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Investigación

Sistema penal acusatorio: ¿hora de la reforma?

El galardón reconoce iniciativas que trabajan para ofrecer a los ciudadanos un acceso de calidad al sistema judicial colombiano.

El galardón reconoce iniciativas que trabajan para ofrecer a los ciudadanos un acceso de calidad al sistema judicial colombiano.

Foto:Archivo / EL TIEMPO

Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal y expertos coinciden en la necesidad de hacer cambios.

REDACCIÓN JUSTICIA
“El sistema acusatorio colombiano no funciona y funciona mucho menos para enfrentar crímenes contra las mujeres, contra los niños, en el seno de las familias, abusos sexuales de todas las tipologías que existen en el Código Penal”.
Con estas palabras, dichas en el marco del Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, puso sobre la mesa un debate que, si bien no es nuevo, sí tiene implicaciones directas en el día a día de los colombianos: la eficacia y eficiencia del sistema que se usa para investigar y sancionar todo tipo de delitos en el país.

No dar alimentos es un delito, maltratar psicológicamente es un delito, y grave, pero el problema es que ella decida denunciar y, cuando denuncia, que nosotros los jueces podamos condenar

Hernández expuso varias de las fallas que, en su criterio, tiene el sistema acusatorio (Ley 906 de 2004) una vez una víctima de delitos sexuales decide denunciar, en temas estrictamente procesales, sobre la recaudación y la introducción de las pruebas, su validez en juicio, en comparación con los mecanismos que sobre ese mismo tema tiene el sistema inquisitivo de la Ley 600 de 2000.
A esto se suma, dijo el jurista, la revictimización de las que son víctimas las personas que se animan a denunciar, pasando por las deficiencias de la Fiscalía en materia probatoria y la congestión del sistema, que hace de los casos juicios extensos, a veces afectados indebidamente por el cubrimiento mediático.
“No dar alimentos es un delito, maltratar psicológicamente es un delito, y grave, pero el problema es que ella decida denunciar y, cuando denuncia, que nosotros los jueces podamos condenar. Esa es la realidad de la justicia penal en el país. Nosotros debemos tratar de hacer una confirmación de si realmente la justicia está respondiendo adecuadamente al tema que aquí estamos tratando, y yo digo que no”, apuntó.
Y añadió: “Ya es rutinario en la Sala de Casación Penal absolver en casos (de abuso sexual) que pueden llevar dos años, tres años, en donde uno íntimamente considera que hubo agresión sexual, pero la Fiscalía no probó como es debido por ineficiencia de la Fiscalía, y esa impunidad es de la Fiscalía, no de los jueces”.

¿Fracaso?

Aunque el presidente de la Corte Suprema hizo referencia a los casos de delitos sexuales, sus palabras resonaron en el mundo judicial sobre todo el sistema. El magistrado Hernández le dijo a este diario que en ningún momento su intención fue hacer un juicio de descalificación al fiscal general actual, Francisco Barbosa.
“Esto no es un tema de hace dos años, es un proceso que no ha dado el resultado que se planteó que iba a dar, que es necesario revisar”, dijo el magistrado en referencia al sistema acusatorio.
Precisamente, en diálogo con EL TIEMPO, el fiscal Barbosa estimó que el sistema penal acusatorio, que está vigente en Colombia hace casi 18 años, tiene algunos aspectos que se pueden mejorar.
“Hay algunas cosas que deben mejorarse, por ejemplo, me parece excesiva la cantidad de audiencias que se hacen antes de llegar a juicio. La Fiscalía va muy rápido, en 20, 25 días judicializamos, conseguimos las medidas de aseguramiento y nos encontramos con las audiencias, con los vencimientos de términos. En eso puede tener razón el presidente de la Corte Suprema”, dijo.
Barbosa añadió que se tendría que avanzar “en un diálogo entre todos” para definir los cambios que se requieren y mejorar el sistema acusatorio, y defendió asuntos particulares como la protección de los derechos de las personas al existir los jueces de control de garantías que se pronuncian sobre temas tan importantes como la libertad de las personas.
Ahora, respecto a las críticas del magistrado sobre deficiencias de la Fiscalía en temas de delitos sexuales, Barbosa dijo que Hernández podría tener razón y que esos procesos están llegando a la Corte Suprema tras 10 o 15 años de trámite. “No es esta administración la que finalmente está atada a esas críticas. Nosotros estamos trabajando rápidamente, haciendo todos los mecanismos de priorización y tenemos el 95 por ciento de esclarecimiento en temas de feminicidio”.
El ex fiscal general Mario Iguarán, a su turno, dijo que si bien el sistema acusatorio no ha mostrado los resultados esperados, comparado con el modelo inquisitivo, tiene ventajas evidentes en materia de celeridad y eficacia.
“Pero ante la gran demanda de justicia, se requiere de más recursos humanos y físicos: más investigadores, más médicos y psicólogos forenses, pero también que cuenten con cámaras Gesell (una habitación acondicionada de una manera especial para la realización y grabación de entrevistas) para los casos a los que se refirió el presidente de la Corte”, dijo.
Según Iguarán, adecuados mecanismos técnicos, que impidan la revictimización, “permitirían que el sistema diera más resultados”.
En el mismo sentido habló el ex fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, quien estimó que no es cierto que el sistema no funcione, sino que “tiene dificultades”.
Según el jurista, los puntos críticos ya están detectados: la falta de investigadores de la Fiscalía para recoger las evidencias necesarias, la cantidad de procedimientos y fases que tiene el proceso penal. “Es preciso que haya menos posibilidades de controversias en el curso de las audiencias. Se demoran para temas rituales horas y días y eso afecta el sistema”, dijo.
El exfiscal dijo que lo que sí podría revelar una falla en el sistema serían las libertades de personas procesadas por vencimientos de términos, pero, según su visión, este asunto también es un tema de los jueces de la República y no solo por las actuaciones del ente investigador.

Debate de fondo

El exministro de Justicia Yesid Reyes aseguró que la estructura del sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) es adecuado y “mejor” que el antiguo sistema inquisitivo (Ley 600 de 2000), en la medida que es más garantista para las partes del proceso. De hecho, dijo Reyes, parte del debate actual que se está presentando sobre cómo seguir investigaciones de congresistas una vez renuncian al Congreso y pasan de un sistema de justicia a otro tiene que ver precisamente con las garantías.
“Sí es verdad que el sistema tiene fallas. Creo que la Fiscalía está teniendo problemas para completar sus investigaciones, pero, de otro lado, los jueces de garantías están haciendo una excelente labor. Se deben identificar las fallas y corregirlas. Hay que agilizar las audiencias, que, curiosamente, se agilizaron en la pandemia a raíz del uso de la virtualidad, y hay que mejorar la enseñanza del sistema a nivel universitario”, expuso.
En ese sentido, según el exministro, hay asuntos que se pueden corregir de forma administrativa, aunque sí sería necesaria una reforma legal, pero no de la estructura del sistema, sino para mejorar algunos de sus procesos.
De otro lado, el exministro de Justicia, exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez se mostró de acuerdo con las afirmaciones del presidente de la Corte Suprema al estimar que el sistema fracasó, pero “por la forma como se estableció”.
Gómez Méndez cuestionó que el sistema no tenga jurado de conciencia como en otros países, así como la aplicación de los principios de oportunidad en los que se delatan personas a cambio de beneficios judiciales. “El trasplante del sistema se hizo mal y por eso hoy la justicia no es más ágil que antes, se le vendió al país un sistema ágil y no es así. Las audiencias se viven aplazando”, apuntó.
De otro lado, el abogado penalista Francisco Bernate destacó que el magistrado Hernández, en su rol de presidente de la Corte, haya puesto sobre la mesa este debate. “Las investigaciones se hacen a espaldas de las personas, no hay control para falsos testigos, hay impunidad. Lo único que ha funcionado es la virtualidad.
justicia@eltiempo.com
@justiciaET

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