La Procuraduría General suspendió por 8 meses al actual alcalde de El Retorno (Guaviare), Yeyson Efraín Pineda Alfonso, por los sobrecostos que hubo en un contrato que firmó para repartir kits de mercado a familias vulnerables, de cara a la emergencia por el covid-19.
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En el fallo de 67 páginas el órgano de control señala que en abril de 2020 el mandatario firmó un contrato por un valor inicial de $210'792.625, al que luego se le adicionaron $110'816.447, por lo que terminó costando más de 320 millones de pesos, lo que significó para un detrimento del patrimonio público por un sobrecosto del 21,23 por ciento.
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Con posterioridad a la firma del contrato varios ítems bajaron de costo, y el precio final de los kits alimenticios pasó de $247.925 a $234.366,60 cada uno; más un alcohol glicerinado que pasó de $25.200 a $10.505,25. Pese a esa disminución de costos, la remuneración final al contratista implicó un sobrecosto de $50.517.245 frente a los precios del mercado observados.
"El investigado incurrió en la falta que se le reprocha por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, ya que de haberlo hecho, se hubiera percatado que los precios por los que estaba contratando y pagando los productos incluidos en el contrato No. 107 de 2020 presentaban un sobrecosto superior al 20 %, aún en la coyuntura generada por el inicio de la pandemia; y con ello estaba generando un detrimento al patrimonio público de la entidad territorial que representa", se lee en el fallo disciplinario.
Yeyson Efraín Pineda Alfonso, alcalde de El Retorno, Guaviare.
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La Procuraduría continuó señalando que el alcalde tuvo la oportunidad de revisar y hacer que se redujera el precio de cuatro de los ítems contratados, y de los demás ítems que conformaban el contrato, evitado tener que pagar los precios inicialmente cotizados por el contratista, que habían rebajado.
Pero además, el Ministerio Público le reprochó que no solo no actuó con el debido cuidado, sino que tampoco impartió alguna directriz a sus subalternos para que se hiciera una confrontación de los precios del contrato con los del mercado.
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Como la conducta del alcalde causó un grave daño social, según la Procuraduría, porque al "pagar los productos alimenticios y elementos de aseo a precios superiores a los del mercado, se causó un detrimento patrimonial al municipio, y con ello, se dejó de brindar ayudas humanitarias de emergencia a más de 200 familias vulnerables", la sanción que le impuso la entidad fue de ocho meses.
Este cálculo de las familias que se hubiera podido atender lo hizo la Procuraduría al indicar que si se tiene en cuenta que el valor del sobrecosto fue de $50.517.245 y que el precio finalmente pagado por cada kit fue de $234.366,60, con el valor pagado en exceso se hubieran podido adquirir aproximadamente 215 kits alimenticios básicos adicionales.
Contra este fallo, que es de primera instancia, el alcalde podría interponer el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.
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