El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, les dio un plazo de tres meses a varios de los testigos del ente acusador en el caso del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá para que empiecen a devolver el dinero que consiguieron irregularmente. De lo contrario, quedarán en riesgo de perder los beneficios judiciales que han conseguido.
Los primeros que fueron notificados por la Fiscalía fueron el abogado Manuel Sánchez Castro y el contratista Héctor Julio Gómez González, que llegaron a acuerdos de colaboración con la anterior administración del ente acusador, pero que no devolvieron plata.
Martínez Neira señaló que si bien los acuerdos de colaboración permiten “conocer y desmantelar las estructuras criminales”, también se debe asegurar que todos los implicados, incluyendo a los que se conviertan en testigos del ente acusador, “pierdan sus activos ilícitos”.
“Es hora de renovar los principios de oportunidad, y se dispuso que la suspensión de las acciones penales no sea por un año, como se venía realizando hasta ahora, sino por tres meses. Y estoy imponiendo el requisito de que tienen que revelar integralmente su patrimonio de tal manera que el país conozca cuáles son sus activos con el objeto de que sean materia de extinción de dominio”, afirmó Martínez.
Para el fiscal, el ‘carrusel’ fue el escándalo con el que “se ha esquilmado de forma más sistemática y grave a la capital en una defraudación que supera los dos billones de pesos”.
Con la advertencia del Fiscal, la cual, según fuentes de la entidad, ya fue oficializada inicialmente al abogado Sánchez y al contratista Gómez, empezó la cuenta regresiva para que entreguen los bienes que consiguieron con sus actividades ilegales.
Voceros de la Fiscalía señalaron que ellos no serán los únicos y que se inició un proceso de revisión de todas las negociaciones firmadas en los últimos años para examinar quiénes devolvieron plata y “poner en cintura a los que no lo hicieron”.
“He hablado de cómo se cobraron las comisiones, cómo llegaron a nuestras arcas y cómo se repartieron (...). De corazón al doctor Samuel Moreno, mi amigo, le digo que cuente la verdad, que acepte los hechos que él conoce”.
Esa fue una de las declaraciones que hizo hace siete meses el abogado Sánchez Castro, quien testificó durante más de cuatro horas en el juicio contra su exsocio, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, condenado a 24 años de cárcel por su responsabilidad en uno de los casos del ‘carrusel’ de la contratación.
Aunque Sánchez Castro, considerado una de las fichas claves del escándalo de corrupción, reconoce en su declaración que recibió plata proveniente de actividades ilegales, no solo no ha pagado un día de cárcel, sino que, dice la Fiscalía, no ha devuelto la plata apropiada irregularmente.
“No puede ser que los beneficios judiciales convivan con los patrimonios ilegales, de tal manera que el tiempo de tratamiento intramural sea solo un costo menor; esa no es una adecuada política criminal”, dijo el fiscal Martínez Neira.
Desde 2013, la Fiscalía le concedió un principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir, el cual ha ido prorrogando cada año y lo mantiene libre.
En ese tiempo ha desfilado por varios de los juicios contra sus antiguos socios, tenía protección de la Fiscalía e incluso se casó en una lujosa ceremonia a la que asistieron empresarios y hasta el exfiscal general Mario Iguarán Arana.
Se comprometió a declarar contra el exalcalde Samuel Moreno y los exconcejales José Juan Rodríguez y Orlando Parada, entre otros.
El contratista fue condenado a 10 años de cárcel por irregularidades en la adjudicación de obras de la fase tres de TransMilenio.
Desde mediados del 2013 tiene un principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir, el cual ha venido siendo prorrogado cada año.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que tampoco ha devuelto plata y que podría empezar a disfrutar de la casa por cárcel a comienzos del próximo año y pedir su libertad en el segundo semestre del 2018.
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