¿Qué hacer con los centros de reclusión para menores de edad?

¿Qué hacer con los centros de reclusión para menores de edad?

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que se debe revisar el esquema de detención.

El Redentor

Este año, 177 jóvenes se han evadido fugado de El Redentor, de Bogotá.

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Por: Alicia Liliana Méndez
13 de octubre 2018 , 10:00 p.m.

El intento de fuga registrado en el Centro de Atención Especializada (CAE) El Redentor de Bogotá, el pasado 28 de septiembre, que se conoció públicamente esta semana por la circulación de un video en el que se observaba a varios policías golpeando a jóvenes recluidos en el lugar, puso de nuevo bajo la lupa esos centros que sirven para albergar a menores de edad vinculados a delitos y que gozan de un régimen especial de reclusión.

En El Redentor, donde este año se han reportado 20 motines y 77 intentos de evasión, la Policía solo puede ingresar por petición de los operadores para atender este tipo de situaciones.

La violenta agresión de los uniformados a los jóvenes que se intentaron evadir, entre ellos un mayor de 18 años con 10 ingresos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes por delitos como concierto para delinquir agravado, hurto agravado y tráfico y porte de estupefacientes, plantea de fondo inquietudes sobre cómo están funcionando esos lugares.

Por ejemplo, en Riohacha, el Centro de Atención al Menor Infractor de La Guajira dejó de funcionar desde febrero por falta de plata, a lo que se sumó que el operador no contaba con las herramientas para controlar a los menores. Durante su funcionamiento fueron reiterados los brotes de hacinamiento. Allí, afirman fuentes locales, que las alteraciones de orden público eran constantes. Los menores destruyeron varias paredes del sitio para lanzar piedras a la calle, lo que generó acciones judiciales.

Y en Cali, los problemas se han ido reduciendo luego de que entre 2013 y 2017 se reportaran una docena de intentos de fuga. En dos de esos hechos se quemaron colchones y salieron heridos docentes y menores. En mayo pasado, en el último episodio se reportó un motín y fue necesaria la presencia del Esmad de la Policía.

Autoridades reportaron que en los seis centros para menores ubicados en Antioquia, en el de Santa Marta y el de Barranquilla hay normalidad y no se han registrado hechos violentos.

Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organismo encargado de los CAE, reconoció que “es hora de realizar cambios urgentes en el sistema”. En especial, la reforma tendría que apuntar a regular la posibilidad de que mayores de 18 años estén en esos lugares. “Si llega a los 17 años y es sancionado con 8 años en un CAE, saldrá a los 27”, explicó la funcionaria.

Para Pungiluppi, la situación más preocupante se da cuando el menor infractor se evade, y con el paso de los años siendo adulto lo capturan. “Lo envían a una cárcel de mayores que es una escuela del delito, y cuando termina su condena, de allí lo envían a los CAE para que terminen de cumplir la sanción impuesta cuando eran menores de edad. Llegan a contaminar a los jóvenes que están en un proceso real para desarrollar metas personales en el futuro. Torpedean la causa”, dijo. En este momento, 11.144 jóvenes hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). De ellos, 3.543 están privados de la libertad en Centros de Atención Especializada.

Es contradictorio tener menores en estos CAE conviviendo con mayores hasta de 25 años, que llegan a ser una mala influencia

El Redentor está bajo la administración de dos fundaciones, una en cabeza de Ricardo Gallego, quien señaló que como operadores promueven la reeducación del menor infractor, para lo cual el ICBF ha logrado convenios importantes con universidades privadas y públicas y el Sena para que los jóvenes se enfoquen en un proyecto de vida.

“Nuestra fundación, FEI, maneja un proyecto humanista. Y es claro que los jóvenes mayores de edad tienen otros proyectos, porque algunos ya son padres y tienen una familia por la cual responder”, dijo Gallego.

Sobre los menores de edad y su proceso de inclusión, dijo que ellos “tienen sueño de superación y que eso abre una esperanza para sacarlos de una eventual vida delictiva”.

Hace dos días se fugó un joven de 21 años, que se encontraba en el CAE granja Manare de Yopal. Ingresó siendo menor de edad por haber herido con arma blanca a una persona en medio de un atraco. Tiene más de ocho registros en el sistema, por lo cual para la Policía en este momento es prioritario lograr su recaptura. Con el agravante de que no irá a una cárcel, sino a otro CAE.

Enviarlos o no a la cárcel

El abogado penalista Francisco Bernate se mostró partidario de que se dé un tratamiento igualitario a los mayores de edad. “Es contradictorio tener menores en estos CAE conviviendo con mayores hasta de 25 años, que llegan a ser una mala influencia”. Y dijo que los infractores al cumplir la mayoría de edad deben ser traslados a cárceles bajo custodia del Inpec.

Por su parte, el exvicefiscal Francisco José Sintura dijo que la edad del infractor no debe ser un parámetro universal, “sino que un juez es el que debe dictaminar si un joven entre los 16 y 18 años actuó con pleno conocimiento de lo que hacía. Y en ese caso, ser tratado como un mayor de edad y enfrentar la justicia. En caso contrario, ser juzgado como menor”.

Perfil de los detenidos

El mayor número de menores infractores en Colombia se encuentran entre los 16 y 17 años. De hecho, 9.424 han sido aprehendidos entre el primero de enero y el 9 de octubre de este año.

Los siguen los adolescentes entre los 14 y 15 años, con 3.563 aprehensiones, es decir, el 27 por ciento de las 12.995 aprehensiones que en total tiene registrada la Dirección de Infancia y Adolescencia de la Policía.


Estos jóvenes de entre 14 y 18 son los que los jueces envían a los centros especializados, donde cumplen con las sanciones pedagógicas y restaurativas (privación de libertad ordenada por una autoridad judicial) por la conducta delictiva.

La Policía reporta que los delitos con mayor participación de menores de edad son el hurto en todas sus modalidades, con 4.313 aprehensiones, seguido de tráfico de estupefacientes, con 3.678 casos, y porte de armas, con 951, entre otros delitos.

En la estadística de la Policía llama la atención el incremento de las aprehensiones por homicidio. De 211 registradas en 2017 se pasó a 266 este año, lo que equivale a un incremento del 26 por ciento.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ
Con información de Nación 
En Twitter: @AyitoMéndez

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