Uribismo busca que garantía de no extradición cobije a militares

Uribismo busca que garantía de no extradición cobije a militares

Solo ex-Farc tienen ese beneficio en la JEP. Centro Democrático y ‘la U’ pedirán que se extienda.

Uribismo aboga para que garantía de no extradición de la JEP cobije a militares

Dalberto Rincón, alias Bambam.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
13 de junio 2019 , 05:05 a.m.

Luego de que EL TIEMPO reveló un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que explícitamente dijo que a los miembros de la Fuerza Pública no los cobija el beneficio de la no extradición, que se les aplica a los exmiembros de las Farc, se desató de nuevo una polémica sobre este espinoso tema.

Bajo esa sombrilla jurídica, el pasado 5 de junio, el presidente Iván Duque autorizó la extradición del exsolado Dalberto Rincón, socio de ‘Megateo’ en Norte de Santander, acusado de enviar 2,4 toneladas al mes a Estados Unidos.

Retomando el auto de la JEP, del pasado 8 de enero, en el documento se afirma que “un miembro de la Fuerza Pública no puede ser beneficiario de la garantía de no extradición, aunque la conducta por la que fuere solicitado en extradición estuviera abarcada por la competencia de la JEP”. Y añade que esto solo es para ex-Farc.

De hecho, la extradición de Rincón, conocido con el alias de Bambam, se autorizó a pesar de que su caso es por narcotráfico y posterior a la firma del acuerdo, una situación idéntica a la del expediente contra Jesús Santrich.

De nada sirvió que, con anterioridad, la JEP le hubiera otorgado libertad condicionada por cuenta del proceso que se le sigue a Rincón, por homicidio en persona protegida. Tampoco sirvió que su defensa alegara que el crimen se cometió en el marco del conflicto armado.

Esto demuestra que una sala especial para militares sí se necesita. Con este auto queda claro que están desprotegidos. Hay que hacer claridades

Uribismo protesta

El primer sector que reaccionó al tratamiento diferecial entre militares y excombatientes de las Farc fue el Centro Democrático.

Con la vocería del representante Gabriel Santos, no solo calificó de “gravísimo” la discriminación judicial, sino que reveló que este jueves la bancada de gobierno se reunirá para pronunciarse de fondo sobre lo que consideran debe reformarse en la JEP.

“Esto demuestra que una sala especial para nuestros militares sí es necesaria, porque a pesar de que se habla de tratamiento diferenciado para los más de 2.000 que se han postulado, con este auto queda claro que están desprotegidos. Hay que hacer claridades”, dijo Santos.

Desde el partido de ‘la U’ se pronunció uno de sus voceros, el senador José Ritter López, quien aseguró que la llamada ley interpretativa, que comenzó a sonar tras las malogradas objeciones a la estatutaria de la JEP, puede ser la oportunidad para dejar claro que la garantía de no extradición sí debe cobijar a los uniformados que “cumplan con los compromisos de esta jurisdicción”.

Y el senador Carlos Motoa, de Cambio Radical, afirmó que se debe esperar a que haya más jurisprudencia, en lugar de buscar interpretar cualquier aspecto de la JEP que genere controversia, como este de la extradición. Eso sí, advirtió que la garantía de no extradición sí debe cobijar a militares, siempre y cuando “su caso no esté relacionado con narcotráfico”.

Y para el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien promueve la ley interpretativa, la norma es la oportunidad para zanjar todos estos debates, a pesar de que –a su juicio– la ley ya es clara.

El punto que se busca aclarar es el artículo 153 de la ley estatutaria de la JEP, donde se habla de que “otras personas” vinculadas al conflicto podrían ser cobijadas por la no extradición, sin que se precise cuáles.

De hecho, en el texto de la ley interpretativa –que ya está en el despacho del presidente Duque para su análisis– se propone aclarar que la expresión "otras personas" se refiere a naturales sometidos a la JEP, “es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la Fuerza Pública, por conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

Al respecto, la Corte Constitucional ya había hecho un pronunciamiento (en agosto de 2018) indicando que esta garantía sí cobijaba a la Fuerza Pública, en clara contradicción con el auto de la JEP (de enero pasado) revelado por EL TIEMPO. Y si bien el caso de Dalberto Rincón hace referencia al tráfico de cocaína posterior a esa fecha, su proceso ha servido para que se abra el debate y se evalúe qué casos de exmilitares podrían recibir esa polémica prerrogativa.

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