En Caquetá y Meta, disidencias de Farc cobran hasta 'vacunas': OEA

En Caquetá y Meta, disidencias de Farc cobran hasta 'vacunas': OEA

Organismo internacional advierte sobre zonas del país en las que ilegales mantienen el control.

zona veredal Pueblo nuevo

Las zonas veredales están hechas para que las Farc se desarmen y hagan el tránsito a la vida civil.

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Reuters

Por: Justicia
09 de agosto 2018 , 10:50 p.m.

En Washington, la Misión de la OEA para el Apoyo al proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA) entregó su informe 24 sobre la situación en el país. Basado en más de 1.500 visitas a terreno, la Misión, encabezada por el argentino Roberto Menéndez, concluyó que si bien el nivel general de violencia ha caído en el país por cuenta del acuerdo con las Farc, en varias zonas el control de los grupos armados ilegales aún se mantiene.

"Si bien el Gobierno nacional viene desplegando grandes esfuerzos, los desafíos que presenta la fase de implementación en los territorios son de tal envergadura y abarcan dimensiones tan complejas que las zonas más vulnerables aún no perciben los beneficios y los dividendos de la paz (...) El Acuerdo no ha logrado impedir aún el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de sus territorios; los atentados y homicidios contra líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras, entre otros", señala el documento, que si bien se refiere a hechos del año pasado asegura que la situación se mantiene en la actualidad.

En ese sentido, la Mapp-OEA saludó la llegada del gobierno del presidente Iván Duque y puso "a su disposición y la de todo su equipo el compromiso de la OEA con la paz de Colombia".

También advirtió que "la actual coyuntura política y social plantea diversos desafíos que pueden incidir en el proceso: una etapa de transición marcada por el cambio de autoridades nacionales, la persistencia de economías ilegales y entornos violentos, tienen la potencialidad de impactar el posconflicto, el futuro y la consolidación del proceso de paz".El informe de la Mapp se puede consultar completo en el siguiente enlace:

Las alertas

Como lo viene haciendo desde el 2004, cuando acompañó el proceso de desarme y desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe, la Misión tiene equipos desplegados por las regiones del país más afectados por la violencia y el conflicto. El informe señala que esa labor en el terreno "evidencia que la violencia no cesa y los entornos criminales no dan tregua: la disputa entre el Eln, los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados por el control territorial se acrecienta proporcionalmente en los territorios dejados por las Farc".

Y agrega que la población civil sigue sintiendo los efectos de esta violencia a través de "afectaciones directas y desplazamientos forzados con graves consecuencias humanitarias".

El Acuerdo no ha logrado impedir aún el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de sus territorios; los atentados y homicidios contra líderes, entre otros

La Misión señala que desde la etapa de concentración de las Farc fue evidente "el posicionamiento del Eln en las zonas donde había hecho presencia" la ahora exguerrilla, lo cual ha conllevado a situaciones críticas en la región del Darién en Chocó; en la costa Pacífica nariñense, y en el Cauca, entre otras zonas.

"En otras regiones donde el Eln compartía presencia con las Farc teniendo mayor influencia que esta última, como el departamento de Arauca, los cambios se han dado en términos del fortalecimiento de su control y el intento por consolidarse como un actor que regula desde los comportamientos de la población hasta la seguridad de las zonas rurales, a través de un accionar represivo y coercitivo contra quienes puedan alterar la tranquilidad de las comunidades".

El informe advierte que "se han observado acciones hostiles contra periodistas en zonas de influencia del Eln", así como el "marcado escalamiento de las acciones ofensivas del Eln expresadas en agresiones a exintegrantes de las Farc en Santacruz de Guachavés (Nariño) y Arauquita (Arauca); enfrentamientos con otros grupos armados ilegales como los que ocurrieron en Riosucio (Chocó); Bolívar (Cauca); Cáceres (Antioquia); Magüí Payán, Policarpa y Cumbal (Nariño); y acciones hostiles contra la Fuerza Pública en Teorama y Tibú (Norte de Santander); Soledad y Barranquilla (Atlántico); Valdivia (Antioquia); y Santa Rosa del Sur (Bolívar)".

La Misión de la OEA dice también que "ha identificado la permanencia de personas o grupos que, tras la finalización del proceso de dejación de armas en agosto de 2017, continuaron denominándose como Farc-Ep", lo que "no solo representa un factor de riesgo a la seguridad de las comunidades sino que abre una ventana de oportunidad para el aumento de dinámicas criminales y además genera incertidumbre en la credibilidad y expectativas de éxito del proceso entre el Gobierno y esa guerrilla".

"La población civil identifica en sus comunidades a miembros de las Farc que nunca se trasladaron a las zonas (de desmovilización). Ante esta última situación, aunque no todos los casos apuntan al ejercicio de actividades criminales o afectaciones por parte de estas personas, la percepción predominante es que integrantes del grupo guerrillero desmovilizado continúan haciendo presencia armada en zonas donde dicho actor ejerció su influencia", advierte. Eso ocurre en Guaviare, Meta y Caquetá.

Y agrega el documento: "En otros casos, la permanencia en los territorios de los llamados milicianos, además de haber generado incertidumbre frente a su posibilidad de hacer parte del proceso de desarme, desmovilización y reincorporación, generó percepciones según las cuales no se presentó ningún cambio en el marco del proceso de paz (...) En este contexto, la población civil continúa vinculando el actuar de estas personas a las dinámicas delincuenciales que se presentan en sus territorios. Tal situación ha sido observada en la Costa Pacífica Nariñense con epicentro en el municipio de Tumaco".

La Misión advierte que muchos habitantes de regiones como Guaviare, sur del Meta y Norte de Antioquia consideran que "las estructuras disidentes se mantienen con el fin de seguir ejerciendo control sobre la población y formar un tipo de reserva de las Farc en caso que el proceso de implementación del Acuerdo Final fracase": "Algunas fuentes institucionales y comunitarias describen el perfil de quienes quedaron al mando de las disidencias como miembros antiguos y de confianza de la antigua estructura militar de las Farc".

La criminalidad no solo se refiere a narcotráfico: "Dadas las complicaciones que han evidenciado estos grupos para recomponer las redes del narcotráfico debilitadas tras la salida de las FARC-EP de los territorios, una alternativa en términos de financiación ha sido el mantenimiento de la extorsión. Se ha identificado una tendencia hacia el incremento de las personas extorsionadas, los montos exigidos y la frecuencia en el cobro. En algunos municipios de Caquetá y Guaviare, comerciantes y ganaderos expresan su preocupación ante el incremento de los montos cobrados, y frente al hecho de que estos se cobren cada semestre y no anualmente como lo hicieron en su momento las Farc".

Incluso están cobrando 'vacunas' retroactivas, correspondientes a la época de la negociación de paz.

La Misión dice que en Cauca, en zona rural de Santander de Quilichao y de Inzá, antiguos miembros de esa guerrilla que no han conformado oficialmente una disidencia, sin embargo mantienen intimidadas a las comunidades. 

Se ha identificado una tendencia hacia el incremento de las personas extorsionadas, los montos exigidos y la frecuencia en el cobro

En Morales y Suárez operaba hasta hace poco un grupo de unos 30 hombres armados que se hace llamar 'Frente 1 del Guaviare' y que "pretendía mantener el control territorial limitando la movilidad de las comunidades". En el norte del departamento además se ha reportado presencia, que no existía, de supuestos miembros del EPL,

El reporte dice que en zona del Tibú, Norte de Santander, hay presencia de actores armados que serían guerrilleros no desmovilizados. "Fuentes indicaron que poco antes del inicio de ese proceso, varios miembros del Frente 33 recibieron la orden de sus comandantes de permanecer en la zona rural de La Gabarra, con el fin de conservar una reserva armada ante cualquier eventualidad (...) Esa estructura, que no supera las 25 personas, ha sido vista en zonas cercanas a la frontera con Venezuela".

El fortalecimiento de los 'Pelusos' en el Catatumbo, dice el informe, "podría estar relacionada con vinculaciones de combatientes que pertenecieron a las Farc y que ante la desmovilización de dicho grupo armado, decidieron ingresar a las filas del mencionado grupo armado organizado".

Las comunidades y fuentes consultadas en Arauca señalan que la disidencia del frente 10 tendría presencia en el sector venezolano de la frontera y podría estar integrado por "entre 100 y 300 personas bajo el mando de alias Anderson y Serrucho", ambos desertores de las Farc.

La OEA alerta porque se mantiene el reclutamiento forzado y vinculación de menores de edad a los grupos armados, así como por "la continuación y, en algunos casos, exacerbación de eventos de violencia dirigidos a mujeres y niñas en Nariño, Cauca, Caquetá, Arauca, Córdoba y Sur de Bolívar".

Dice el informe que "feminicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y amenazas están generalmente relacionadas con la llegada de hombres bajo una lógica de guerra. En la mayoría de casos las mujeres afectadas se abstienen de denunciar por temor a ser estigmatizadas o por considerar que sus denuncias no tendrán ningún efecto".

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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