El caso que aviva debate por extradición de militares con cupo en JEP

El caso que aviva debate por extradición de militares con cupo en JEP

El presidente Iván Duque  aprobó extradición de soldado a Estados Unidos.

Fotos audiencia de la JEP

Dalberto Rincón fue aceptado en la JEP y se le concedió libertad condicionada.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
12 de junio 2019 , 11:38 a.m.

Dalberto Rincón, exsoldado profesional del Ejército, creyó que estaba a salvo del proceso que se le sigue en Estados Unidos por el envío de 2,4 toneladas de coca al mes, en asocio con el exguerrillero alias Megateo. De hecho, hace unos meses, logró que se le concediera la libertad condicionada por cuenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro de un proceso que se le sigue por un homicidio en persona protegida.

La defensa de Rincón, conocido en el hampa con el alias de 'Bambam', alegó en su momento que el crimen que se le imputa se ejecutó en medio del conflicto y que su cliente estaba dispuesto a someterse a todas las reglas de la JEP.

Pero su extradición acaba de ser firmada por el presidente Iván Duque, y en su médula contiene un polémico punto sobre si la aplicación del tratamiento diferenciado de la no extradición, cobija a no a miembros de la Fuerza Pública sometidos y aceptados en la JEP.

En efecto, en la resolución que firmó el Jefe de Estado hace 7 días no solo se da vía libre a que la DEA se lleve al exsoldado profesional Dalbelto Rincón, sino que se cita jurisprudencia de la propia JEP para ratificar que los uniformados no pueden acceder a la garantía de no extradición y que esta, la misma que pide ‘Jesús Santrich’, solo cobija a los desmovilizados de las Farc.

De hecho, a pesar de cargar en su bolsillo la resolución en la que constaba que había sido aceptado por la JEP, 'Bambam' fue capturado por la Fiscalía, en marzo de 2018, y puesto a disposición de agentes de la DEA.

La base normativa que referencia Duque en este caso es el auto SRT-AE-001-2019, de la Subsección Quinta de la Sección de Revisión de la JEP. EL TIEMPO rastreó ese documento y estableció que se trata del pronunciamiento que el tribunal de paz hizo el pasado 8 de enero asegurando que, precisamente, Dalberto Rincón no cumple el requisito de ser miembro de las Farc para que se active la posibilidad de otorgarle la garantía de no extradición.

Y, de hecho, de forma explícita va más allá: “De esta manera, un miembro de la Fuerza Pública no puede ser beneficiario de la garantía de no extradición, aunque la conducta por la que fuere solicitado en extradición estuviera abarcada por la competencia de la JEP”.

Además, en el auto se deja claro que la garantía de no extradición no le aplica ni siquiera a quienes son objeto de los artículos transitorios 17 y 21 del artículo 1 del acto legislativo 01 de 2017, que son los que establecen el tratamiento diferenciado en la órbita transicional para los miembros del Fuerza Pública, léase uniformados que cometieron delitos como causa del conflicto armado (hay cerca de 2.000 postulados).

De hecho, el 15 de mayo pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio su visto bueno a la extradición de Rincón tomando como referencia, entre otras cosas, dicho auto. El alto tribunal también dejó claro que más allá del acta de sometimiento que firmó para lograr su libertad condicionada, este sujeto nunca ejecutó ningún proceso adicional que lo acreditara como postulado de la JEP.

Con base en estos dos pronunciamientos, Duque firmó la extradición de Dalberto Rincón para que responda ante una corte federal por el envío a Estados Unidos de varias toneladas de cocaína –que negociaba con grupos ilegales de Norte de Santander–, a través de rutas que pasaban por Venezuela y Centroamérica. De hecho, aunque tenía libertad condicionada por la JEP, fue arrestado en marzo de 2018 en Medellín producto del indictment.

La polémica

Pero el caso particular de este exsoldado profesional, que con jurisprudencia de la JEP aclaró que los miembros de la Fuerza Pública no son beneficiarios de la garantía de no extradición, revivió un debate que tiene tanto de jurídico como de político.

En efecto, la recién sancionada ley estatutaria de la JEP, en su artículo 153, contempla que “otras personas” vinculadas al conflicto sí pueden ser cobijadas por dicha garantía.

Por un lado, se prendieron las alarmas en torno a si ese ítem de la estatutaria permite que narcotraficantes puros, que digan estar dispuestos a contar parte de su verdad sobre la guerra, puedan eludir el brazo de la justicia estadounidense. De hecho, esto fue parte de lo que argumentaron Duque y el Centro Democrático para impulsar las malogradas objeciones.

Pero, por el otro, también se ve como una oportunidad para fijar en una ley interpretativa –que ya está siendo socializada en el Congreso– quiénes serían esas “otras personas”. Por eso, el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien promueve la iniciativa, le dijo a EL TIEMPO que se podría aclarar que los uniformados sí tienen derecho a la garantía de no extradición, siempre y cuando cumplan con verdad, reparación y no repetición.

De hecho, precisó que el articulado interpretativo, y a la vez aclaratorio para evitar el aterrizaje de narcos en la JEP, quedaría así en cuanto a la expresión “otras personas”:
“Se refiere a personas naturales sometidas a la Jurisdicción Especial de Paz, es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la Fuerza Pública, por conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

Y si bien el caso de Dalberto Rincón hace referencia al tráfico de cocaína posterior a esa fecha, su proceso ha servido para que se abra el debate en el Congreso y se evalúe qué casos de exmilitares podrían recibir esa polémica prerrogativa que, en el caso Santrich, incluso provocó reacciones por parte de Washington.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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