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La lucha de Yolanda para que la dejaran morir dignamente
Yolanda Chaparro de Andrade

Yolanda Chaparro de Andrade vive en Bogotá, tiene 71 años de edad, se define como feminista, de izquierda y hace parte de grupos de mujeres que apoyan la paz.

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La lucha de Yolanda para que la dejaran morir dignamente

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Tenía una enfermedad incurable, pidió eutanasia y se la negaron. Emprendió un caso por sus derechos.

El viernes 25 de junio de 2021, al finalizar la tarde, Yolanda Chaparro de Andrade recibió la eutanasia que había pedido desde hace 13 meses y que el sistema de salud le había negado. Su lucha porque se revisen los protocolos que determinan cuándo los pacientes pueden acceder a esta muerte digna continúa a través de una tutela. EL TIEMPO republica esta nota, publicada originalmente el 19 de junio, en la que se cuenta su historia.

“Recibir el diagnóstico fue algo catastrófico, pero siempre me ha animado que yo he tenido dentro de mis convicciones que uno debe vivir hasta cuando sea feliz. En el momento en que la vida sea para uno algo que no es gratificante, con sufrimiento, es mejor buscar vías alternas”.

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Este fue uno de los pensamientos que Yolanda Chaparro de Andrade, una mujer boyacense de 71 años que ha vivido toda su vida en Bogotá, tuvo hace dos años, cuando recibió de su médico el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) –la misma que sufrió el físico británico Stephen Hawking–, una enfermedad que afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos.

No tiene cura y pasado un tiempo, que a veces es de meses y otras de años, el deterioro lleva a que los músculos no funcionen para caminar, hablar, respirar y comer; el cerebro sigue intacto, por lo que la persona queda “atrapada en un cuerpo lleno de dolores. Uno siente miedo, frustración, rabia, porque uno está viviendo en un cuerpo que ya no funciona”, como la misma Yolanda lo definió.

“Siempre me aterró ver a las personas totalmente destruidas y nunca quise que a mí me tocara esa situación”, expresó. Fue por eso que en mayo de 2020, cuando comenzó a notar el deterioro en su cuerpo por su diagnóstico de ELA, le dijo a su médico tratante, un neurólogo, que era su deseo morir dignamente mediante la eutanasia, un derecho reconocido por la Corte Constitucional desde 1997 para pacientes terminales.

El primer ‘no’ lo recibió ese mismo día, cuando el médico le respondió que ella aún estaba “muy bien”.

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Yolanda, que tiene el cabello morado porque se lo tiñe con el color de la lucha feminista, que apoya, es una mujer de izquierda, atea, que hace parte de movimientos de mujeres que luchan por la paz. Antes de su diagnóstico, su vida cotidiana pasaba por ir a reuniones o marchas, hacer senderismo, ir a cine con sus amigas, salir a bailar, viajar a Canadá y Estados Unidos para ver a sus dos hijas y sus nietos. Ya no puede hacer ninguna de estas cosas.

El abogado Lucas Correa, director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), quien lidera el proceso judicial que emprendió la mujer para acceder al derecho a la muerte digna, contó que tras ese primer ‘no’ acompañaron a Yolanda en la elaboración de una solicitud por escrito a su IPS. Como no le respondieron su derecho de petición, pusieron una tutela tras de la cual la IPS le dio una cita en junio del año pasado.

Nuevamente, ella reiteró su solicitud de eutanasia y su neurólogo le aplicó un protocolo que desde 2015 diseñó el Ministerio de Salud para estos casos.

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“Le dice que, según el protocolo, ella no es candidata porque su estado de salud no está lo suficientemente deteriorado y que tiene que esperar a varios niveles de deterioro, como estar postrada en cama o usar silla de ruedas permanentemente, requerir ayuda de otras personas para actividades cotidianas como ir al baño o bañarse; que tiene que esperar a no poder comer y tener una dieta líquida, que su habla sea ininteligible y que su capacidad respiratoria esté deteriorada y tenga que usar oxígeno permanentemente”, indicó Correa.

Eso era precisamente lo que Yolanda quería evitar, “no quería llegar a ese estado porque lo considera incompatible con la vida digna, un trato cruel e inhumano”, manifestó su abogado, que añadió que tras esa cita se convocó a un comité de ética médica que le negó nuevamente la eutanasia.

“Negarme la eutanasia fue algo que no esperaba porque siempre he pensado que el dueño de la vida es uno mismo y quien padece los sufrimientos no es nadie más que uno y la familia”, explicó la mujer frente a esa negativa.


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La tutela que interpusieron en junio de 2020 siguió su camino, pero, tras un largo proceso que comenzó en junio y terminó en diciembre pasado –pese a que por ley las tutelas deben fallarse en 10 días, más otros 20 si hay segunda instancia–, los jueces de primera y segunda instancia la negaron, considerando que la IPS ya le había dado respuesta a la paciente, por lo que no se había vulnerado su derecho de petición y se había determinado que no era apta para el procedimiento.

Pero no analizaron, comentó Correa, la cuestión de fondo que se relaciona con los derechos que se vulneran cuando a una persona no le permiten morir dignamente.

“A Yolanda le impusieron un nivel de deterioro específico para poder morir dignamente, los médicos le dijeron que tenía que esperar a que la salud estuviera muy deteriorada. Cuando se le aplicó el protocolo de eutanasia y se le exigió un nivel de deterioro específico, se vulneró su muerte digna, pero también el derecho a la vida digna al obligarla a vivir una vida contraria a su idea de dignidad; se le vulneró el libre desarrollo de la personalidad, al impedirle tomar las decisiones sobre su vida, y se la sometió a tratos crueles, al obligarla a vivir con dolor”, explicó el coordinador de investigaciones de DescLAB.

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Desde 2015 se han practicado poco más de 100 eutanasias por parte del sistema de salud.

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EL TIEMPO

El tiempo siguió corriendo y el deterioro de la ELA se sintió con más fuerza. Ya no solo eran dolores musculares o sentir frío en el cuerpo, comenzó a necesitar oxígeno, primero en las noches y luego todo el día. Producto de la dificultad para moverse, tuvo una caída que le causó una fractura y tuvo que comenzar a usar silla de ruedas. Ahora también se le dificulta comer, no puede caminar más de tres pasos, no sale de su habitación y necesita asistencia para muchas cosas.

En abril de este año, contó Correa, Yolanda volvió a cita con su neurólogo y nuevamente le expresó que quería una eutanasia, volvieron a convocar un comité médico, en mayo, y esta vez sí se la autorizaron.

Ahora sí tiene casi todos los requisitos impuestos. Lo único que aún no cumple es que todavía se le entiende cuando habla y con su voz explica que su lucha no solo es por ella, sino para tratar de ayudar a que otras personas en la misma situación no tengan que pasar por lo mismo.

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Pese a que en mayo su IPS le autorizó la eutanasia, después de estarla pidiendo desde 2020, aún no ha podido acceder a este derecho. Su abogado explicó que la respuesta fue que allí no hacían el procedimiento, por lo que le indicaron que buscara con la EPS cómo se lo iban a hacer.

“Esto no debería ser así, las EPS deben acompañar a los ciudadanos en este proceso, no que les toque a las personas estar buscando distintos médicos para ver quién le hace la eutanasia. Después de la autorización, se debió hacer en 15 días tras el acta, que es del 6 de mayo, y ya estamos en junio”, indicó.

La lucha jurídica sigue

Tras un año de estarlo pidiendo, a Yolanda ya le autorizaron su procedimiento, pero la tutela que interpuso en junio del año pasado, luego de la primera negativa a su petición de una eutanasia, siguió el camino que tienen todas las tutelas en el país: llegó a la Corte Constitucional, en donde podría ser seleccionada para revisión.

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El 29 de junio próximo, el alto tribunal tendrá una sala de selección de tutelas para determinar si toma para revisión el caso de esta bogotana. En esa revisión, la Corte puede definir si mantiene o cambia las decisiones judiciales que, en su momento, no le reconocieron la protección a sus derechos.

Aunque el problema jurídico central ya se superó, pues a Yolanda ya le autorizaron el procedimiento, Correa explicó que le piden a la Corte que seleccione la tutela no solo para que se pronuncie sobre su caso.

“Le pedimos que falle a favor no únicamente en el caso de Yolanda como persona, sino que verifique las circunstancias en las que nos encontramos, que revise el protocolo del Ministerio de Salud sobre eutanasia y la definición de qué es una enfermedad terminal”, dijo.

Desde un panorama realista, añadió Correa, es probable que si la Corte selecciona la tutela, para cuando haya sentencia Yolanda ya haya fallecido.

Ella lo sabe. El último parte de su médico, contó el abogado, fue que con el nivel de deterioro que tiene en el momento, probablemente le quedan unos 3 o 4 meses de vida, y como ya tiene aprobada su eutanasia, el procedimiento deberían hacérselo pronto. “Ahora estamos en la etapa de esperar que ellos se comuniquen con nosotros para que aprueben la fecha que nosotros les sugerimos, estamos simplemente esperando”, señaló la mujer.

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Ella dice “estamos” porque en todo este proceso ha contado con el acompañamiento de sus dos hijas, quienes pese a lo difícil de la decisión de su madre, la respetaron.
“El acompañamiento de mi familia ha sido permanente, constante, también respetando mi decisión. Aunque para ellas no es fácil, también me entienden a mí. He estado rodeada de su amor, comprensión, ayuda. En este momento estoy compartiendo con mis dos hijas y me llenan de felicidad y me sobran cariños”, relató.

Frente a la posibilidad de que no viva para conocer la decisión sobre su caso, si la Corte lo selecciona, Yolanda concluyó: “Siempre en mis luchas sociales no he pensado en mí, he pensado en si yo puedo ayudar (a otros) con una decisión. Sería maravilloso que esto se convirtiera en ley de la República para ayudarle a tanta gente que sufre y no tiene la esperanza de terminar con esa situación”.

Demanda ante la Corte pide extender la eutanasia

Además del caso de Yolanda, que llegó a la Corte Constitucional por una tutela, el alto tribunal estudia en estos momentos una demanda contra el artículo 106 del Código Penal: el homicidio por piedad, que se castiga con hasta 4,5 años de cárcel.

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Ese delito fue condicionado en 1997 por la propia Corte, cuando permitió la eutanasia y dijo que en el caso voluntario de pacientes terminales no podía haber responsabilidad penal para el médico que los ayuda a morir dignamente.

La demanda de ahora pide que se amplíe esto para personas en situaciones extremas por enfermedades o lesiones graves e incurables, pero que no son terminales.

Los ministerios de Salud y de Justicia y la Procuraduría se han opuesto al recurso, que ha tenido el apoyo de diversas universidades, el Colegio Médico Colombiano, entre otros. El pasado 22 de abril, la magistrada Diana Fajardo, ponente del caso, radicó un proyecto de sentencia que deberá ser votado por la Sala Plena de la Corte.

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justicia@eltiempo.com
En Twitter: @MIOF_

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