El proceso por el cual la Fiscalía anunció, este miércoles, que imputará cargos contra Sergio Fajardo no es el único que enreda su futuro judicial y político. 

El más reciente es el caso de este miércoles, cuando se conoció que le imputarán cargos al exgobernador de Antioquia por presuntas irregularidades en un contrato de sustitución de deuda que suscribió en 2013 el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.

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En este caso, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según la investigación de la Fiscalía, el préstamos implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos; pero; al parecer, no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir el contrato de préstamo en moneda extranjera. Cuando se hizo el desembolso, el dólar costaba 1.926 pesos y en 2015, su valor superaba los 3.140 pesos.

Por eso, para la Fiscalía hay un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.

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Por otro lado, en junio de 2020 la Fiscalía compulsó copias para que Fajado fuera investigado por el mismo contrato que hoy tienen en casa por cárcel al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Se trata de un contrato de 2005 para la pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz que, en su ejecución, pasó por las administraciones departamentales de los dos siguientes gobernadores a Gaviria, es decir, Fajardo y Luis Alfredo Ramos.

Este contrato, firmado entre la Gobernación de Antioquia -en ese entonces encabezada por Gaviria- y el Consorcio Troncal de la Paz tuvo un valor de 41.663 millones de pesos.

Por otra parte, el exgobernador y también exalcalde de Antioquia (2004-2007) también es investigado fiscalmente por la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en el proyecto Hidroituango, que le imputó cargos a él y a otras 27 personas el año pasado.

La construcción de la hidroeléctrica se había presupuestado en 6 billones de pesos, pero en 2020 iba por los 13 billones. Según la Contraloría General, una “cadena de errores” en su planeación, ejecución y control entre el 2008 y el 2015, situación que, según ese organismo, llevó a que se causara un posible detrimento de 4,1 billones de pesos.

Según la Contraloría, el daño fiscal en Hidroituango se generó por dos razones: al no entrar en operación en 2018 no empezó a vender energía desde ese año (como se había comprometido en por lo menos dos subastas), lo que ocasionó un lucro cesantes de 1,1 billones de pesos.

Además, porque las modificaciones sobre los tiempos en los que se debían cumplir las obras y sobre el contrato conllevaron a aumentar las inversiones y costos en 2,9 billones de pesos.

Para el órgano de control uno de los errores más grandes fue la improvisación en los túneles de desviación. Ante los retrasos que había para desviar al río Cauca, decidieron construir un tercer túnel: la Galería Auxiliar de Desviación que no cumplió los requisitos técnicos y colapsó en abril del 2018, generando una contingencia grave.

Según la Contraloría, ese acelerador se dio en la época en la que Sergio Fajardo era gobernador y por eso a él el órgano de control le imputó cargos por acción y omisión por “culpa grave”, al no estar al tanto del proyecto.

Sobre él hay dos reproches principales: el primero es que aunque delegó a Iván Mauricio Pérez Salazar en la junta directiva de Hidroituango, no hizo sobre él seguimiento y control, y el delegado terminó tomando decisiones que generaron atrasos, mayores costos y pérdidas.

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Por otro lado, se le reprochó que, siendo gobernador, y pese a conocer “las situaciones irregulares que se estaban presentando” no tomó acciones o dio instrucciones efectivas “para contrarrestar o mitigar los efectos negativos”, no asistió a ninguna de las sesiones de la junta directiva y aunque fue informado de los graves atrasos, no dio ninguna orden para frenar los problemas.

Durante la gobernación de Fajardo, como parte del plan acelerador, quienes estaban a cargo del proyecto decidieron no ponerle compuertas a los dos túneles de desviación del río y, además, construir el tercer túnel, a pesar de que esos cambios no estaban planeados y los expertos no los habían recomendado.
 
Con esas pruebas, la Contraloría afirma que teniendo en cuenta la alta preparación de Fajardo no era excusable que en vez de poner sus capacidades para que Hidroituango consiguiera sus objetivos, decidió no asistir a ninguna de las sesiones de la junta directiva "del proyecto más importante que se estaba ejecutando en el departamento".

JUSTICIA
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