El ‘Zar’ de comida escolar que compró casa con plata de niños

El ‘Zar’ de comida escolar que compró casa con plata de niños

La ‘irrisoria condena’ de 3 años a Germán Trujillo invita a que siga el festín con PAE: Contralor.

‘Zar’ de comida escolar compró casa con plata de los niños y solo pagará 3 años de cárcel

Germán Trujillo desvió plata del PAE, estuvo fugitivo y admitió tres delitos. Pero solo pagará 36 meses.

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Archivo / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
11 de abril 2019 , 04:18 a.m.

Germán Trujillo Manrique, uno de los protagonistas del gran saqueo a los contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE), acaba de hacer el negocio de su vida.

Después de ayudar a desviar los fondos de un contrato de raciones escolares tasado en más de 35.000 millones de pesos, estar fugitivo por varios meses y obtener el privilegio de casa por cárcel, recibió una condena de 36 meses.

La sentencia le fue interpuesta por el Juzgado Cuarto Penal de Bucaramanga, a pesar de que se comprobó que el empresario incurrió en los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplir requisitos legales.

Además, se estableció que al menos 290 millones de pesos del dinero público destinado a la comida de los niños de Santander, que debió reembolsar, fueron usados para la compra de un apartamento y otros gastos personales.

En efecto, dentro de las facturas falsas que emitió la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Ltda., ligada a Trujillo, aparece la número 00022457, a nombre de la Asociación de Padres de Familia del restaurante escolar Palogordo, por 290 millones de pesos en frutas. 

Y, aunque la defensa del llamado ‘zar’ de las raciones dijo que se trataba de un desorden en la contabilidad, los investigadores determinaron que “según el cheque número 764641, cuyo consignante es Germán Trujillo Manrique”, ese pago le fue hecho a la Fiduciaria Fidubogotá-Portobelo para comprar un apartamento.

Y, tal como lo había anticipado EL TIEMPO –que investiga a Trujillo desde el 2011–, también aparecen comprándole carne a la Asociación de Transportadores de Servicio Público de Algeciras Neiva. En este caso, su representante negó dichas transacciones y lo mismo ocurrió con la Asociaciones de Padres de Familia en Santander y Huila.

Lo que llama la atención es que el contrato de suministro de raciones escolares se firmó, durante la administración del gobernador Didier Tabera, cuando Trujillo ya estaba bajo la lupa de las autoridades.

‘Seguirá el festín’

De hecho, EL TIEMPO había advertido desde hace ocho años que distribuía comida vencida y, al parecer, con gorgojo, en asocio con un clan político de Bogotá. Aun así, con la empresa Alfaba seguía ganando contratos hasta con el ICBF para suministro de raciones a abuelos, niños y población desplazada en Huila, Caquetá, Tolima y Meta.

Para justificar la pena, allegados a la defensa de Trujillo –en manos del penalista Darío Bazzani– señalaron que este firmó un preacuerdo en el cual aceptó cargos, en calidad de determinador, lo que le significó de entrada una rebaja de hasta la mitad de la pena, tal como lo señala el Código de Procedimiento Penal en su artículo 351.

Además, dijeron que devolvió hace algunos meses 2.283 millones de pesos que, en criterio de la Fiscalía, debía devolver porque no fueron usados en la compra de raciones y no hacía parte de las ganancias del contrato.

Por todo esto, el fiscal del caso solicitó que se le otorgara el beneficio de detención domiciliaria, que cumplía en un lujoso apartamento en el piso 19 del condominio Abadías, en Floridablanca.

Cuando la gravedad del delito no es acorde con la dimensión de la pena, se motivan nuevos delincuentes

El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, confirmó que ese fue el apartamento cuya compra Trujillo ayudó a amortizar con el dinero de la alimentación de niños de 82 municipios del departamento de Santander.

“Él aceptó cargos pero hay que dejar claro que nunca inclumplió en la entrega de raciones”, dijo Bazzani. En todo caso, la sentencia que recibió produjo la reacción de funcionarios y exfuncionarios que han liderado las investigaciones del saqueo al PAE en todo el país, el cual incluye desde el suministro de comida podrida hasta la venta de presas de pollo por 10 veces su valor.

“Ante la gravedad de estos delitos atroces contra el programa para la alimentación de nuestros niños, esta condena resulta irrisoria e invita a que siga el festín”, le dijo a EL TIEMPO Edgardo Maya, quien como contralor descubrió anomalías que bordean los 90.000 millones de pesos.

En igual sentido se pronunció el contralor general, Felipe Córdoba: “Cuando la gravedad del delito no es acorde con la dimensión de la pena, se motivan nuevos delincuentes y se desestimula al ciudadano de bien. Es un mal ejemplo que desanima a muchos. Pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando. Robarse la alimentación de los niños es una atrocidad”.

Temporada en prisión

Por su parte, el fiscal Martínez le dijo a EL TIEMPO que trabaja en un proyecto de ley para que los corruptos no tengan ningún tipo de beneficio o rebajas, tal como se ha logrado en otros casos. Además, reveló que a Trujillo se lo investiga por contratos suscritos en otros departamentos, incluido el Huila.

Por ahora, el otrora ‘zar’ de la alimentación escolar tiene pendiente una multa por 562 millones. Y, tras el fallo en su contra, se ordenó su traslado inmediato a un centro de reclusión del área metropolitana de Bucaramanga.

Asimismo, la Procuraduría investiga disciplinariamente a Didier Tabera, en cuya administración se firmó el contrato con el consorcio en el que aparecía Trujillo.

El contrato aparece suscrito el 21 de abril de 2016, por un valor inicial de 23.844 millones de pesos. En septiembre del mismo año se realizó una primera adición por 6.700 millones y posteriormente se presentó una segunda adición por 5.200 millones, para un total de 35.744 millones de pesos. La Procuraduría ya estableció que no existían al menos 125.000 niños beneficiarios.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com @Uinvestigativa

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