Tribunal Administrativo le revive medidas cautelares a Petro

Tribunal Administrativo le revive medidas cautelares a Petro

Suspenden los efectos de la sanción de la Contraloría de Bogotá por más de $ 200.000 millones. 

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Gustavo Petro fue beneficiado con la suspensión provisional de una sanción de la Contraloría mientras llega un pronunciamiento de fondo. 

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Luis Eduardo Noriega / EFE

Por: Justicia 
13 de febrero 2019 , 05:40 p.m.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca  decretó nuevamente  la "suspensión provisional"  de los alcances de la sanción que  la Contraloría de Bogotá le había impuesto por más de 200.000 millones de pesos por la decisión en la que bajó el precio al pasaje de TransMilenio cuando era alcalde de Bogotá.   

La decisión, tomada por el magistrado Óscar Armando Dimaté, se da de manera provisional mientras se resuelve el asunto de fondo. 

De acuerdo con la sentencia, "para la fecha que se desate de manera definitiva este asunto, ya los derechos del actor (intimidad, honra, buen nombre, trabajo, ejercicio de los determinados derechos políticos, etc) habrían tenido un grado alto de afectación, e incluso  sus derechos políticos en particular". 

El 3 de noviembre del 2017 la Sala Unitaria del Tribunal había decidido negar las medidas cautelares solicitadas por el senador Gustavo Petro y decretar parcialmente la suspensión mientras se tomaba una decisión de fondo. Sin embargo, esa medida fue dejada sin efectos por el Consejo de Estado, luego de que la Contraloría apelada la decisión del Tribunal. 

Tras ser devuelto al Tribunal Administrativo, el magistrado Dimaté resolvió por el momento dejar sin efecto jurídico la responsabilidad fiscal que se le atribuye a Petro por el caso de los pasajes de TransMilenio.

El Tribunal dispuso oficial a la Contraloría para que "tomen nota de la suspensión de la inhabilidad que recae sobre Gustavo Petro como consecuencia de los actos administrativos suspendidos, en sus respectivos sistemas de información de registro e inhabilidades, en los términos y para efectos de la providencia".

Para el Tribunal los actos administrativos demandados que declararon la responsabilidad fiscal contra Petro "le ocasionan un prejuicio consistente en la imposibilidad de ejercer sus derechos políticos, en particular, el de desempeñar cargos públicos, hecho que por sí mismo también comporta la demostración del año y/o prejuicio que se requiere como presupuesto para la procedencia de la medida"

JUSTICIA

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