“Plaga de la violencia”. Así titularon en la Casa de la Memoria de San Jacinto, Bolívar, el periodo de 1991 a 2008, cuando la guerra se paseó con todo su rigor por este municipio y los otros 14 que conforman la región de los Montes de María.
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Hasta allá llegó este martes el Sistema Integral para la Paz, conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, para presentar el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos, que está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
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Se trata de una herramienta tecnológica que registra los incidentes de seguridad en el país y alerta sobre la posible ocurrencia de violaciones a los derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que participan en los procesos del sistema integral.
El mecanismo integra análisis de bases de datos, mapas interactivos de eventos del conflicto, boletines de monitoreo de riesgos e informes temáticos sobre los patrones de vulneración a los derechos humanos desde noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las Farc.

Las víctimas del conflicto participaron en la presentación del mecanismo de monitoreo de la UIA de la JEP.
Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO
En los cinco años que han transcurrido desde entonces, la UIA ha documentado 219 masacres en 23 departamentos y 120 municipios del país, 596 enfrentamientos entre Fuerza Pública y grupos ilegales, 1.026 asesinatos de líderes sociales y 326 de excombatientes de las Farc.
“Resulta paradójico que en tiempos teóricamente de paz, de verdad, de reconciliación, debamos recurrir a un mecanismo como este. Conmueve pensar que después de un proceso de paz aún haya que hacer mapas de asesinatos”, dijo el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, durante la presentación del evento.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, también habló en el evento y resaltó: “Lo que está en juego y nuestra única razón para existir como instituciones del Sistema Integral para la Paz es la responsabilidad por la vida”.
De Roux envió también un mensaje para las comunidades que habitan en los sitios donde persiste el conflicto: “Hay que ser muy claros frente a los que siguen en la guerra. Las comunidades deben ser muy claras y decirles a Eln, disidencias y paramilitares que deben parar, ser muy fuertes en su rechazo y hacérselos sentir. Hay que hacerles sentir a los violentos que los colombianos no queremos eso. Porque eso va a fortalecer las instituciones legales, un mundo en el que los colombianos podamos tener la alegría de que aquí no nos volvemos a matar entre nosotros”.
“Hay 100 municipios de Colombia donde se está derrumbando de forma peligrosa la autoridad del Estado”, dijo el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo, al explicar la primera de las tres alertas que ha identificado la entidad gracia al mecanismo de monitoreo.
Ese centenar de poblaciones está marcado por una muy baja intervención del Estado, la interrupción de la capacidad operativa y el crecimiento de los grupos armados organizados al margen de la ley.
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Entre las ciudades más afectadas hay tres capitales: Cúcuta (Norte de Santander), Arauca (Arauca) y San José del Guaviare (Guaviare). También se encuentran municipios como Tumaco, Tibú, Tarazá, Corinto, Puerto Asís, Riosucio, Tierralta, San Vicente del Caguán, Bojayá y Puerto Leguízamo.
Santoyo también mencionó que el seguimiento de la UIA muestra que en Colombia se está experimentando una fase de reorganización de núcleos históricos de bandas de exparamilitares.
El ‘clan del Golfo’ y nuevas agrupaciones que reivindican las siglas de las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) y el BCB (Bloque Central Bolívar) han copado uno de cada cuatro municipios, y tienen una actividad significativa en subregiones como el Urabá antioqueño, bajo Atrato, alto Sinú, sur de Bolívar, Magdalena medio antioqueño, caldense y santandereano, Montes de María, Risaralda, Norte del Valle (La Virginia-Cartago), sur del Cesar y la Sierra nevada de Santa Marta.

Giovanni Álvarez, director de la UIA de la JEP.
Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO
Esa actividad implica, dice la UIA, que esos grupos están ejerciendo funciones para-estatales como definir horarios de apertura y cierre de establecimientos comerciales, regulación de conflictos de convivencia entre vecinos, imposición de normas de movilidad vehicular (uso de cascos o doble pasajero en motos) o cobro de tributación ilegal (permisos para ocupar espacio público y para transitar con mercancía por carreteras y ríos).
La expansión de las disidenciasLa tercera alerta que reveló la UIA de la JEP durante la presentación del mecanismo de monitoreo en San Jacinto, Bolívar, tiene que ver con la expansión creciente de las disidencias de las Farc, las cuales ya registran actividad en 172 municipios.
Los mapas interactivos y bases de datos del mecanismo dejan ver que las disidencias no solo son el grupo armado que más ha crecido territorialmente desde el primer semestre de 2019 hasta la fecha, sino que también representan el principal riesgo de victimización para los excombatientes de las Farc.
Según la UIA, las disidencias coordinadas por alias Gentil Duarte son las que tienen mayor poderío militar (capacidad de enfrentamiento bélico al Estado), y la presencia simultánea en un mismo territorio por parte de los grupos bajo su mando y la Segunda Marquetalia aumenta más de tres veces la probabilidad de asesinato de un ex-Farc.
Para consolidar sus datos, el mecanismo se encarga del monitoreo diario de 160 medios de comunicación, 372 cuentas de Twitter de organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades del Estado y organismos multilaterales interesados en la implementación del Acuerdo de Paz, y las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
¿Dónde se pueden consultar los datos?En la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz se podrá consultar la plataforma digital, los boletines diarios de monitoreo, reportes periódicos, informes temáticos, así como de riesgo y con fines judiciales para la adopción, implementación y evaluación de medidas cautelares de protección. Puede acceder haciendo clic aquí.
justicia@eltiempo.com
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