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Saqueo a Barranquilla en caso Triple A llega a los $ 264 mil millones
Ramón Navarro Pereira

Momento en que el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía captura en Barranquilla a Ramón Navarro, exgerente de la empresa Triple A, dentro de la operación Acordeón.

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Fiscalía

Saqueo a Barranquilla en caso Triple A llega a los $ 264 mil millones

Capturan a exgerente de la firma por contrato falso de $ 27.000 millones.

Ramón Navarro Pereira, cuestionado exgerente de la firma Triple A, empresa de servicios públicos de Barranquilla, fue capturado por el CTI para que responda por el saqueo de 27.000 millones de pesos en el denominado caso Lezo, uno de los mayores escándalos de corrupción en España.

Navarro es investigado por el presunto desvío de recursos de la Triple A mediante compras infladas de empresas y pagos a políticos locales a cambio de contratos. En ese entramado aparece Inassa, filial en América Latina del Grupo Canal Isabel II, cuyos negocios en varias regiones del mundo tienen tras las rejas a varios políticos españoles.

Su nombre apareció en una sociedad offshore en Islas Vírgenes, en donde hizo movimientos que fueron rastreados por las autoridades hasta determinar la procedencia aparentemente ilícita de los recursos.

La Fiscalía dice que el ejecutivo “junto con los representantes de la empresa española Inassa y la firma Recaudos y Tributos S.A. se habrían apropiado de 27.879 millones mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable”. A ese contrato se suma otro que es investigado por 237.000 millones que lleva a que las irregularidades hubieran superado los 264.000 millones de pesos.

Esos supuestos gastos habrían sido enmascarados para que aparecieran como operaciones totalmente legales, de tal manera que los dineros ilegales fueran sacados de la operación como dividendos.

Álvaro Osorio, fiscal jefe de la unidad contra la Criminalidad Organizada, sostuvo que al capturado se le investiga por enriquecimiento ilícito, administración desleal y falsedad en documento. Julia Margarita Serrano, exgerente financiera, será también procesada.

Las irregularidades habrían ocurrido entre 2012 y 2015 y las Fiscalías de Colombia y España han llevado a cabo varias cumbres para intercambiar información. En los próximos días rendirán indagatoria varios exdirectivos de la empresa de servicios públicos.

La Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), con sede en el sexto piso del barrio El Prado, en Barranquilla, es la accionista mayoritaria de la Triple A, que de la noche a la mañana pasó a ser del grupo Canal Isabel II de España.

En la Operación Lezo, que en Colombia se conoce como Acordeón, se investigan los delitos de prevaricato, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción. En la venta de la Triple A, el Distrito de Barranquilla pasó de tener el 84 por ciento de las acciones a menos del 15 por ciento.

El caso Lezo tiene presos a más de 12 empresarios y políticos españoles vinculados al Partido Popular (PP), incluido Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

El caso puntual de las falsas adquisiciones representa apenas un 10 por ciento del monto que, según la Fiscalía, habría sido saqueado a la empresa de servicios públicos de Barranquilla. Así, el ente acusador citó a indagatoria a once colombianos y españoles por el contrato de asesoría firmado entre Triple A e Inassa por 237.000 millones de pesos.

Los emplazados para responder ante la justicia colombiana son los exgerentes de la Triple A Francisco Olmos Fernández Coruged, Luis Fernando Arboleda González, Carlos Alberto Ariza y Ramón Navarro; el actual gerente Ramón Heraclio Hemer; así como los exgerentes de Inassa Luis Alberto Nicolella de Caro, Francisco Javier Malia Baroy Edmundo Rodríguez Sobrino; Alberto Muguiro Eulate, actual presidente ejecutivo de Inassa; Germán Sarabia Huyke, segundo suplente de la presidencia de Inassa, y Carlos Roca, actual gerente Inassa.

El contrato se suscribió el 4 de septiembre del 2000 entre Inassa y Triple A y contemplaba un pago mensual de 4,5 % del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo por “la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica” que, según la justicia, fue inexistente y que en 17 años habría llegado a los 237 mil 800 millones.

La Fiscalía considera que “el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S. A. (empresa del Grupo Español Canal Isabel II) y Slasa. De hecho, ya se identificaron varias maniobras con las que el dinero fue sacado a empresas fachada en el exterior.

Los ejecutivos fueron citados al búnker de la Fiscalía en Bogotá desde el 4 de abril, para que respondan por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito.

El contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros

Avanza capítulo contra funcionarios

La Fiscalía adelanta otras dos líneas de la investigación que tendrán desarrollos judiciales. La primera, relacionada con los funcionarios que suscribieron los contratos y que los mantuvieron a lo largo de 17 años y que comprometen a cuatro administraciones locales de Barranquilla. El otro capítulo está relacionado con las decisiones de funcionarios públicos y del Concejo de la capital del Atlántico que llevaron a la reducción de la participación accionaria del distrito de Barranquilla en la Triple A.

Por esos hechos, la Procuraduría abrió en mayo del año pasado una investigación disciplinaria.

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