La cúpula de la extinta guerrilla de las Farc se encuentra en una especie de acuartelamiento jurídico, analizando todo tipo de recursos para denunciar internacionalmente lo que considera el incumplimiento flagrante de lo pactado en La Habana con el gobierno Santos.
Además de poner en evidencia las dificultades que ha tenido la implementación del posconflicto, que en su criterio ha impactado principalmente a la base desmovilizada, quieren denunciar internacionalmente lo que consideran una “reiterada negación de administración de justicia” para su cúpula.
El primer paso fue la solicitud de medidas cautelares para tres de sus miembros, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y si bien sus nombres permanecen bajo reserva, EL TIEMPO estableció que ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’ están explorando la viabilidad de seguir esa misma ruta.
El principal argumento, tal como lo reveló EL TIEMPO en su página web, es que ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les han resuelto su situación jurídica. Según dicen ellos, están en una especie de limbo en torno a su reincorporación definitiva a la vida civil.
“El incumplimiento de los acuerdos ha generado desazón; por eso se le pide a la CIDH que analice el escenario. Además, nos reservamos los tres nombres porque queremos evitar presiones del Estado colombiano ante ese organismo”, le explicó a EL TIEMPO el abogado Gabriel Parra, quien representa en Washington a los tres ex-Farc que pidieron medidas de protección. Información preliminar recogida por este diario da cuenta de que al menos uno de ellos estaría entre el grupo de nueve exguerrilleros cuyo rastro se perdió y de quienes no se sabe si quieren o no continuar con el proceso de paz.
En esa lista, además de Márquez, se encuentran Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’; Alberto Cruz Lobo, uno de los hijos del extinto líder de las Farc Manuel Marulanda, al igual que alias Romaña.
La posible extradición de ‘Santrich’ a Estados Unidos por delitos de narcotráfico es otro de los argumentos jurídicos que estudian esgrimir ante la CIDH. La postura se basa en que no lo dejaron asumir una de las 10 curules a que tienen derecho las Farc por la firma del acuerdo de paz, lo que viola lo pactado. Según explican, al haberse sometido a la JEP, no se le debió dictar medida de aseguramiento con fines de extradición.
Por eso, el propio ‘Santrich’ analiza si acude a la Comisión, e ‘Iván Márquez’ lo hace porque tampoco ha podido tomar posesión de su curul en el Senado por el limbo jurídico en el que dice estar.
Pero la postura de las Farc desencadenó de inmediato opiniones divididas. La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra opina que esa petición “es otra muestra del absurdo de conceder todo a los victimarios, ya que varios de ellos aún delinquen y quieren blindar su impunidad”.
En igual sentido se pronunció el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, quien precisó que “esta solicitud es extraña, por decir lo menos, pues ellos deben someterse a la JEP, donde ya está todo reglado”.
El senador del Polo Iván Cepeda tiene otra postura. Para él, “el acuerdo de paz tiene un marco internacional que le impone responsabilidades al Estado colombiano. Por eso, la CIDH puede recibir este tipo de solicitudes, aunque el Gobierno sí debería cumplir el acuerdo a cabalidad para evitarlas”.
Esta tesis la respaldó el senador de ‘la U’ Roy Barreras: “Ante la incertidumbre jurídica, que le hace daño al acuerdo de paz, cualquier solución en derecho es preferible a la degeneración del proceso y a la desbandada de excombatientes que provocaría la incertidumbre”.
La noche de este viernes, a instancias del presidente Iván Duque, se citó la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), donde Gobierno y Farc analizaron las peticiones ante la CIDH y la forma como se debe seguir el diálogo para evitar que fracase el posconflicto.
Cabe recordar que al mismo recurso de medidas cautelares ante la CIDH ya acudieron el exalcalde y ahora senador Gustavo Petro, y, más recientemente, el expresidente y también senador Álvaro Uribe. Ambos coinciden en que la justicia nacional no les da garantías.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
Comentar