Esta semana, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la implementación del acuerdo de paz con las Farc fue tema clave en la agenda del presidente Iván Duque.
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Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU, António Guterres, y jefe de la Misión de Verificación, habló con EL TIEMPO sobre la situación de seguridad de los excombatientes y los desafíos para el imperio del Estado que siguen existiendo, a pesar del acuerdo, en muchas regiones del país.
Cinco años después, ¿cuál es el balance que hace la ONU sobre el proceso de paz en Colombia?Hay que recordar siempre que el acuerdo de paz de Colombia sigue siendo un referente mundial. Sigue siendo un ejemplo: es patrimonio de los colombianos y del mundo. En este sentido, hay que seguirlo protegiendo. Ahora, claramente en la implementación de los acuerdos hay dificultades, obstáculos y desafíos, nunca son perfectos.
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Hay áreas en las cuales se avanza mejor, otras en las que se avanza menos y otras en las que no se avanza. A juicio de Naciones Unidas se ha avanzado bastante en temas de reincorporación, sin que esto esté ausente de desafíos: por ejemplo, más de la mitad de los excombatientes están vinculados a proyectos productivos y eso es importante. También hay inversiones importantes en territorios afectados históricamente por el conflicto.
Desde la firma del acuerdo de paz hasta septiembre de 2021 se registraron 289 asesinatos de ex-Farc, según la ONU.
Joaquín Sarmiento. AFP
Pero hay áreas que nos preocupan por su poco avance o por la naturaleza del desafío, como es el tema de seguridad de excombatientes y de liderazgos sociales y comunitarios, a pesar de esfuerzos que sí ha hecho el Gobierno para protegerlos. El tema de la seguridad de los excombatientes es la principal preocupación.
Son excombatientes que dejaron las armas de buena fe, que siguen en su proceso de reincorporación, que tienen una serie de obligaciones que todos esperamos que cumplan, y por eso es la principal prioridad del secretario general de la ONU y la principal prioridad nuestra. Tiene que haber no solamente una reducción, sino una eliminación del asesinato de excombatientes.
Reconocemos que se han tomado medidas. Pero cuando se habla de vidas humanas no hay reducción que valga, tiene que ser cero
Una sola muerte es una tragedia y no debería de suceder. Reconocemos que se han tomado medidas: en lo que va de este año ha habido una reducción. Pero cuando se habla de vidas humanas no hay reducción que valga, tiene que ser cero.
¿Cuáles regiones les preocupan más en materia de seguridad en este momento?Hay varias regiones que están en situaciones complejas: el Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó, que son varias de las zonas afectadas por el conflicto y que tienen esta misma problemática de la limitada presencia estatal, economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal y pocas opciones de desarrollo. Son estas zonas en las que se requieren más esfuerzos, porque, de hecho, en 25 municipios de estos departamentos es dónde se concentra entre el 60 % y el 70 % de los homicidios de excombatientes y de líderes sociales.
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Sí se ha trabajado, a juicio nuestro, en esas prioridades. Ahora, siguen pendientes resultados concretos en varias de ellas. Yo mencionaba el tema de seguridad, que es el que más nos preocupa, y hay recomendaciones y observaciones relativas a acciones puntuales que pueden servir para mejorar esta situación, sea a través de la reacción a las alertas tempranas, o de fondear de manera adecuada la UNP, por ejemplo.
Ahora, en el tema de la presencia que hace el Estado todavía faltan muchos avances: entonces sí señalamos esa área como prioritaria. Se trata de incrementar la presencia integral tanto de fuerza pública como de instituciones civiles, de servicios y programas sociales. La promesa del acuerdo de paz es llevar más Estado al territorio, particularmente a estas áreas históricamente afectadas.
Esperamos que lo que queda de esta administración, y ahora que estamos a las puertas de un futuro proceso electoral, eventualmente los gobiernos que se formen, tengan en su agenda esta integración del territorio afectado por el conflicto.
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Para nosotros, la voluntad de las partes de cumplir está ahí. Hay logros y avances claros en la reincorporación, en los PDET (programas de desarrollo en zonas de conflicto). Este Gobierno incluso ha tomado medidas que no estaban en el acuerdo de paz y que son muy importantes, como en el tema de tierras y en la extensión de la renta básica (que reciben los desmovilizados).
Es decir, el Gobierno ha ido más allá del acuerdo en algunos casos. Ahora, hay algunas áreas en las que no se ha avanzado tanto y eso les quedará a los demás gobiernos, aunque esperamos su consolidación en lo que falta de esta administración.
El mexicano Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU, tiene más de 25 años de experiencia en la diplomacia.
Cortesia
En el caso de las antiguas Farc-Ep el desarme fue un evento muy importante, se hizo de manera expedita, se hizo por encima de los estándares internacionales y de Naciones Unidas en cuanto al número, el tipo de armas y los tiempos; hoy en día son también un partido político que se ubica dentro de los cauces democráticos colombianos.
Y en temas de justicia transicional no solo han empezado a participar de manera activa; también han hecho reconocimientos muy importantes. Esperamos que otros, todos, los comparecientes en la justicia transicional actúen también de manera que reconozcan responsabilidades y soliciten perdón cuando sea el caso.
El acuerdo de paz ya es una realidad, ya es parte del día a día. El reto es avanzar en las áreas en las que se ha avanzado menos.
En ciertas áreas fronterizas hay ciertas circunstancias que generan mucha inseguridad: la presencia de grupos armados, economías ilícitas, poca presencia estatal. Estos grupos a veces han estado actuando en uno y otro lado de la frontera, de acuerdo con la información que tenemos de algunas de las fuentes.
Esto genera que parte de esa franja fronteriza, que es muy amplia, sufra de inseguridad y violencia. Así como nosotros hablamos de la presencia integral del Estado en el territorio colombiano, que es nuestro trabajo, uno puede extrapolar para decir que se necesita esa misma actitud a ambos lados de la frontera para generar más seguridad, reducir violencia y tener mejores condiciones para la implementación del acuerdo y mejorar la situación socioeconómica en ambos lados de la frontera.
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De cara a un escenario electoral como el que vamos a tener en el 2022, ¿ustedes creen que el acuerdo está blindado ante vaivenes políticos?Nosotros creemos que sí porque tenemos avances importantes que hay que proteger y consolidar. Pero más allá de discusiones que son propias de una democracia como la colombiana, de temas dentro del acuerdo –sobre todo de su implementación– que pueden mejorarse y que instituciones como el Congreso pueden seguir discutiendo, o las propias partes signatarias, si así lo deciden, estamos seguros de que el acuerdo de paz ya es una realidad, ya es parte del día a día. El reto es avanzar en las áreas en las que se ha avanzado menos.
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¿Cuál cree Naciones Unidas que es la manera de tratar con las disidencias de las Farc?Hay grupos que nunca fueron parte del proceso y que se mantuvieron al margen de la ley, y para ellos uno entiende que el Estado tiene que cumplir su deber, su obligación, de aplicar la ley y combatirlos por las vías que considere idóneas.
Luego está otro grupo que desafortunadamente, de manera injustificada, abandonó el proceso de paz argumentando incumplimientos: en el caso de ellos también hay que hacer lo mismo, porque pasaron a formar parte de esta ilegalidad. El Estado tiene que actuar y cumplir su deber y obligación constitucional de perseguir a la gente que está por fuera de la legalidad.
*En Twitter: @JhonTorresET @JulianRios_M
Reporteros de EL TIEMPO
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