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Investigación

'Conductas contrarias a la ley vamos a sancionarlas': Duque

Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército.

Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército.

Foto:AFP

El Presidente se pronunció tras publicación de Semana que denuncia 'chuzadas' desde el Ejército.

Frente a las revelaciones de la Revista Semana de este sábado, según las cuáles la salida del general Nicacio Martínez del comando del Ejército Nacional estaría relacionada con un nuevo caso de chuzadas ilegales a magistrados, políticos y periodistas desde cuarteles militares, el presidente Iván Duque  dijo que "si hay conductas contrarias a la ley nosotros mismos vamos a sancionarlos". 
El mandatario, además, reafirmó que "el general Nicacio Martínez salió porque él me esgrimió razones personales".
Duque también indicó que en su Gobierno hay "cero tolerancias con cualquier miembro de la Fuerza Pública que atente contra la constitución y la ley. Esa es la instruccíon que han tenido siempre los comandantes". 
Además, indicó que dio instrucciones para ir "hasta el fondo con todas las investigaciones hechos de malas conductas", al tiempo que destacó que "aquí tenemos unas fuerzas militares que se han destacado por ser honorables y al servicio de los colombianos".
La revista Semana, en un extenso reportaje, señala sobre las 'chuzadas' que "esas actividades comprometen a batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). Ambos dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim)".
Una de las fuentes anónimas citadas por la revista dice que quienes realizaban las interceptaciones recibían órdenes que "venían directamente desde el comando sin ningún tipo de requerimiento o documentos". Y añade que, "por la misión y los blancos estos estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad". 
Entre los 'chuzados' estarían la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana,  el reconocido senador del Partido de la U, Roy Barreras, y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero.
La información de Lombana, según una fuente citada por la revista, fue entregada directamente a "un reconocido político del Centro Democrático".
"Acudiremos ante la CIDH porque ha regresado la práctica ilegal paraestatal de persecución política, física y jurídica contra defensores de la paz, opositores, periodistas independientes y magistrados bajo una 'ideologia del enemigo' en la que lo es todo aquel que piense diferente", aseguró el senador de 'la U'.
"Exigimos el mínimo de garantías para nuestro ejercicio político. Ya estamos a 11 de enero y la UNP aún no activa el esquema de seguridad. Hago responsable de mi vida y mi seguridad a quien debe asumir como jefe de Estado, Iván Duque", indicó, de otro lado, Camilo Romero, exgobernador de Nariño.
La denuncia también indica que hasta los oídos de miembros de organismos de inteligencia estadounidenses llegaron reportes de la utilización ilegal, por parte de militares colombianos, de equipos técnicos ese país había donado para luchar contra el crimen.
La revista, además, reveló que el pasado 18 de diciembre fueron hallanadas las instalaciones del batallón de ciberinteligencia en Facatativá en busca de evidencia sobre las chuzadas en una diligencia que se extendió durante 16 horas y en la cual  participaron una comisión de la Corte Suprema de Justicia y policías judiciales adscritos a la Procuraduría.
También relató que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ordenó una investigación interna por el tema pocos días antes de Navidad. Unos días después Martínez salió del Ejército. 
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