Con un proyecto de diez artículos, el Centro Democrático y Cambio Radical plantearon una reforma del acto legislativo 01 de 2017, que es la columna vertebral de la justicia especial para la paz y que ya había pasado el examen en la Corte Constitucional.
El acto legislativo reforma lo aprobado por el Congreso como parte del paquete de iniciativas tramitadas bajo la figura de fast track y crea todo un sistema de investigación y juzgamiento exclusivamente para los miembros de la Fuerza Pública.
No solo da vida a cuatro nuevas salas, cada una conformada por tres magistrados, sino que establece una unidad de investigación paralela a la ya existente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Hace apenas tres meses, el Centro Democrático había incluido en la ley de procedimiento de la JEP un artículo que creaba una sala especial dentro de esa jurisdicción, para el procesamiento de los militares, pero no había profundizado en su funcionamiento. En la norma quedó definido que los uniformados que quisieran ir a este mecanismo podrían pedir el congelamiento de sus casos hasta por 18 meses entre tanto se tramitaban las normas para habilitarlo.
La iniciativa del CD abrió un debate sobre la viabilidad de modificar lo que algunos consideran una parte esencial de lo acordado en La Habana entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc. También generó polémica la intención de algunos congresistas del uribismo de revivir la inmunidad parlamentaria (ver nota anexa).
“Es discutible que el Congreso pueda tener facultades para modificar todo esto que ya está definido, porque eso implicaría volver al comienzo y renegociar los acuerdos, lo que ya no es posible ni histórica ni políticamente”, señaló el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño.
En ese mismo sentido se pronunció el senador Iván Cepeda, quien calificó la iniciativa de “abiertamente inconstitucional”, y dijo que aunque puede tener acogida en el Congreso, no superaría un examen en la Corte Constitucional
El exjefe de las Farc Carlos Antonio Lozada señaló: “¿Qué temen aquellos que buscan sustraer la Fuerza Pública de la JEP, aun en contra del propio parecer de militares y policías? Le temen a la verdad”.
Y Ana María Ramos, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirmó: “La propuesta tiene cambios esenciales. Creo que el acto legislativo que le da estabilidad al acuerdo de paz podría llevar a que la Corte la tumbara, pues este era uno de los puntos esenciales de la negociación”.
No obstante, la iniciativa fue bien recibida entre voceros de militares retirados. El general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), sostuvo que esto se le había propuesto al expresidente Juan Manuel Santos, “pero no se logró que hiciera los cambios”. Y agregó que el Congreso sí puede hacer esos cambios para que se “arregle lo que quedó mal hecho desde el comienzo”.
El oficial retirado añadió que menos de la mitad de los actuales magistrados de la JEP tienen la confianza de los militares y que es necesario tener un nuevo grupo de jueces “que den garantías de imparcialidad y que respeten los derechos a la defensa de los uniformados”.
La abogada Tania Parra, quien representa a varios militares en la JEP, señaló que con sus clientes se decidió no esperar a la aprobación de esa modificación porque tardaría demasiado tiempo y dilataría la posibilidad de resolver su situación jurídica definitivamente.
Si bien no han comenzado los debates, el proyecto ya dividió posiciones en el Legislativo. El congresista Edward Rodríguez, del Centro Democrático, afirmó que algunos de los magistrados de la JEP actuales carecen de objetividad, y que “se busca devolver la dignidad a los militares, para que sean juzgados bajo las reglas propias de su labor y por personas que conozcan de este ámbito”.
César Lorduy, de Cambio Radical, coincidió con esa posición, y dijo: “Es un proyecto muy positivo porque desde el principio se dijo que había que hacer diferenciación entre los militares y los otros actores del conflicto, pero esa diferenciación no se hizo”.
Y Alfredo Deluque, de ‘la U’, consideró que el tema debe ser debatido y analizado en profundidad. “Los militares son las personas que han estado más cerca del conflicto, estuvieron directamente vinculados al conflicto armado. Me parece que su tratamiento debe ser tomado con toda la seriedad (...) y cómo podría ello ser un tema que beneficie al final del camino al proceso de paz y a las víctimas, que deben ser su objeto central”.
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