordenada debido a la grave situación de seguridad que enfrentan los firmantes del acuerdo final en el suroccidente del país.

Solo en estos tres departamentos 114 excombatientes de Farc han sido asesinados. 56 en Cauca, 40 en Nariño y 19 en Valle del Cauca.

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, al menos 21 crímenes responden a uno de los patrones identificados por los investigadores: el desmonte de proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del acuerdo de paz en los territorios.

En estos departamentos la tasa de muertes de excombatientes (5,28 por ciento) dobla la tasa a nivel nacional (2,59 por ciento). En esta zona la proporción de asesinados es 104 por ciento más alta con respecto al resto del país.

Manifestantes protestaron en marzo de 2020 en Bogotá por el asesinato de exguerrilleros de las Farc.

Foto:

EFE / Mauricio Dueñas

Más de 140 decisiones

Actualmente, dentro del trámite de medidas cautelares, la JEP ha vinculado a 30 entidades estatales y ha emitido alrededor de 140 decisiones judiciales encaminadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad y Protección.

Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa que brinde apoyo a la Fiscalía General cuando vaya a realizar actuaciones judiciales en los territorios afectados. Además. le pidió a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior que refuercen el Sistema de Alertas tempranas y sus decisiones. Y también le ordenó a la UNP gestionar recursos para completar el programa de escoltas con 683 nuevas plazas y 40 analistas de estudios de riesgo en seguridad.

(Además: así apagaron la voz del 'guardián de Caño Cristales').

Como parte de los logros alcanzados desde abril de 2020, cuando la Sección avocó medidas cautelares para la seguridad y protección de comparecientes de la Fuerza Pública y de las extintas Farc-EP, se aprobó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de Personas en Reincorporación por parte de la Mesa Técnica de Seguridad, y su implementación, por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Asimismo, se aprobó el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales.

justicia@eltiempo.com

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