Si confiesan, verdugos de líderes sociales recibirán beneficios

Si confiesan, verdugos de líderes sociales recibirán beneficios

Si se comprueba exterminio y sistematicidad, solo pueden aspirar a 30 % de rebajas.

Regiones buscan definir tareas para mejorar la protección de líderes socialesEn lo que va del año han sido asesinados 123 líderes sociales en el país.
Si confiesan, verdugos de líderes sociales recibirán beneficios

Mauricio León / EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
10 de julio 2018 , 09:25 a.m.

Hasta hace apenas 24 horas, el sanguinario ‘clan del Golfo’ fue señalado por autoridades como el principal responsable de los crímenes de líderes sociales: 186 en tres años.

Ahora, esa misma banda criminal, heredada del paramilitarismo, inició su sometimiento a la luz de la nueva ley que sancionó el Gobierno y que cobija a la organización criminal.

De inmediato surgió el interrogante de si los verdugos de los líderes sociales se pueden someter. Y la respuesta es sí.

El senador Iván Cepeda, uno de los articuladores de la ley y puente entre el Gobierno y el ‘clan del Golfo’, explicó que, en efecto, pueden acceder a los beneficios colectivos previstos en la nueva norma.

No obstante, fue claro en advertir que deben confesar su responsabilidad en estos asesinatos y explicar sus móviles.

Esta confesión es clave para establecer si hay casos aislados, como lo señaló el Ministerio de Defensa, o si existe un plan organizado para matar a líderes de restitución de tierras, derechos humanos y sustitución de cultivos ilícitos, como lo denuncian varios sectores.

Según Cepeda, la confesión se puede hacer en el acta de sometimiento inicial del grupo o en la presentación ante la Fiscalía, si esta les pone de presente expedientes que los involucren en dichos asesinatos.

Rebajas serán mínimas

“Cualquier delincuente que hoy o que hace un año buscara someterse a la justicia bajo las normas del Código Penal tiene derecho a ese sometimiento y a una reducción de la pena por acogerse a una sentencia anticipada o allanarse a cargos. Eso ha sido válido siempre. Lo único que cambia la nueva ley es la posibilidad procesal del sometimiento colectivo sin ningún otro tipo de gabelas”, le explicó a EL TIEMPO desde Turquía el ponente de esa ley, Roy Barreas, senador del partido de ‘la U’.

Y agregó que lo novedoso, además del sometimiento colectivo (de grupos desde 15 personas), es el endurecimiento de las penas para los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“Quien tenga pendientes crímenes contra líderes sociales, con esta nueva ley tendrá penas mayores”, puntualizó.

Al respeto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le dijo a EL TIEMPO que si se comprueba que en estos crímenes hubo sistematicidad y exterminio de un grupo –lo que clasificaría como delito de lesa humanidad–, el beneficio jurídico que recibirían sería el más bajo previsto en la nueva norma: una rebaja de apenas un 30 por ciento sobre la base prevista en el Código Penal.

Pero tanto Martínez como Barreras llaman la atención en el hecho de que la nueva ley endureció las penas para este tipo de conductas. El artículo 340 establece cárcel de entre 3 y 6 años. Ahora pasa a entre 4 y 9 años. Y si existe un agravante, como en el caso de los líderes sociales, el mínimo será de 8 años y el máximo, de 18.

Y se tipificó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y de servidores públicos: de 5 a 10,6 años.

¿Solo para cabecillas?

El fiscal Martínez también advierte que los cabecillas de estas organizaciones que se sometan no van a quedar blindados contra la extradición.

Esto significa que si Estados Unidos requiere a Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, jefe del clan e investigado por narcotráfico, este será enviado.

Y si bien los alcances de la norma hasta ahora se están decantando, organizaciones como Indepaz –que ha liderado las investigaciones independientes sobre los crímenes a líderes sociales– plantean dudas.

Una de ellos es que la norma solo atraiga a cabecillas y no a la tropa. Esos reductos, como ha sucedido con ex-Farc, seguirían delinquiendo.

“Creemos que faltó hacer énfasis en qué es lo colectivo, para que esto no sea un ‘gota a gota’ que luego derive en impunidad. Se tiene que cerrar la puerta para que no haya relevos”, puntualizó Camilo González Posso, director de Indepaz.

La Fiscalía calcula en más de 5.000 el número de miembros de bandas criminales.
Por su parte, Diana Sánchez, de Somos Defensores, ONG que investiga la muerte de líderes, señaló que la eficacia para disminuir esos asesinatos no gravita en la ley sino en la eficacia de la investigaciones y en el desmantelamiento efectivo de las bandas: “Lo nuevo es el aumento de penas, pero está demostrado que esto no cambia sustancialmente la situación”.

UNIDAD INVESTIGATIVA
​u.investigativa@eltiempo.com @uinvestigativa

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