En su lujoso apartamento de Bogotá, Stella Durán, una de las más poderosas empresarias de la estética en el país, fue notificada por el CTI de la Fiscalía de una orden de captura en su contra por falsificar registros sanitarios para sus productos de belleza.
La Fiscalía le imputará en las próximas horas los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito, cargos por los que podría pagar una pena de 15 años de prisión.
Durán, quien tiene una trayectoria de más de 40 años en el negocio de la belleza, con centros de estética en Colombia, Ecuador y Perú, es una de las 14 personas que fueron capturadas este miércoles por crear un Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) paralelo, en detrimento de la salud de los colombianos.
Entre los detenidos hay funcionarios de ese instituto, intermediarios y representantes de laboratorios farmacéuticos.
La Fiscalía le imputará a Durán los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.
Archivo particular
Según la Fiscalía, los capturados crearon una red que, a cambio de sobornos, agilizaba permisos y otros trámites que les permitieran a empresarios vender productos que no contaban con los certificados científicos necesarios para comprobar sus efectos sobre la salud de los consumidores.
Así, esa red tramitaba registros sanitarios falsos para productos que jamás tuvieron un certificado sobre su supuesto efecto positivo.
Entre los productos estéticos que tienen registros adulterados están una fibra que supuestamente ayudaba a perder peso, denominada Fattache, y el producto para la belleza Canna Pain, crema y parches.
Pero la Fiscalía también encontró certificados adulterados en medicamentos como el Abexine, un gel usado para tratar dolencias por enfermedades como la artritis; el Icncla, Bactiflox, Duoartril tabletas, Helmintaz tabletas, Nimeflex, Renilax tabletas y Bactrogyn óvulos.
Para permitir que salieran al mercado, la red tenía tarifas desde los 750.000 hasta los 14 millones de pesos. Así, cobraba por renovar registros sanitarios, vender estudios de estabilidad de los productos, reducir el valor de una multa por una sanción y garantizar que pasaran las certificaciones de los laboratorios.
Las autoridades médicas advirtieron que los usuarios deben suspender el consumo de estos productos, y el Invima creará una directriz para que autoridades municipales y departamentales los retiren del mercado.
El director del Invima, Javier Humberto Guzmán Cruz, cuyas denuncias permitieron iniciar la investigación hace más de un año, aseguró que el instituto tiene tolerancia cero frente a la corrupción y está tomando “medidas rigurosas para abordar las vulnerabilidades estructurales que generan oportunidades” para la corrupción.
El instituto está tomando medidas rigurosas para abordar las vulnerabilidades estructurales que generan oportunidades para la corrupción
Según Guzmán, el instituto está identificando qué puntos del proceso de certificación necesitan mayores controles, por lo que se está trabajando en una reforma para simplificar la normativa sanitaria y reducir la complejidad de los trámites, con el fin de tapar los huecos que permiten corrupción.
El director considera que no se puede estigmatizar al Invima, pues la mayoría de funcionarios “ejercen su labor con responsabilidad, compromiso, transparencia y apego a la ley”.
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