La Corte Suprema de Justicia atraviesa hoy la peor crisis de su historia por la manera como la contaminó la corrupción. Presidente y vicepresidente de la alta corporación, los magistrados Rigoberto Echeverri y José Luis Barceló, anuncian en la siguiente entrevista medidas para enfrentar la coyuntura.
Primero, la Corte comenzará el estudio de una reforma del reglamento interno, para que cuando su sala plena pida la renuncia o el retiro de uno de sus miembros, esa solicitud tenga carácter obligatorio. Con nombre propio, se trata de imponer el retiro de Gustavo Enrique Malo, el cuestionado magistrado de la Sala Penal. Su renuncia fue solicitada por la sala plena, a raíz de las acusaciones del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien aseguró que Malo recibió dinero a cambio de favorecer a congresistas juzgados en procesos de ‘parapolítica’. Pero el magistrado se negó a renunciar.
El presidente Echeverri y el vicepresidente Barceló también revelan que se conformó una comisión de tres magistrados con el fin de estudiar las reformas necesarias para superar la crisis. Echeverri es magistrado desde hace seis años y Barceló, quien ha ocupado la vicepresidencia en este mismo periodo, asumirá la presidencia en enero.
Rigoberto Echeverri (RE): Este es uno de los peores momentos que ha vivido la Corte Suprema, y deploramos que un exmagistrado de la Corte (Francisco Ricaurte) se vea envuelto en estos hechos, que han minado la credibilidad de los magistrados de la alta corte. Pero también debemos destacar que las investigaciones se están haciendo, que la Corte avanza aceleradamente en la recaudación de las pruebas, está saliendo a flote la verdad y se están individualizando las responsabilidades.
José Luis Barceló (JLB): En la Corte Suprema de Justicia hay conciencia clara de que tiene que depurarse; por eso ha empezado un trabajo investigativo rápido y eficiente. Compulsamos copias a la Fiscalía y cuando esta obtiene esos medios de prueba, valiosos e importantes, procede a ordenar la captura del exmagistrado Ricaurte.
Como la Comisión de Acusación de la Cámara, que juzga a los magistrados, es prácticamente inocua, ¿qué hacer?
JLB: A la Comisión le faltan herramientas para su trabajo.
Por eso se está hablando de la creación de un Tribunal de Aforados…
JLB: Y estoy de acuerdo con que lo hagan.
RE: No les tenemos miedo a las investigaciones, lo que queremos es que se individualicen las responsabilidades. Por eso la Corte, en su plenaria, ha dicho que somos amigos de un Tribunal de Aforados.
¿Ustedes piensan que el fenómeno de corrupción se volvió tan grave en Colombia que ni la Corte Suprema se salvó?
RE: Pero llevamos un mes de investigación de esas conductas.
¿Por qué la Sala Penal de la Corte decidió pedir la renuncia del magistrado Malo?
JLB: Porque hay evidencias que lo involucran.
RE: Hay un vacío en la ley acerca de qué hacer cuando hay un fuerte cuestionamiento sobre un magistrado y este se resiste a apartarse del cargo provisionalmente, mientras se hace la investigación.
¿Por qué razón la Corte exigió la renuncia del magistrado Malo?
RE: Porque había serios cuestionamientos sobre su conducta.
¿Acaso el fuero que protege a los magistrados se ha convertido en instrumento de impunidad en el caso del magistrado Malo?
JLB: Yo no creo que sea herramienta de impunidad; lo que pasa es que no hay un juez eficiente, no por el fuero en sí mismo.
¿Por qué la corrupción llegó hasta la Corte Suprema, que para los colombianos era un organismo pulcro?
RE: Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Tenemos que sentarnos los magistrados y el país en general a revisar cuáles son los sistemas de elección que hay, cómo podemos depurar el sistema y buscar nuevas opciones.
¿Qué se debe hacer para proteger a la Corte?
JLB: En mi criterio, es importante que se haga una reforma estructural en el funcionamiento de la Corte y en cómo y quiénes deben llegar a ser integrantes de esa alta corporación.
¿Cuál es su propuesta sobre cómo se debería elegir a los magistrados de la Corte?
JLB: Yo estoy de acuerdo con la cooptación absoluta. Hoy se hace mediante convocatorias del Consejo Superior de la Judicatura; se inscriben, el Consejo evalúa y elabora una lista de 10, 15, y la remite a la Corte. Escogemos entre candidatos que nos manda el Consejo Superior.
¿El origen de todo está en la Judicatura?
JLB: Puede ser un factor.
¿Cree que el origen del mal está en los abogados que propone la Judicatura?
JLB: Correcto. Eso habría que eliminarlo. Que no le pongan como tarea la elaboración de listas de candidatos a magistrados.
¿Y entonces cómo elegir a los magistrados?
JLB: Por cooptación pura.
RE: Hay que sentarse y hacer el debate nacional. Estos son temas que no se pueden hacer ahora a la carrera y para salirle a un problema coyuntural.
El próximo miércoles, en Pasto, habrá una cumbre de poderes, por el encuentro de la jurisdicción constitucional. ¿Toda la crisis de la justicia podría tratarse allí?
RE: Como vamos a estar con los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y seguramente con el Presidente, de pronto se va a aprovechar el escenario para mirar la crisis y cómo salir de ella.
¿Está de acuerdo con la cooptación pura para elección de magistrados?
RE: Yo la comparto, es un sistema que ha funcionado. Terminó y se estableció este sistema de listas del Consejo Superior, que permitió que la política entrara. Mire cómo en algunos sectores de las altas cortes es la política la que participa. Ojalá que a la Corte no llegaran personas tan jóvenes, sino de gran trayectoria.
¿Cuál podría ser la edad mínima? ¿Elevarla a cuánto?
JLB: 50 años.
RE: Sí. Usted con 50 años y 30 de ejercicio profesional ya ha demostrado quién es. Mire: hay otro factor, el periodo de los magistrados.
JLB: Periodos largos o cargos de por vida. Si no se acepta el concepto de vitalicio, no menos de 15 a 20 años.
¿Y usted, presidente, está de acuerdo con ampliar el periodo?
RE: No estoy en contra. Es una posibilidad que se puede estudiar.
Los dos están de acuerdo en que las fórmulas que deberían estudiarse referentes a la crisis son cooptación, edad, periodo y el origen de los magistrados.
RE: Correcto.
JLB: Correcto.
Si a usted la Corte le pide su renuncia o su retiro, ¿usted lo hace?
JLB: Yo sí.
¿Qué piensa de los magistrados a quienes se les pide renunciar y no renuncian?
JLB: Que le están generando un daño institucional a la Corte, en la medida en que mientras están ahí, la Corte sigue cuestionada. Y dos: quien se aleja puede dedicarse a su defensa exclusivamente. Es muy complicado pedirle a la Corte que administre justicia y, al mismo tiempo, que uno de sus magistrados se esté defendiendo de un delito, que es precisamente lo que juzga el tribunal.
¿Usted comparte esa tesis?
RE: Básicamente estoy de acuerdo, porque lo que se investiga son hechos graves, que están afectando profundamente la institucionalidad. Y es más el daño que sufre (la Corte) si el magistrado continúa ejerciendo sus funciones.
¿Lo que el magistrado Malo le está haciendo a la Corte es un daño grave?
RE: Le está creando problemas a la institución. En este momento, el magistrado Malo no tiene la legitimidad para adelantar procesos.
¿Ya se los retiraron?
RE: Sí. Empezamos por los dos procesos cuestionados, el de Musa Besaile y el de (Julio) Manzur. Ya no los tiene.
¿Usted renunciaría si le piden la renuncia?
RE: Yo, por conveniencia personal y por conveniencia de la institución, me apartaría de la Corte.
¿Qué hacer? ¿Qué norma aplicar para que, cuando la Corte le pida a uno de sus miembros el retiro, él esté obligado a hacerlo?
JLB: Siempre se ha dicho que el reglamento de la Corte tiene un alcance constitucional, y si la Corte es la que nombra al magistrado, también podría desvincularlo. Eso permitiría crear el mecanismo necesario en el reglamento de la Corte.
RE: Tocaría analizar el reglamento, si tiene esa fuerza coercitiva de obligar a un magistrado a que se separe del cargo.
¿Está de acuerdo con que se analice?
RE: Sí. De hecho, ya hay una comisión que se creó en una sala pasada para revisar el reglamento y mirar cómo podemos afrontar la crisis.
¿Las funciones electorales que tienen las cortes son el origen de esta crisis?
JLB: Puede ser un factor, porque implica que los magistrados tengan que inmiscuirse en distintos escenarios políticos, y la política, sin satanizarla, lleva una carga de defectos, de vicios, que contamina. Yo no niego que ese puede ser un factor; tanto así que la Corte quiere que le quiten esas funciones electorales.
RE: Debe darse el debate, porque ¿a quién se las van a dar?
JLB: Para que la Corte no sea cuestionada, es mejor que nos quiten eso. Pero no es una sola medida la que va a solucionar el problema. Con eso no quiero decir que se va a acabar la corrupción, pero es una de las tantas medidas que ayudarían.
¿Ustedes piensan proponer ese paquete de reformas al Congreso?
JLB: Sí, estamos en eso.
RE: Se están estudiando.
Como una reforma constitucional o legal se tarda, usted, como presidente de la Corte, ¿estaría dispuesto a proponer reformas del reglamento interno?
RE: Sí, con mayoría calificada en dos votaciones en distintas sesiones.
JLB: Que el reglamento obligue a un magistrado a retirarse cuando lo pide la plenaria de la Corte es una propuesta que yo podría hacer, por ejemplo.
¿Usted la aceptaría?
RE: Si el doctor Barceló la propone, yo no me opongo.
¿Es posible que esa reforma al reglamento se tramite en la Corte?
RE: Sí.
¿Usted la va a proponer?
JLB: Yo la propongo. Como hay una comisión que está estudiando puntos de reforma, yo puedo hablar con esa comisión y proponer esta idea.
¿Quiénes conforman esa comisión?
RE: Tres magistrados.
JLB: Clara Cecilia Dueñas, de la Sala Laboral; el doctor Fernando Castillo, de la Sala Laboral, y Aroldo Quiroz, de la Sala Civil.
¿Qué hacer para que la Corte Suprema no se contamine con este caso de corrupción que ustedes mismos han denunciado?
RE: La Corte es consciente de que hay que hacer reformas, hay que hacer ajustes. Se está estudiando la forma de establecer filtros para elegir magistrados.
¿Se va a reformar el reglamento para que, cuando la sala plena pida por mayoría el retiro de un magistrado, este esté obligado a presentarla?
RE: Esa es la propuesta del doctor Barceló, y como presidente estoy de acuerdo con que la estudiemos y, si es viable, que se establezca.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO