Reficar, entre los megaproyectos que incumplirían licencia ambiental

Reficar, entre los megaproyectos que incumplirían licencia ambiental

Hidroituango, Reficar y Cerro Matoso han estado en la lupa de las autoridades. 

Reficar

La Refinería de Cartagena acumuló unas pérdidas cercanas a los 2,8 billones de pesos el año pasado, según la Supersociedades.

Foto:

Archivo EL TIEMPO / Cortesía

Por: Milena Sarralde Duque.​
27 de septiembre 2018 , 06:47 p.m.

La licencia ambiental es un requisito clave para cualquier megaproyecto que pueda tener algún tipo de incidencia sobre los recursos naturales.

Ese mecanismo impone límites sobre el uso y la explotación de los bienes y recursos ambientales, y su cumplimiento, en teoría, es obligatorio para que cualquier proyecto pueda operar. 

La licencia ambiental nació en 1993, luego de que el Estado acogió los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Desde entonces se convirtió en un requisito para poder desarrollar proyectos, obras y actividades que puedan afectar los recursos naturales, con el fin de evitar la erosión de la naturaleza y que se deteriore la calidad de vida de las poblaciones que viven en la zona de influencia de los proyectos. 

Pero lo cierto es que en los últimos años, entes de control como la Contraloría y las altas cortes han verificado que este instrumento ha resultado débil para prevenir, mitigar, corregir, compensar y sancionar los daños ambientales que se están causando, lo que crea una alerta roja.

Es así como se han encontrado irregularidades en megaproyectos claves para el país como el de la Refinería de Cartagena, Hidroituango, Cerro Matoso, y el pozo Lizama, entre otros. 

1. Reficar
Refinería de Cartagena Reficar

Reficar ha sido además cuestionada por los sobrecostos en su ampliación y modernización. 

Foto:

Mauricio Dueñas / EFE

Una auditoría al megaproyecto de la Refinería de Cartagena (Reficar), que ha estado en la lupa de las autoridades por sus billonarios sobrecostos, reveló graves inconsistencias en el licenciamiento de esa planta.

La auditoría de la Contraloría, conocida por EL TIEMPO, evalúa el cumplimiento de la licencia ambiental de Reficar entre el 2008 y el 2017.

Según ese estudio, frente a la gestión de Reficar para cumplir con la licencia ambiental, "pese a que se ha cumplido con la mayoría de las obligaciones establecidas en la licencia, existen otras incumplidas, tales como: mantenimiento del área de Landfarming (reducción de la concentración de hidrocarburos en suelos contaminados), falta de certeza de las compensaciones y en algunos casos se han sustituido las especies forestales por ornamentales, generando la no reparación del impacto, y falta de oportunidad en la comunicación al Anla de los cambios que afectan la licencia, afectando el control y seguimiento". 

En ese informe la Contraloría asegura, además, que las irregularidades en el plan de modernización de Reficar, "tienen un directo y fuerte vínculo con situaciones de seguridad industrial, las cuales a su vez, tienen implicaciones y pueden conllevar según el caso, a situaciones ambientales negativas y sociales de orden mayor".

Esto porque el plan de contingencias que tenía se hizo para una operación que fue anterior al proceso de modernización, y esa situación no ha sido subsanada ni reformulada. Así, el plan de contingencias -que debe contemplar posibles emergencias- está desactualizado y requiere un ajuste frente a "las condiciones reales de construcción, operación, producción, almacenamiento y distribución" de Reficar.

La Refinería tampoco ha tenido en cuenta escenarios de condiciones extremas del clima como lluvias torrenciales, vientos huracanados, ascensos súbitos del mar, tormentas tropicales, que puedan afectar la estructura de la Refinería.

La Contraloría dice que en los términos de referencia ambiental para la presentación de los estudios requeridos para el trámite de la Licencia Ambiental de Reficar, no se presentó la identificación de riesgos en su fase de construcción, en donde hay debilidades en temas como incendios, explosiones, contaminación de aguas de la bahía de Cartagena, afectaciones a la comunidad, o afectación a vías públicas aledañas.

Otro problema grave ha sido que la Contraloría hizo una visita en abril a los tanques y dique de contención para posibles derrames de hidrocarburo. Según la Contraloría, se observó que en el área de tanques algunos presentan pérdida, erosión, deterioro en su superficie. Pese a esto, dice el organismo, la Anla no ha hecho ningún requerimiento, lo que pone en riesgo la prevención de posibles fugas y derrames de combustible crudo. 

2. Hidroituango
Hidroituango junio

Aproximadamente en 2021 estaría en operación la central, la cual, antes de la contingencia, se tenía pensada arrancar la primera turbina en diciembre de este año

Foto:

Cortesía EPM

La Construcción de la Hidroeléctrica en Ituango (Antioquia), Hidroituango, quedó en la lupa de las autoridades este año ante las emergencias ambientales en las que quedó envuelta la hidroeléctrica. Esas dificultades llevaron a que el megaproyecto más grande que se realiza actualmente en Colombia, y que busca garantizar la suficiencia eléctrica del país en la próxima década, fuera cuestionado. 

Una auditoría de la Contraloría reveló "graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental" de Hidroituango, afirmando que "por la falta de estudios detallados, a lo largo de la ejecución, Empresas Públicas de Medellín tomó decisiones sin el sustento técnico suficiente". 

Así, la Contraloría dice que no se entiende cómo en el estudio del impacto ambiental del proyecto se consideraron como poco significativos temas como la contaminación de corrientes superficiales y subterráneas, los cambios en la dinámica fluvial del río Cauca, la muerte de especies faunísticas, el aumento de presión por los recursos naturales, la transformación de los sistemas culturales de la población afectada indirectamente, o la afectación de infraestructura. 

El organismo dijo que Hidroituango no contaba con estudios detallados para la estimación de factores de riesgos por fallas geológicas y neotectónico, lo que constituye una seria falencia para la toma decisiones. A esto se suma que el desarrollo técnico y operativo de sus proyectos carece de mecanismos de fiscalización, seguimiento y control. "Dadas las implicaciones, impactos y efectos sociales, ambientales y económicos en los territorios donde se lleva a cabo el proyecto, y para la Nación misma, dicho vacío resulta altamente imprudente, inadecuado e inconveniente para el país", dice la Contraloría. 

3. Cerro Matoso
CERRO MATOSO

Cerro Matoso tiene desde hace más de 30 años la explotación de una mina de níquel en Córdoba.

Foto:

EL TIEMPO

La mina Cerro Matoso, ubicada en Córdoba, ha estado este año en la lupa de las autoridades por los daños causados al medio ambiente y a las comunidades étnicas. 

En un fallo de la semana pasada, la Corte Constitucional tumbó una condena contra esta mina en la que se la obligaba a reparar económicamente a unas 3.000 personas afectadas en su salud por la operación de Cerro Matoso, la cuarta mina de ferroníquel más grande del mundo. 

Pero la Corte mantuvo lo relativo frente a las órdenes para que esta mina renueve su licencia ambiental, expedida hace más de tres décadas. 

Así, en el 2012, cuando se renovó el contrato de Cerro Matoso con la mina hasta el 2044,  siguió operando con la misma licencia ambiental que tiene desde hace 30 años y que ignora los cambios en la materia que trajeron la Constitución de 1991 y las normas posteriores.

Llama la atención que en el trámite de esa tutela, la Anla aseguró que Cerro Matoso "viene aplicando el Plan de Manejo Ambiental establecido a través de la licencia ambiental, acorde con las medidas planteadas y en cumplimiento con los estándares fijados por la legislación nacional de vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos, así mismo, se han venido implementado los programas de compensación forestal impuesta por la Autoridad Ambiental competente”.

Pero un estudio de la Red para la Justicia Ambiental en Colombia del 2014, aseguró que Cerro Matoso "ha incurrido en una violación a los derechos a la salud y al medio ambiente sano, debido a la ausencia de un adecuado marco de licenciamiento ambiental", entre otras cosas por el impacto en la salud de la comunidad por la emisión de sustancias tóxicas. 

Y en su momento la Contraloría General aseguró que implicaba un riesgo para los recursos y bienes públicos que Cerro Matoso siguiera realizando sus actividades mineras "en ausencia de una licencia ambiental que ampare de forma integral las actividades de explotación que se desarrollan". 

Al revisar su licencia ambiental, la Corte dijo que si bien es cierto que cuenta con ese requisito, y tiene permisos sobre emisiones y vertimientos, y no ha sido sancionada por infracciones ambientales, su licencia "no se ajustaría a los estándares fijados por la Constitución del 91". 

Así, dice la Corte, hay irregularidades en los instrumentos ambientales que rigen su operación extractiva. Y las mediciones sobre la contaminación no son claras, pese a que se ha comprobado que ha generado nubes de escoria que afectan a las comunidades. Además, generó concentraciones excesivas de sustancias químicas en recursos atmosféricos e hídricos en su zona de influencia. 

El panorama general de las licencias ambientales

Una de las razones de la debilidad en el control de las licencias ambientales es que año tras año se le han hecho modificaciones a las normas que regulan esos requisitos,  cambios que van en detrimento del medio ambiente.

"El objeto del instrumento no se cumple, en la medida en que, las continuas modificaciones a la reglamentación han posibilitado el desarrollo de proyectos, obras y actividades que aunque causen un grave impacto sobre los recursos naturales y el ambiente no cuenten con ningún tipo de estudio para su ejecución", dice la Contraloría en un estudio del año pasado. 

Entre el 2005 y el 2016, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), estableció 133 planes de manejo ambiental, y otorgó 1.181 licencias. 

En ese mismo periodo, las Corporaciones Autónomas Regionales, que también tienen la competencia para otorgar licencias, recibieron 4.051 solicitudes y otorgaron 2.798. La mayoría de licencias concedidas están relacionadas con el sector minero. 

Frente a este número de licencias, los controles resultan pocos si se tiene en cuenta que la Anla y las CAR visitan los proyectos, en teoría, por lo menos una vez al año. Sin embargo, la rendición de informes y la toma de actos administrativos no está siendo tan rápida. La Contraloría ha encontrado, por ejemplo, que han pasado 308 días desde que se hace la visita de campo a proyectos mineros para rendir informes.

El promedio en 1.472 proyectos mineros evaluados en el 2014, fue de 34 días para rendir informes desde la visita al campo de extracción. Y en los casos en los que se profirieron actos administrativos (contienen sanciones o medidas preventivas frente al manejo de la licencia) los tiempos para ser decididos fueron en promedio 44 días, pero hubo casos en los que se tardaron 411 días hábiles. 

En algunos casos, la comunicación de esos actos administrativos a las empresas se demoraron hasta 288 días hábiles. "Aunque desde el punto de vista ambiental cada proyecto reviste una complejidad única y por ello puede no resultar razonable establecer tiempos máximos para cada paso del proceso de seguimiento, es claro que cuanto más dilatado sea menos eficiente y efectivo es. Más aún al tratarse de proyectos de explotación minera cuyas actividades tienen efectos irreversibles sobre los bienes y servicios ambientales, que en ocasiones sobrepasan el área
de influencia directa", dice la Contraloría. 

Otra irregularidad, por ejemplo es que en las licencias otorgadas por la Anla hay por lo menos 27 títulos mineros en zonas protegidas como páramos, reservas forestales, o humedales. En el caso de las CAR, reportan 669 títulos en zonas protegidas, la mayoría de ellos en Antioquia. 


MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA@MSarralde

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