En un fallo que resuelve uno de los litigios más importantes y cuantiosos contra el Estado colombiano, el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán eximió a la Nación de toda responsabilidad frente a los daños causados por las denominadas ‘pirámides’.
El falló negó las pretensiones de 73.611 personas que tras verse afectadas por diferentes captadoras ilegales de dinero, demandaron al Estado por no haber intervenido oportunamente estas actividades, lo que permitió que sus recursos fueran captados de forma ilegal y derivó en un daño económico y moral.
En su decisión, el juzgado concluyó que fueron los demandantes quienes, en ejercicio del libre derecho de disposición de su dinero –atraídos por un negocio que les prometía ganancias altísimas–, asumieron el riesgo o el daño que sufrieron sin que pueda atribuirse culpa alguna al Estado.
Así mismo, asegura que “los organismos de inspección y vigilancia asumieron su labor con total diligencia, cosa que no ocurrió con las personas que entregaron sus patrimonios en estos negocios ilícitos”.
Esas 73.611 demandas habían sido acumuladas por decisión del Consejo de Estado y, de haber sido admitidas, le hubieran costado a la Nación 20 billones de pesos.
Los demandantes invirtieron sus ahorros en ‘pirámides’ como DMG, Proyecciones D.R.F.E., InverBonilla y otras que surgieron en el 2009.
Los ciudadanos deben ser muy cuidadosos con este tipo de promesas pues el dinero no crece en los árboles
“Esta es una excelente noticia porque la plata que se paga en esas demandas es la plata suya, la mía y la de todos los colombianos, y cualquier peso que se utilice para pagar una decisión de estas es un peso menos que se puede destinar a la inversión social, a las carreteras, a la educación y a la salud de los colombianos”, manifestó Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Jurídica del Estado.
El superintendente financiero, Jorge Castaño, recordó que “el dinero no crece en los árboles, y de eso tan bueno no dan tanto; es lo que le hemos venido diciendo de diferentes formas, y creo que estos fallos judiciales marcan un camino absolutamente claro sobre la responsabilidad del individuo sobre las decisiones que toma para la inversión de sus ahorros”.
Las 73.611 demandas ganadas se suman a otras 270 que ya han sido falladas a favor del Estado, 50 de estas en segunda instancia y, por lo tanto, sin posibilidad alguna de ser revisadas.
Contra el Estado cursan en la actualidad otras 294 demandas por este mismo fenómeno.
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