Presos con casa por cárcel y brazalete están fuera de control

Presos con casa por cárcel y brazalete están fuera de control

En los últimos 20 días han capturado delinquiendo a 10 beneficiarios de vigilancia electrónica.

Eider Astudillo Cerón, alias Morocho

Eider Astudillo Cerón, alias Morocho, de 24 años, fue detenido tras robarle el bolso a una mujer en Pitalito (Huila). Portaba un brazalete electrónico, violando la casa por cárcel.

Foto:

Archivo particular

Por: Justicia
14 de marzo 2018 , 11:40 p.m.

Hace tres días, a la salida de un establecimiento comercial, la Policía de Popayán capturó a Fabio Ramírez Realpe, de 25 años, señalado de disparar tres veces contra un hombre de 55 años que luego murió en el Hospital del Norte de esa ciudad.

Al trasladarlo hasta una URI, la Policía notó que el hombre portaba un brazalete electrónico. El criminal reincidente tenía casa por cárcel por un proceso por porte ilegal de armas de fuego. La captura en flagrancia develó la trampa al sistema de control con brazaletes electrónicos y tiene en este momento a Ramírez Realpe en una cárcel y ya no en detención domiciliaria.

En los últimos 20 días al menos 10 personas como Ramírez han sido sorprendidas delinquiendo mientras portaban un dispositivo electrónico fijado a su tobillo, que es la medida de vigilancia que se usa en los casos de 5.306 personas que tienen procesos o condenas penales que, en concepto de jueces, no daban para mantenerlos en prisión. Tan solo en lo que va corrido fueron detectados 191 vigilados que salieron de sus casas más de una vez.

La falta de control se da, entre otras razones, porque no hay personal suficiente para atender todas las alarmas que se disparan a diario con los brazaletes. Un informe de la Contraloría General conocido por EL TIEMPO dice que “la capacidad operativa del Inpec para efectuar monitoreo y seguimiento de las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electronica es mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo”.

La auditoría, que evaluó la polémica gestión de la exdirectora María Cristina Palau, revela que de 2.300 alarmas que se disparan a diario por una posible irregularidad (corte de la correa, apertura del sistema GPS, pérdida de comunicación, o porque el beneficiario se sale del perímetro permitido), las autoridades solo están atendiendo 400 (el 17 por ciento). Con esas cuentas, la Contraloría dice que de los 94,7 millones que estos dispositivos le cuestan al Estado a diario realmente se justifican solo 23,6 millones, pues la mayoría de alarmas no se atienden. En los últimos nueve años este tipo de controles le ha costado al Estado 209.061 millones de pesos.

Ante esta dificultad, la Contraloría llamó la atención para que se desarrolle el convenio número 136 con el fin de que se le permita a la Policía brindar apoyo para atender las alertas de los dispositivos. Además, el organismo de control le pide al Gobierno que reglamente la ley del 2014 –que hoy no se cumple–y que ordena cobrarles a los beneficiarios esos dispositivos.

Juan Carlos Restrepo, a quien el presidente Juan Manuel Santos le ordenó que enderece la gestión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), aseguró que el Gobierno comparte los reparos de la Contraloría y que está haciendo los ajustes basado en las conclusiones de las auditorías.

El guardián Óscar Robayo, directivo del sindicato más grande del Inpec, asegura en todo caso que el sistema de control tiene fallas técnicas. Así, sostiene que los nuevos brazaletes, que entraron a funcionar el 14 de junio del año pasado en Bogotá y el 22 de julio en el resto del país, “son de una tecnología anticuada: no funcionan como se esperaba y muchas veces no dan señal cuando alguien sale de su área de reclusión”. Robayo dice que también falta severidad en los jueces que deben revocar los beneficios a los que violan la detención domiciliaria. En ese sentido, dice que hay casos de detenidos con tres o más eventos que no han recibido ningún tipo de sanción.

Por eso se siguen presentando casos como el de Éider Astudillo Cerón (de 24 años), quien el lunes pasado le robó un bolso a una mujer en Pitalito (Huila) cuando tenía un brazalete que debía garantizar su arresto domiciliario. O el aberrante caso de Luis Carlos Gómez y Rodian Chacón, quienes asesinaron al empresario Álvaro Morales Manchego el 11 de diciembre del 2016, en un caso de fleteo en Sahagún. Los dos estaban en detención domiciliaria con brazalete. Fueron capturados por el nuevo crimen, pero increíblemente quedaron libres en diciembre pasado por vencimiento de términos.

Tenemos claro que el sistema también puede estar sufriendo fallas por corrupción

Contratos polémicos

Además de las dudas sobre su efectividad, al sistema de vigilancia con brazaletes lo rondan las dudas sobre su contratación en la pasada administración de la Uspec. La auditoría de la Contraloría evidenció que el año pasado la Unidad pagó 2.125 millones de pesos por brazaletes que no estaban instalados en los meses de junio, julio y agosto.

Mientras en el 2016 la Uspec contrató directamente con un proveedor, en el 2017 acudió a la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) para asignar en subasta el contrato de 33.497 millones de pesos. En esa transacción se eligió como proveedor a la Unión Temporal Servicios Eléctricos de Seguridad. La Contraloría dice que en el negocio se pactó que se pagaría una suma diaria por los dispositivos recibidos y que tuvieran señal, sin importar si estaban instalados o no.

Además, el 11 de julio del año pasado la Uspec autorizó usar un 10 por ciento del valor del contrato para pagar una etapa de transición entre el nuevo y el viejo operador, con el fin de no parar el servicio, a pesar de que esos 3.349 millones solo podían usarse para contratar más brazaletes.

Otra situación que plantea la Contraloría es que los brazaletes contratados supuestamente debían ser de “difícil remoción”. El hecho de que en algunas de las alarmas atendidas por el Inpec (por lo menos en 25 dispositivos) se haya encontrado que las correas del GPS fueron alteradas, deja dudas sobre si el contratista está cumpliendo con las condiciones técnicas de estos dispositivos.

Subió el precio de los brazaletes

En la investigación, la Contraloría detectó que el año pasado se cambió el costo de la tarifa diaria por dispositivo, que pasó de 17.556 pesos a 20.093 pesos, modificando las características de la operación que se hizo en la Bolsa Mercantil.

Esos cambios los autorizó el entonces director de gestión contractual de la Uspec “sin que dicho funcionario tuviera la competencia para representar legalmente a la entidad, competencia que radica en el director”, dice el informe.

La investigación asegura que esa diferencia en los precios se dio para que los brazaletes tuvieran una tecnología denominada Beacon, que permite la vigilancia en edificios. Los delegados encontraron que se está usando esa tecnología de manera generalizada, “ocasionando un costo adicional de monitoreo por día”.

‘Es evidente que el sistema no funciona bien’: Gobierno

El consejero presidencial Juan Carlos Restrepo asumió en noviembre pasado la misión de sacar de la crisis la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Restrepo asegura que la falta de personal de vigilancia para atender las alarmas es un problema capital.

¿De qué sirve pagar tantos recursos por los brazaletes si solo se atienden el 17 por ciento de las alarmas diarias?

El sistema de vigilancia electrónica es necesario, y es evidente que no funciona bien. Sin embargo, existen diferentes tipos de alarmas, muchas porque se descarga la batería de los dispositivos, otras por caídas en la red y otras por saltos de satélite. Estos eventos, que se atienden vía telefónica desde el Centro de Reclusión Virtual del Inpec , no necesariamente implican que la persona privada de la libertad se encuentre fuera del sitio de su detención domiciliaria. Hay una deficiencia de personal del Inpec, eso hay que resolverlo. El Inpec ha pedido una ampliación de la planta de personal y el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que la ampliaría en 2.800 funcionarios. Tenemos claro que el sistema también puede estar sufriendo fallas por corrupción, y para combatir este frente estamos ordenando las investigaciones respectivas.

¿Cómo lograr una mejor coordinación con la Policía para evitar que delincuentes terminen delinquiendo aunque estén vigilados con brazalete electrónico?

El Inpec y la Policía Nacional están coordinando un trabajo conjunto que permitirá usar la red de Cuadrantes de cada ciudad para atender eventos que por su gravedad requieran la intervención y apoyo policial en reacción a las alarmas de monitoreo electrónico.

¿Se insistirá en contratar a través de la Bolsa Mercantil a pesar de que la contraloría dice que este no es necesariamente el mecanismo más idóneo ni más barato?

Estamos revisando la próxima contratación y concluimos que lo que necesitamos no es la mera adquisición de unos aparatos, sino la prestación de un servicio integral de suministro de equipos, monitoreo, verificación y reacción. El mecanismo de compra por la Bolsa Mercantil de Colombia no es malo. Es un sistema transparente que siempre escogerá la opción menos costosa. Lo más relevante en este tipo de contratación es tener unas fichas técnicas (la especificación de lo que estamos comprando y para qué) adecuadas a la necesidad que se quiere suplir. Por el tiempo que tenemos para hacer la próxima contratación, que iría solo hasta diciembre, la Bolsa Mercantil pareciera ser la única modalidad que podría evitar un colapso del servicio.

JUSTICIA

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