La representante de Onu Mujeres, Belén Sanz, acompañó este jueves en Tumaco (Nariño) a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el marco del ‘Día nacional por la dignidad de las víctimas de violencia sexual’.
En entrevista con EL TIEMPO destacó el acuerdo de paz con las Farc y señaló que es necesario construir un país donde las mujeres tengan una vida libre de cualquier tipo de violencia.
¿Qué dificultades hay en la justicia para reparar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual?
La violencia sexual es una grave violación de los derechos humanos de las mujeres, un atentado grave contra su dignidad y una vulneración flagrante a su derecho a una vida libre de violencias, lo que limita el disfrute del conjunto de sus derechos.
La violencia sexual perpetrada en el conflicto armado, afecta los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, impide su desarrollo pleno como personas, impacta también a la familia de la víctima y deja daños a la comunidad. El miedo a denunciar, las dificultades para acceder a la justicia y los efectos psicológicos de la violencia sexual se constituyen en una barrera para la integración de las sobrevivientes a la vida social e institucional.
Pese al carácter atroz de este crimen, las mujeres colombianas sobrevivientes a violencia sexual son un ejemplo de dignidad y resistencia, por su búsqueda incansable de justicia.
La violencia contra las mujeres está enraizada en las desigualdades estructurales de género y en la discriminación. Es necesario mirar el camino hacia la paz como una oportunidad histórica para transformar el estatus de las mujeres en la sociedad colombiana a través de cambios estructurales.
En relación con la violencia sexual, a pesar del amplio marco normativo y jurisprudencial de protección existente en Colombia y de su calidad pues responde a todos los estándares internacionales, la mayoría de las mujeres víctimas aún enfrentan una serie de barreras y obstáculos para acceder a la reparación integral y al acceso a un recurso judicial efectivo para la protección de sus derechos y la sanción de tales hechos.
¿Qué les hace falta a las autoridades?
El último informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Resolución 1820, en materia de violencia sexual en el marco de los conflictos armados, reconoce los avances que el Gobierno de Colombia ha realizado en esta materia. Asimismo, recomienda a las autoridades acelerar la implementación de la Ley 1719 y seguir enjuiciando a los responsables de casos de violencia sexual cometidos durante el conflicto para garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para los y las sobrevivientes.
Sin embargo, es importante recordar que, teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, los Estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia no solo cuando el perpetrador es un agente público sino además en los casos en que los agentes sean particulares o no se les haya identificado.
Es importante insistir en la necesidad de la realización de una justicia para las mujeres con enfoque de género, entendida como aquella que considera de manera particular los crímenes que sufren las mujeres por el hecho de serlo, y las afectaciones diferenciales que enfrentan por cuenta de estos u otros crímenes. Esta justicia implica entonces, la comprensión del rol que las mujeres ocupan en las sociedades, bajo el entendido que persisten patrones de discriminación que las ubican en posiciones menos privilegiadas por su sola condición de mujeres.
¿Cómo enfrentar la impunidad?
ONU Mujeres expresa su preocupación por los altos niveles de impunidad existente en los casos de violencia sexual contra las mujeres, en especial los cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia.
Existe un patrón de impunidad sistemática en los procesos judiciales y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres, y en especial violencia sexual, debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva.
La impunidad frente a estas violaciones de derechos, perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de la justicia.
La alta tolerancia institucional a la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, es un factor que contribuye a los altos niveles de impunidad que caracterizan estas problemáticas.
¿Cómo está el panorama mundial de atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado?
En los últimos años muchos países han avanzado de forma significativa en la expedición de leyes, formulación de políticas, creación de mecanismos de género y derechos de las mujeres y establecimiento de servicios para la atención y el acceso de las mujeres víctimas a la justicia, en especial de violencia sexual.
En el caso de Colombia, desde el 2008 la Ley 1257 estableció medidas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Posteriormente, en 2014 se promulgó la Ley 1719 de 2014, que adoptó medidas para garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia sexual asociada al conflicto armado interno. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, se dan los mayores índices de violencia de género y es una región que todavía presenta altos índices de discriminación contra la mujer.
Una investigación realizada por ONU Mujeres señala que, durante las aproximadamente seis décadas conflicto armado, el 49% de las mujeres en Colombia han sido víctimas de diferentes violaciones a los derechos humanos, incluyendo la violencia sexual; sostiene que durante todo esta época, cada tres días una mujer es asesinada en el marco del conflicto, cada seis días una mujer es asesinada por su pareja, cada 15 segundos es víctima de algún tipo de violencia y que cada seis horas una colombiana es víctima de algún tipo de violencia sexual.
Esta misma investigación reveló que entre las mujeres de 15 a 44 años, los incidentes de violencia contra las mujeres, son responsables de más muertes y discapacidades que los efectos combinados del cáncer, la malaria, accidentes de tránsito y la guerra.
¿Qué llamado hacen como organización?
Un escenario de esperanza se abre en Colombia. La paz está más cerca que nunca tras más de cinco décadas de conflicto armado. Es necesario construir un país donde las mujeres tengan una vida libre de violencias.
Es sustancial sumar esfuerzos en la consolidación de acciones de protección de las mujeres víctimas que deciden acceder a justicia, así como mejorar tiempos de respuesta, asegurando celeridad en procesos judiciales y fortalecer acompañamiento jurídico y psicosocial a las mujeres víctimas.
Hacemos un llamado a garantizar el debido acceso a los servicios de atención y protección a las víctimas, asegurando que éstos incorporen una debida perspectiva de género y preserven la seguridad, la dignidad y la privacidad de las víctimas, evitando exponerlas nuevamente a situaciones de riesgo y revictimización.
ANGY ALVARADO RODRÍGUEZ
vivrod@eltiempo.com
Twitter: @angyalvarador
