Tutela de generales, nuevo capítulo de mural sobre ‘falsos positivos’

Tutela de generales, nuevo capítulo de mural sobre ‘falsos positivos’

Movimiento de Víctimas dice que polémica imagen no los acusaba directamente.

Mural falsos positivos

Este es el momento en que el mural es pintado.

Foto:
Por: Justicia
30 de octubre 2019 , 07:09 p.m.

El excomandante del Ejército Mario Montoya y el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Brigada 13 de Bogotá, entutelaron a la ONG Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) por el mural que apareció en el norte de Bogotá y que relacionaba a esos oficiales y al actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, con los falsos positivos ocurridos hace una década.

El mural, ubicado justo en frente de la Escuela Militar de Cadetes, fue borrado por soldados  el 18 de octubre pasado y ese hecho avivó aún más la polémica, que ahora tiene un nuevo capítulo en estrados judiciales. 

En su tutela, el general Pinto Lizarazo asegura:  “Es innegable que las imágenes publicadas realizan acusaciones en mi contra cuando indican de forma injuriosa, calumniosa, difamatoria, errónea que fui yo quien cometió esas conductas mal conocidas como falsos positivos”.

Según él, al poner su rostro bajo el número “45”, que indica que bajo su mando se habrían cometido esa cantidad de ejecuciones extrajudiciales, lo que estaría vulnerando derechos como el buen nombre y el debido proceso.

“Viola los derechos fundamentales de quienes se describen en la imagen publicada, al hacernos responsables de un número de muertes de civiles, que en mi caso particular aseveran sin prueba alguna, que han sido 45”.

(Lea también: Controversia por mural sobre falsos positivos que borraron en Bogotá)

Por su parte, el general retirado Mario Montoya asegura que se le hace responsable, públicamente, de 2.429 falsos positivos “sin que a la fecha exista sentencia condenatoria ejecutoriada” en su contra. Montoya es el oficial de más alta graduación investigado por esa práctica y ya acudió a la Justicia Especial de Paz (JEP) para que las investigaciones en su contra sean asumidas por esa jurisdicción alternativa. 

Montoya asegura que la imagen y el llamado del Movice a difundirla se tornan “en expresiones injuriosas, difamatorias y calumniosas que evidencian una intención dañina, generándome un descrédito en mi honra y buen nombre de manera injustificada e innecesaria”.

Los oficiales pretenden que la ONG deje de promover el fallido mural por sus redes y que incluso emprendan una campaña “que promueva el respeto por los derechos humanos de los Funcionarios Públicos y su derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, Dignidad Humana, honra y buen nombre”.

Los abogados del Movice ya respondieron a la tutela y argumentan que, supuestamente, el mural no está violando los derechos de los oficiales: “Es importante resaltar que la imagen no está señalando la responsabilidad penal de nadie, ni tampoco se está indicando información que se debería mantener en reserva”, dice la ONG.  

(Lea también: Controversia por mural sobre falsos positivos que borraron en Bogotá

En un extenso documento, firmado también por el Comité de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la organización de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá y ciudadanos, aseguran que la tutela no procede porque, entre otras razones, el Movice es un movimiento social y no una organización con personería jurídica.

Y no solo sostienen que no vulneraron derechos fundamentales de los generales, sino que también piden compulsar copias para que se investigue disciplinaria y penalmente por hechos como la censura del mural:

“Estamos ante una expresión artística que fue censurada por personal armado perteneciente al Ejército Nacional, bajo el mando del B.Gr. Pinto Lizarazo”, aseguran.
El abogado Sebastián Escobar, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.  El abogado sostiene que que la imagen refleja “tres afirmaciones ciertas”.

La primera, que en el periodo entre 2002 y 2010 se cometieron 5.763 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, según la ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. La segunda, que estos tenían puestos de mando en ese periodo y, en tercer lugar, que "bajo su mando se cometieron asesinatos de civiles por parte de unidades militares". La justicia colombiana, sin embargo, no ha fallado en contra de ninguno de los oficiales de la imagen.

La respuesta de las organizaciones a las acciones de tutela fue radicada este miércoles y acompañada de más de 1.500 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org, donde en la tarde de este miércoles ya ascienden a más de cuatro mil.

JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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