El año pasado, la Fiscalía recibió casi 1’500.000 denuncias, esto es unas 4.000 cada día y 165 cada hora. Gran parte (39 %) fueron por delitos contra el patrimonio económico, como el hurto; seguidos por delitos contra la vida, con un 14,6 %; contra la familia, 12,3 %; contra la seguridad pública, 5,6 %, y contra la salud pública, 5 %.
No obstante, la mayoría de casos terminaron en el congelador, con un 74,2 % de procesos que fueron archivados. Además, de los 18.467 casos que llegaron a un juicio, el 57 % terminó en una absolución, es decir, la Fiscalía perdió casi 6 de cada 10 casos.
Solo en el 43 % de los procesos hubo condenas, de las cuales casi la mitad (48 %) se lograron por negociaciones o acuerdos.
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Así lo dejan ver las estadísticas del Sistema Penal Acusatorio, publicadas por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que muestran, de acuerdo con expertos, profundas falencias en el ente acusador.
Para Julio Sampedro, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, estos resultados muestran que hay una falencia en la investigación, y añadió que en un proceso penal, la Fiscalía debe llenarse de razones para ganar los casos, “si la Fiscalía presenta una acusación y no gana, es un fracaso, la Fiscalía actúa como abogado de la sociedad”.
Para Sampedro, la razón detrás del alto número de absoluciones es que el ente acusador se ha dedicado a mostrar resultados en capturas y privaciones de libertad antes de realizar una investigación que le permita ganar un juicio.
Bogotá, San Andrés y Meta son los tres departamentos con más denuncias por cada 100.000 habitantes.
En el mismo sentido opinó el penalista Camilo Burbano, quien indicó que por la forma en que hoy el ente acusador califica a sus fiscales, exigiéndoles una cantidad fija de resultados, “los fiscales están más preocupados por tener que cumplir una cantidad de imputaciones que por hacer procesos consistentes y armados de manera adecuada”.
Añadió que hay fiscales sobrecargados, llevando entre 300 y 400 procesos, y que no hay suficiente policía judicial.
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Sobre el alto número de archivos, ambos coincidieron en que siempre habrá archivos porque la gente denuncia cosas que no son delitos, pero que 70 % es muy alto, y que es especialmente preocupante que el 58 % de los procesos archivados lo son por no encontrar a la víctima o el victimario.
“Parte esencial de la investigación penal es determinar quién fue el autor, no poder establecer sujeto activo o pasivo no es una causal real para archivar casos. Además, la forma de calificación de los fiscales vuelve esto en un incentivo perverso, porque para poder cumplir sus metas no pueden realizar una investigación adecuada y dicen que fue imposible identificar a los sujetos”, comentó Burbano.
Si la Fiscalía presenta una acusación y no gana, es un fracaso, la Fiscalía actúa como abogado de la sociedad
Sumado al problema de un alto inventario de procesos y de fiscales sobrecargados, las cifras publicadas por la CEJ también dejan ver que se usan muy poco métodos que ayudarían a una descongestión de los juzgados, como los principios de oportunidad, medida que le permite a la Fiscalía renunciar a la persecución penal contra alguien a cambio de compromisos en reparación o colaboración judicial.
De acuerdo con los abogados, debido al populismo punitivo del país, y a querer que todo se resuelva con cárcel, se ha creído que los principios de oportunidad son impunidad, y se ha reducido su posibilidad de aplicación para varios delitos. El año pasado, solo el 0,3 % de los procesos (3.461) terminaron mediante un principio de oportunidad.
Al igual que el general (r) Humberto Guatibonza, investigado por chuzadas, quien quedó libre por vencimiento de términos en octubre del año pasado, otras 5.088 personas consiguieron su libertad en el 2019 por la misma razón.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía, esto representa el 10 % del total de las libertades concedidas. Para lo expertos, el tema es preocupante, y las cifras vienen en aumento.
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En los últimos 5 años, las libertades por vencimiento de términos pasaron de ser el 6 % del total de libertades al 10 %.
Sampedro comentó que estas libertades no son por “mañas” de los abogados, ya que la ley establece claramente que las demoras atribuibles a la defensa no se cuentan, por lo que para él, este nivel de libertades por vencimiento de términos responde a que “la Fiscalía o los jueces no están haciendo bien su trabajo”.
Por su parte, Burbano consideró que la falla es estructural de todo el sistema y no se le puede atribuir a una sola parte, y añadió que como el sistema está cada vez está más colapsado, este tipo de libertades seguirán en aumento.
Luis Lizarazo / Archivo EL TIEMPO
De las 2.438 denuncias por tráfico, fabricación o porte de drogas que llegaron a juicio, el 95,3 % fueron en flagrancia, y de esas, en el 78 % la sentencia fue de absolución. Por hurto llegaron 3.550 casos a juicio, había flagrancia en el 89 % de los procesos, y de esos, 53,7 % de los casos terminaron en absolución.
Para el exdecano de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, Julio Sampedro, hay un fallo investigativo pues la flagrancia no es por sí sola suficiente para una condena y deben recaudarse más pruebas. El penalista Camilo Burbano añadió que en el caso de drogas, muchas veces se confunde la dosis mínima o de aprovisionamiento con la venta, y al final el caso se cae en juicio.
Por su lado, Gilberto Toro, director de Fedemunicipios, dijo que desanima que no obstante los esfuerzos de seguridad “haya un régimen demasiado garantista con los derechos de los delincuentes que permite que queden libres”.
Desanima mucho que haya un régimen demasiado garantista con los derechos de los delincuentes que permite que queden libres
Mientras que el secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero, opinó que, más que desanimar, esto debe llevar a tener mejores investigaciones, con pruebas contundentes.
Explicó que no sirve de mucho capturar a los expendedores de droga o a los ladrones de celulares, por ejemplo, si no se llega a las grandes redes criminales que hay detrás.
Y añadió que con esa estrategia de más investigación para ir por las redes criminales en su conjunto, en lugar de solo capturar a los últimos eslabones, en el primer trimestre de este año desarticularon en la ciudad 127 bandas y, dijo, la gran mayoría de los capturados fueron enviados a prisión.
MARIA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
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