Luisa Mercedes Núñez Reyes, representante legal de la Fundación Nueva Esperanza, se acaba de convertir en testigo de la Fiscalía dentro de una investigación por un millonario saqueo a Sucre, que salpica al poderoso excongresista Yahír Acuña y a su esposa, Milene Jarava, candidata a la Cámara por Opción Ciudadana.
Núñez fue capturada en octubre del 2017, por irregularidades en la ejecución de un contrato por 2.277 millones de pesos con el municipio de Coveñas, para impulsar el bilingüismo en los colegios, un programa del Ministerio de Educación, que se ejecutó con dinero de las regalías.
Según le contó Núñez a la Fiscalía, montó el programa con la ayuda de funcionarios de la Gobernación de Sucre y del entonces alcalde de Tolú, César Serrano, aliado político de Acuña, capturado en octubre pasado.
“La alcaldía tenía premura en firmar el contrato por cuanto necesitaba el dinero para la campaña (a la gobernación) de Milene Jarava (…), eso me lo expresó César Serrano personalmente”, narró Núñez, quien ya aceptó cargos por peculado por apropiación, contrato sin el lleno de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento privado.
Y agregó que el mismo modelo de contrato y saqueo se copió en al menos tres municipios más –Majagual, San Pedro y Tolú–, lo que comprometió millonarios recursos de las regalías. La plata desviada salió de tutorías fantasma, de diplomas que nunca se entregaron y de pines para acceder a programas virtuales inexistentes.
Su testimonio se constituye en la primera evidencia que salpica a Acuña, heredero político de Enilse López, alias la Gata, y uno de los caciques electorales más cuestionados de la Costa.
La contratista aseguró que recibió un primer anticipo de 1.100 millones de pesos y que Iván Berrocal, secretario de Educación de Coveñas, la acompañó al banco y luego la llevó a la casa de la madre del alcalde Serrano, donde entregó 900 millones de pesos y dejó tan solo 200 millones para el proyecto educativo.
“El tipo de presión fue verbal por intimidación por parte de César Serrano (…). Me dijo que esto era un negocio, que él tenía que cumplir por un compromiso político con el señor Yahír Acuña, el cual le había ayudado en su momento para poder él ser alcalde; que le iba a entregar la mitad de la plata a Yahír Acuña”, declaró la mujer bajo juramento.
Y agregó que cada vez que le daban un abono había tenido que entregar una tajada importante al alcalde Serrano.
“Una vez Serrano me dijo que ya el periodo de él se estaba acabando, que tenía que cobrar rápido para poder seguir cumpliendo con los compromisos políticos de él”, manifestó la mujer.
Para poder cumplir con los objetivos y evitar ser investigados por los entes de control, Núñez dijo que cuadraron pruebas con la alcaldía. También aseguró haberles dado dinero a varios rectores de colegios para que certificaran el avance del proyecto, e incluso que le tuvo que pagar al veedor y al personero de la época para que no hicieran una inspección.
De todos modos, la visita se hizo, pues según explicó Núñez: “El personero me dijo que lo había hecho porque César Serrano y Yahír Acuña le habían quedado mal con unas comisiones que no tenían que ver con mi contrato, pero como era lo único vigente, él se agarró de este”.
Por esa investigación, en octubre pasado fueron capturadas 11 personas entre funcionarios públicos, exfuncionarios y contratistas de los municipios de Coveñas, Betulia y Santiago de Tolú.
El exalcalde de Tolú, César Serrano, también fue suspendido 18 años por otro contrato irregular en el que se entregó un anticipo de 7.000 millones de pesos para la recuperación de playas, sin que el proyecto tuviera licencia ambiental.
EL TIEMPO llamó a Acuña y le envió varios mensajes a su celular personal para que diera su versión sobre las acusaciones de la contratista Luisa Mercedes Núñez, pero al cierre de esta edición no había contestado.
Además de Milene Jarava, Yahír Acuña tiene dos candidatos para las próximas elecciones: Candelaria Rojas y José Mizger, quien es hermano de Javier Mizger, contratista investigado por irregularidades en una millonaria obra en Coveñas.
Pero esa no es la única casta de políticos cuestionados que buscan que sus herederos lleguen al Congreso. Juliana Escalante, hija de Teresita García y sobrina de Álvaro García Romero –condenado por la masacre paramilitar de Macayepo–, quiere ir al Senado por Cambio Radical.
El clan Pestana, cuya líder –Pedro Pestana– está prófugo, impulsa la campaña de Carlos Gómez, mientras que Antonio José Correa, cercano a Enilse López la ‘Gata’, busca su reelección. También quieren repetir curul Julio Miguel Guerra Soto, a quien no lo afectó la investigación por corrupción contra su padre, el exgobernador de Sucre Julio César Guerra. Su primo Antonio Guerra también sigue en campaña, pese a que la Corte Suprema le abrió investigación formal porque supuestamente recibió coimas de Odebrecht.
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