La misma decisión de la Jurisdicción Especial de Paz que salvó a Jesús Santrich, al menos temporalmente, de ser enviado a los Estados Unidos -país que lo requiere por narcotráfico-, lo puso, paradójicamente, en menos de 48 horas en manos de la justicia ordinaria.
En efecto, en esa polémica determinación, tras la cual sobrevino la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal María Paulina Riveros, la Sección de Revisión de la JEP dejó claro que la investigación contra Santrich debía continuar en Colombia.
Y desde ese mismo momento la Fiscalía, ahora en cabeza de Fabio Espitia, apostó por activar el proceso judicial que hasta la decisión de la JEP había estado en jurisdicción de los Estados Unidos.
Mientras el país se preguntaba por qué el Inpec se demoraba tanto en cumplir la orden de libertad de Santrich, lo que incluso llevó a la presentación de un recurso de hábeas corpus que fue fallado a favor del exjefe guerrillero, la Fiscalía se movía ante un juez de garantías en Bogotá para pedir una nueva orden de captura.
Entre sus pruebas están el famoso video que circuló esta semana de la cita de Santrich con supuestos narcos mexicanos y, sobre todo, una nueva declaración de Marlon Marín, el controvertido sobrino de Iván Márquez que hace un año está en Estados Unidos colaborando con la justicia de ese país.
Marín es señalado por las autoridades estadounidenses y la Fiscalía de ser el cerebro de la supuesta operación de narcotráfico en la que habría participado Santrich.
Normalmente cuando hay una solicitud de extradición, aunque parte de los delitos hayan sido cometidos en Colombia, estos no se procesan en el país para que en su totalidad sean juzgados en la nación que requiere la extradición. Como la decisión de la JEP 'mataría' la posibilidad de extradición, lo que procedía era investigar en el país si realmente Santrich conspiró en las citas con Marín y los mexicanos, que ocurrieron en Colombia, para enviar a norteamérica al menos 10 toneladas de cocaína.
A lo largo de los últimos dos días circularon muchas versiones sobre lo que iba a pasar con el caso Santrich. Las más extremas hablaban de una supuesta declaración de la Conmoción Interior por el Gobierno y la aplicación de la extradición administrativa contra el exnegociador de las Farc.
Aunque esa propuesta, en efecto, la hicieron algunos miembros del Centro Democrático, el presidente Duque consideró que lo que debía hacerse era mantener la institucionalidad y esperar el resultado del recurso interpuesto por la Procuraduría ante la Sala de Apelaciones de la JEP.
En ese sentido fue el mensaje presidencial enviado al país la misma noche del miércoles, después de la inédita renuncia de la cúpula de la Fiscalía en protesta por una decisión de una alta corte.
Este viernes, tras horas de espera para la liberación de Santrich, la noticia de que estaba herido en la cárcel encendió los ánimos de los seguidores de la Farc que lo esperaban en la puerta de La Picota. Después habría de conocerse que las heridas fueron autoinfligidas y que al final no habían puesto en riesgo la vida del exguerrillero.
Finalmente sobre las 4 y 30 de la tarde de este viernes la imagen del exnegociador de las Farc, con gafas oscuras y en silla de ruedas, apareció rumbo a la puerta de la penitenciaría más grande de Bogotá.
Pero apenas había cruzado el umbral se le acercaron varios miembros del CTI y lo notificaron de una nueva orden de captura en su contra, esta vez dictada por requerimiento de la justicia colombiana. Es decir, la orden de la JEP y el hábeas corpus del Tribunal de Bogotá se hicieron efectivos, pero se activó, inmediatamente pisó la calle, el nuevo proceso.
En el lugar se vivieron momentos de tensión y los policías que estaban allí apostados, tuvieron que controlar algunos amagues de violencia, mientras Santrich era conducido nuevamente al interior del penal. De hecho, fue necesario usar un helicóptero para garantizar su traslado al búnker de la Fiscalía, en donde esperará el momento en el que será conducido hasta los juzgados de Paloquemao para la audiencia de legalización de captura.
Lo que viene en este caso, que ha concentrado la atención del país, es todo un galimatías jurídico, porque simplemente no hay ningún antecedente.
El juez que legalice la detención deberá determinar si el exjefe guerrillero sigue o no privado de la libertad mientras se adelanta el caso. Su eventual peligrosidad para la sociedad, el riesgo de fuga, o de afectación de la justicia, serán los factores que se tendrán en cuenta para decidir.
Esto significa que no necesariamente Santrich continuaría preso aunque la investigación en su contra siga adelante.
Pero, además, aún está pendiente de resolverse en la JEP el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría. Un escenario posible sería que en esa revisión la misma JEP determine que el supuesto delito de Santrich fue cometido después de la firma del acuerdo de paz (1 de diciembre del 2016) y que en ese mismo orden de ideas el caso pase a manos de la Corte Suprema de Justicia y se reactive, en consecuencia, el trámite de extradición.
Una de las papas calientes es definir, si esta es la decisión, ¿qué ocurrirá entonces con el proceso que ya se abrió en Colombia y que llevó a la recaptura?
Otra duda es determinar si se necesitaba o no que la JEP expulsara a Santrich de su jurisdicción, por supuestos nuevos delitos cometidos después de la desmovilización, para que la justicia ordinaria hiciera efectiva la captura.
Este tema generará debate jurídico porque hasta el momento no había ocurrido algo similar.
Sin embargo, el magistrado de la JEP Jesús Ángel Bobadilla, el ponente del fallo que ordenó la liberación del exjefe negociador de las Farc, había dado ciertas luces sobre el tema. "Si en otros órganos se llega a determinar, con prueba legalmente obtenida, que los hechos fueron después de la firma de la paz, deben ser la Fiscalía o la Corte Suprema las que actúen. Lo que dijimos es que la conducta no debe quedar impune y que, dentro del principio de extraditar o juzgar, si no se extradita debe haber juzgamiento, y este arranca con la investigación", le dijo Bobadilla a EL TIEMPO este jueves.
El único antecedente, que no es igual, es el caso de alias El Paisa, quien fue intocable para las autoridades hasta que la JEP finalmente ordenó que fuera capturado por negarse a comparecer ante ella.
Además del enredo jurídico están por verse los efectos políticos y sobre el desarrollo del proceso de paz.
ELTIEMPO.COM
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