Lupa a aportantes de campañas que se quedan con contratos de pandemia

Lupa a aportantes de campañas que se quedan con contratos de pandemia

Financiadores están "recuperando su inversión" con contratos para atender emergencia: Procurador.

Fernando Carrillo, procurador general

Fernando Carrillo dijo que han descubierto financiadores de campañas que reciben más de lo que aportaron con plata de contratos para atender pandemia de covid-19.

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Twitter PGN_Colombia

Por: Justicia
17 de junio 2020 , 07:40 p.m.

Atendiendo denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, la Procuraduría General de la Nación, inició vigilancia preventiva para establecer si hay posibles hechos de corrupción en la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria por coronavirus, a personas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.

Estos contratos con aportantes suscritos por los entes territoriales, entre marzo y junio de 2020, representan el 2 % de la contratación para atender la pandemia de covid-19, informó el Ministerio Público.

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"El pozo séptico del ejercicio de la política es el financiamiento de las campañas, hemos descubierto financiadores de campañas que reciben diez veces más de lo que aportan, tratando de recuperar sus inversiones con la plata de la contratación del covid-19", dijo el procurador Fernando Carrillo.

Carrillo lanzó así una alerta por los contratos con los que se están quedando quienes ayudaron, con su dinero, a elegir funcionarios entre 2018 y 2019.

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La Procuraduría encontró que 117 financiadores que aportaron en campañas 4.700 millones de pesos recibieron contratos en la pandemia por 12.500 millones. Esos contratos fueron firmados entre el 16 de maro y el 25 de mayo con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.

Igualmente se evidenció 147 contratos, por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas. De estos hay ocho financiadores que tienen 49 contratos por 43.494 millones, lo que es una posible “cartelización de la contratación como pago a la financiación de campañas”, dijo Carrillo.

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El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés. 

También se verifica si hubo sobreprecios, acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, así como plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas.

Para ello el órgano de control conformó una comisión integrada por los procuradores delegados para la contratación para establecer posibles trasgresiones al Estatuto Anticorrupción y a la Ley Electoral, por los contratos celebrados entre las diferentes administraciones municipales y departamentales con los aportantes a las campañas.

JUSTICIA
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